Fernández de la Vega ha manifestado que los criterios exigidos por Asturias para aceptar el nuevo sistema de financiación autonómica son muy importantes. Sin duda, se refería al envejecimiento y la dispersión de la población, porque a lo largo del último año los han repetido docenas de veces los responsables del Principado. Pero la vicepresidenta primera del Gobierno ha añadido que Asturias debe ser consciente que el Estado invierte mucho dinero en Asturias, y ha citado la variante de Pajares, la autovía del Cantábrico, la ampliación de El Musel, la aportación del Plan Nacional de la Vivienda que permitirá a 6.700 familias acceder a un piso, la mejora de las pensiones y los planes de empleo. Cuando el Gobierno hace un último esfuerzo por pactar un nuevo sistema de financiación, la aclaración de la vicepresidenta significa que el Principado puede exponer sus valoraciones, pero que no debe excederse en sus peticiones porque ya recibe mucho dinero de los Presupuestos Generales del Estado.

El argumento de Teresa Fernández de la Vega no lo había empleado ningún ministro ni ningún responsable nacional del PSOE, y como afecta a todo el sistema de flujos de dinero entre el Estado y nuestra región merece una aclaración. Una cosa son las inversiones del Estado y otra el sistema de financiación autonómica. La ampliación de El Musel, con sobrecostes o sin ellos, no computa en el sistema de financiación, como tampoco lo hace la ampliación portuaria de Barcelona o la de Algeciras. Las inversiones del AVE no son imputables a un territorio, porque tanto afecta a los asturianos el tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valladolid, como el de Lena y Gijón. No hablemos ya de las pensiones, que en su gran mayoría son pensiones contributivas y dependen de las aportaciones a la Seguridad Social realizadas por los trabajadores cuando estaban en activo. La vicepresidenta junta churras con merinas. Y es consciente de ello.

La financiación autonómica se refiere al coste de los servicios públicos que se han transferido a las regiones (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia). Asturias necesita que el nuevo sistema le garantice la suficiencia financiera, al igual que al resto de las regiones. Gestionar servicios con una población dispersa y envejecida es más caro. A eso debe dar respuesta el Gobierno.