Los malos augurios económicos para ciudadanos y empresas no afectan a la Administración que oferta pisos, ordenadores y libros

La economía vuelve al centro del debate político. Después de estar casi toda la legislatura discutiendo sobre reformas estatutarias que hacen crujir las vigas del Estado y entregados a negociaciones con terroristas que remueven los cimientos de la legalidad, llegan los malos augurios económicos para adelantar el otoño. Resulta que la creación de un tercio del empleo de la eurozona, la absorción de la mayor parte de la inmigración que llega a la UE, y el repetido superávit presupuestario, no tenían suficiente entidad para abrir periódicos y telediarios, pero la alargada sombra de los nubarrones financieros norteamericanos se basta por sí misma para situar las expectativas económicas españolas en el centro del debate nacional. Con los mejores parámetros económicos de la etapa democrática nos dedicamos a hablar de terrorismo y federalismo asimétrico, pero cuando el panorama económico empeora, nos ponemos a gritar sobre supuestos números rojos que están por llegar.
Un curioso asunto sobre el que deberían meditar los socialistas: ¿por qué son incapaces de marcar la agenda política? En esto se dan la mano Zapatero y Álvarez Areces. El cómodo apoyo parlamentario del que ambos han gozado durante los pasados años no les ha servido para dejar de gobernar a contracorriente, en España y en Asturias. Desde el año 2004, el PP, un partido aislado en el Congreso de los Diputados, se ha bastado él solito para llevar la iniciativa, forzando la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M, convocando más de media docena de manifestaciones multitudinarias a cuenta del matrimonio entre homosexuales, del traslado del Archivo de Salamanca a Cataluña, de la negociación con ETA, y del apoyo a las víctimas del terrorismo, etc. Ahora, al más leve indicio de desaceleración económica, Mariano Rajoy dicta sentencia: se ha terminado la herencia económica del Gobierno del PP. En Asturias, la iniciativa política tampoco corresponde al Gobierno, basta ver lo mal que lo pasan los socialistas en cuanto Gabino de Lorenzo les lanza una andanada.
Hasta la fecha, Zapatero ha contestado las críticas y recobrado protagonismo con promesas agradables a cuenta de la Hacienda estatal. Al empezar el verano se sacudió la ruptura de la tregua por ETA anunciando 2.500 euros por cada nuevo hijo, y estrena el curso político doblando el incremento de la cuantía de las pensiones mínimas. Dos medidas que significarán casi el medio billón de las antiguas pesetas. Una forma de hacer política que resulta contagiosa y encuentra epígonos a lo largo y ancho del mapa autonómico. La palma se la lleva Andalucía, con esa Ley del Derecho a la Vivienda que garantiza un piso en propiedad a todos los que ganen menos de 3.100 euros, sin pagar más de un tercio de sus ingresos. De cundir el ejemplo en otras regiones –que cundirá-, la Administración tendrá la obligación de darle un piso al 90% de los españoles. Carmen Chacón, la ministra de la Vivienda, apoya con entusiasmo la norma andaluza que resuelve su tarea, y Chaves inscribe la medida en un intento de redistribuir riqueza en años de superávit económico. Esto lo dice el presidente de la comunidad autónoma que recibe más dinero del fondo de Suficiencia (8.600 millones de euros al año), una cuenta de solidaridad para transferir dinero a las regiones que no pueden costear por sí mismas los servicios públicos (sanidad, educación, tercera edad). ¡Qué fácil es ser generoso con el dinero ajeno!
En nuestra región, ya pueden los padres de la más diversa condición social adquirir gratis los libros de texto de sus hijos, y todavía los jóvenes de menos de 35 años tienen pendiente recibir el ordenador del Principado, prometido por el presidente Areces en su rol de candidato electoral. En esta tendencia de gastar a manos llenas nadie está libre de pecado. Ahí están los catalanes, que pese a acusar de cicatero al Estado por su menguado apoyo, van por delante de todos en gastar. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el incremento del gasto de la Generalitat alcanza una cuota anual del 19,2%. Al final del año 2006, las comunidades autónomas ya debían cerca de diez billones de las antiguas pesetas, y todavía no se había puesto a funcionar la Ley de Dependencia.
LA SEDUCCIÓN
El consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, anuncia la confección de un Presupuesto para 2008, “social, expansivo e inversor”, con un crecimiento de las cuentas regionales del 6,5%, más del doble de lo que crecerá el PIB regional. Tras los ejemplos arriba citados, queda clara la paradoja del anticipado otoño: mientras los bancos endurecen las condiciones de gasto a empresas y particulares, el Estado y las comunidades autónomas multiplican las medidas sociales para que el ciudadano actúe electoralmente como un cliente. Si hay nubarrones sobre la marcha de la economía, la lluvia caerá sobre los ciudadanos, porque la Administración sigue con sus planes de gasto. PSOE y PP (basta ver las ofertas fiscales de Rajoy y las decisiones de Esperanza Aguirre) están metidos en una carrera de regalos para seducir al elector.
No es la primera vez que ocurre algo así. Cuando estalló la última crisis económica en España, en el año 1993, mientras un millón de trabajadores se iban al paro (3.000 nuevos desempleados cada día), las administraciones incrementaron un 20% sus gastos. El superávit del Estado el pasado año fue de 18.000 millones de euros, pero el gasto público desaforado puede acabar con el excedente. La subida del euribor encoge al padre de familia, pero no afecta a la Administración.
Aquí algo falla. O los pronósticos o las políticas. Si la crisis de los créditos hipotecarios de baja calidad no va a afectar a la economía española, carece de sentido hablar de incertidumbres o de agotamiento del ciclo económico. Pero si el problema del crédito en el mercado inmobiliario americano va a frenar el crecimiento de la economía española, lo que falla es la política, centrada en el gasto y en el anuncio de regalos fiscales. Entre dádivas continuas de gobernantes se ha moldeado una opinión pública que está dispuesta a obtener ventajas sectoriales o de grupo a costa de cargarse la economía nacional.