El cierre del nuevo modelo de financiación autonómica está en el aire, y ya se ha abierto, en paralelo, otra negociación territorial con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que apunta a las cajas de ahorros. El alargamiento de la crisis económica y la pesada losa de los compromisos adquiridos con el ladrillo han acabado debilitando al sector financiero español y especialmente a las cajas de ahorros, un tipo de entidades de crédito muy volcadas en operaciones de suelo hasta el punto de que la suma de los créditos de promotores inmobiliarios y constructoras alcanza los 450.000 millones de euros.

La patronal de las cajas de ahorros reconoció que durante el pasado mes de abril la morosidad media del sector se situó en el 4,9%. Ante este panorama, el Gobierno y el Banco de España han decidido actuar, con la aprobación del FROB, dotado con 9.000 millones de euros iniciales, pero concebido para financiar operaciones por otros 90.000 millones más. La idea del fondo es proceder a una racionalización del mapa de entidades de crédito, dejando reducidas a la mitad las cajas que operan en la actualidad. La crisis financiera de los años ochenta hizo que se pasara de 80 cajas de ahorros a 45, y ahora hace falta otro ajuste de ese tenor. Digamos que las herramientas con las que trabaja el Gobierno son las fusión de cajas y la capitalización de las entidades de crédito. Y llegamos a la política.

La política

La posibilidad de contar con fondos públicos para las cajas agrada a todos los dirigentes políticos y financieros. Hace varios meses, Narcis Serra, presidente de Caixa Cataluña, una de las entidades que no pasa precisamente por su etapa más desahogada, pidió públicamente un plan para todo el sector. El problema surge cuando se define quién tiene potestad para decidir sobre fusiones.

El proyecto del Gobierno no admite el poder de veto de las comunidades autónomas sobre la intervención del Banco de España. Los gobiernos de Cataluña y Andalucía han puesto el grito en el cielo, y en el caso de la Generalitat amparado en la letra del ‘Estatut’, que le otorga la competencia exclusiva sobre fusiones. En el trámite parlamentario se discutirá nuevamente sobre el derecho a veto de los gobiernos autonómicos.

Cataluña y Andalucía son dos de las comunidades con cajas de ahorros en una situación más delicada, por eso ven en el FROB una oportunidad, siempre que tengan libertad para actuar. El planteamiento es en el fondo muy simple: el dinero lo pone el Banco de España y el manejo del mismo es competencia de las comunidades autónomas. Para impedir que queden diluidas las señas territoriales, los gobiernos de Cataluña y Andalucía rechazan que entidades de crédito de otras regiones se fusionen con sus cajas. Pepe Griñán (no quiere que le llamen José Antonio) se opuso a que Caja Murcia se fusionase con Cajasur, la caja más enferma de toda España. Sin embargo, Montilla avaló la gestión de tres pequeñas cajas catalanas (Caixa Terrasa, Caixa Sabadell y Caixa Monlleu) ante el Banco de España, para que se diese el visto bueno a su fusión con 300 millones de euros del FROB.

La negociación sobre el mapa de cajas discurre simultáneamente a la negociación sobre el modelo de financiación autonómica. Los interlocutores son los mismos: por parte del Gobierno, Elena Salgado, y por parte de las comunidades autónomas los presidentes y sus consejeros de Economía. Sólo los ingenuos pueden pensar que en las conversaciones bilaterales no confluyen ambas temáticas. Se trata de dos negociaciones territoriales, en el que las visiones nacionalistas (el PSC funciona como un partido nacionalista) rompen la unidad de mercado, bien sea cuando se habla de impuestos o cuando se trata de hacer transferencias del Estado para las cajas.

Cajastur

La situación es lacerante si se piensa en clave asturiana. Cajastur es actualmente la segunda caja de ahorros más solvente (relación entre patrimonio neto y activos) de España, sólo por detrás de la BBK. Si se aplica la normativa del decreto ley que regula el FROB no podrá fusionarse pacíficamente con entidades de otras comunidades, para ganar tamaño, porque el presidente de la comunidad autónoma de turno puede vetar la operación.

Ahora bien, la situación roza las proporciones del escándalo si sigue adelante con el guión expuesto, porque las cajas catalanas o andaluzas mal gestionadas podrán proceder a fusiones dentro de su comunidad, financiadas con dinero del FROB puesto por todos los españoles, y una vez saneadas competirán ventajosamente con Cajastur en el mercado nacional. Ahí están Caixa Cataluña, Caixa Girona y Caixa Tarragona, las tres entidades de fundación pública (el colmo de la hiperpolitización), que van a integrarse y recibir la subvención del FROB.

La negociación de la ‘otra’ financiación autonómica discurre ante nuestras narices sin que nadie diga ni pío. Comparando dos datos nos damos cuenta de las dimensiones del problema. En el nuevo modelo de financiación autonómica están en juego 117.000 millones de euros, y en la financiación de las cajas, 99.000 millones. En esta última nos toca el papel de ricos y a Montilla el de avalar a entidades pobres o arruinadas. Como todo es política, en ambas manda Cataluña, sin que Andalucía se quede atrás.