La Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre el caso del Yak-42 cuando falta una semana para que se cumplan seis años del trágico accidente. Tres militares han salido declarados culpables por haber realizado identificaciones falsas de cadáveres. Al general Navarro le han condenado a tres años de prisión, mientras que al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez les ha correspondido año y medio de cárcel, por ser cómplices de su superior. En el desarrollo del juicio y la posterior sentencia ha sido clave el papel jugado por dos forenses turcos llevados a la Audiencia Nacional por los familiares de los fallecidos, que aseguraron que el grupo de militares españoles encargados de repatriar los cadáveres fueron conscientes de que llevaban la mitad de los cuerpos sin identificar y sin haber realizado las pruebas biológicas, que supeditaron a realizar con celeridad la misión para llegar a tiempo a los funerales de Estado.

La condena de tres funcionarios del Estado por haber incurrido en una actuación dolosa no requiere de demasiados comentarios. Que esos funcionarios sean militares y que uno de ellos tenga rango de general no cambia la valoración. Sin embargo, tras la sentencia se abre un interesante debate sobre lo que ha quedado fuera del banquillo en el caso Yak-42: la responsabilidad política de Federico Trillo. El ex ministro de Defensa siempre defendió el proceder de los acusados y, tras guardar silencio durante mucho tiempo, al conocer la condena ha declarado que no tuvieron conocimiento de los errores en la identificación de los cadáveres hasta meses después del accidente. Trillo ha dicho que siempre le acompañará la memoria de los militares muertos, pero de lo que no podrá desembarazarse es de la sentencia del Yak-42, que le seguirá como una sombra en sus actuaciones públicas.

En un país anglosajón, Trillo ya habría abandonado la vida política. Una vez conocida la sentencia de la Audiencia Nacional es posible que, hasta en un país latino, su carrera política tenga fecha de caducidad. A Mariano Rajoy no le interesa cargar con errores cometidos en tiempos de Aznar. Pasadas las elecciones europeas y una vez aclarada la posible implicación de Camps en el chusco asunto de los trajes a la medida, la dirección del PP tendrá que soltar lastre.