La junta general de accionistas de Sogepsa acordó, por unanimidad, entregar a la Sindicatura de Cuentas la documentación que le había sido requerida por la institución fiscalizadora. La propuesta a los accionistas fue realizada por el presidente de Sogepsa y consejero de Infraestructuras del Principado, Francisco González Buendía. En una nota de prensa, los responsables de la sociedad aclaran que la documentación se facilita de forma voluntaria y excepcional, para evitar el daño que produce a Sogepsa las acusaciones de falta de transparencia. Los responsables de Sogepsa insisten en que tienen informes técnicos solventes que acreditan que la sociedad no pertenece al sector público asturiano, así que no está dentro del grupo de entes que deben ser auditados por la Sindicatura de Cuentas.
La decisión de los accionistas de Sogepsa es acertada. No tiene sentido acogerse a informes de la propia Administración autonómica sobre el carácter privado de la empresa, cuando el Tribunal de Cuentas tiene un criterio distinto, que además coincide con el que dicta el sentido común: si en el capital de una sociedad hay un porcentaje mayoritario en manos del Gobierno regional y los ayuntamientos, la sociedad tiene un carácter público y debe ser fiscalizada por los órganos creados para tal fin por la comunidad autónoma. Otra cosa distinta es lo que ha intentado el Consejo de la Sindicatura de Cuentas, al solicitar a la Junta General del Principado la auditoría sobre sociedades en las que la participación del Principado y los ayuntamientos es minoritaria.
Hay que intentar serenar un debate desquiciado, aunque el ambiente que nos rodea no ayude a ello. Es difícil mantener una posición ecuánime cuando se mira la matrícula de los aviones a los que se suben los ministros. Se pide la dimisión de la ministra de Defensa por un brote de gripe no aislado a tiempo y se pedirá la dimisión de la ministra de Sanidad el día que nuestros soldados sufran una emboscada desgraciada en Afganistán.
El paso siguiente para rebajar la tensión le corresponde darlo a los tres síndicos. Desempeñar un cargo público conlleva tantas limitaciones como capacidad de disposición; en saber mantener una posición neutra entre el Gobierno regional y la oposición se juega el prestigio de la Sindicatura de Cuentas. Es preciso un poco de sentido común.