López Aguilar ha empezado la campaña electoral en Asturias. El discurso del candidato socialista -al igual que el de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que también estuvo en nuestra región- no descendió al detalle de la problemática regional. No me parece criticable esa opción, porque lo que toca ahora es discutir sobre la política que se debe impulsar en la Eurocámara. Menos justificable es la tendencia de los dirigentes del PSOE y del PP a aprovechar el formato de las elecciones europeas para hacer una campaña en clave de debate sobre el estado de la nación. Llenar los mítines y ruedas de prensa de referencias a Zapatero y a Rajoy es muy tentador, pero cae fuera de lo que debería ser el guión de los comicios europeos. Ni Zapatero ni Rajoy van a estar representando a los españoles en Estrasburgo. Si excluimos las críticas al PP, del discurso de López Aguilar nos vamos a quedar con dos ideas: la defensa realizada sobre la gestión española de los fondos de cohesión y estructurales y la petición de duplicar el presupuesto comunitario.

España recibió mucho dinero de Europa. Hasta que se amplió la UE a los países del Este, España fue el país más beneficiado por los fondos europeos. Desde 1985 hasta 2005, recibimos la friolera de 150.000 millones de euros, sin contar con el dinero de la política agraria. La mayor parte de las grandes obras públicas fueron cofinanciadas por Europa. Sin embargo, más allá de los efectos visibles y el empleo que procuraron, el resultado no es tan rotundo como dice López Aguilar. Veamos un ejemplo. Galicia y Castilla y León, dos regiones muy subvencionadas por Europa, representaban el 12,2% del PIB nacional antes de entrar en la UE y ahora apenas superan el 10%. Se pudo gestionar mejor, sin desdeñar el papel jugado por los fondos.

La propuesta sobre el incremento presupuestario es tan acertada como inútil. Cuando se elaboraban los actuales presupuestos, la Eurocámara, moderada por José Borrel, pidió que alcanzaran el 1,24% del PIB de la UE, pero los países ricos se negaron a poner más recursos, impidiendo que las cuentas públicas superaran el 1% del PIB. Tras mucho forcejeo, los ricos dejaron propina: 1% del PIB, más 22.000 millones de euros. Una cantidad insuficiente para tantas necesidades públicas, pero válida para regular un simple mercado.