Empecemos por el final: el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el nuevo modelo de financiación, sin votos en contra y sin hablar de cifras. Varios consejeros del PP preguntaron a Elena Salgado por las cantidades que iban a recibir, pero la vicepresidenta económica del Gobierno rehusó dar datos, arguyendo que cada comunidad es muy libre de anunciar las cifras que quiera. El consejero del Principado, Jaime Rabanal, calificó de transparente la forma de negociación.

La vía del acuerdo fue mucho más simple que los complicados mecanismos del modelo de financiación: el Gobierno puso una cantidad adicional de recursos sobre la mesa y garantizó un plus de financiación para todas las comunidades. Los gobiernos, como las personas, nunca renuncian a ganar más dinero. En primavera se barajaba un fondo de 7.000 millones de euros para repartir entre las regiones, luego creció hasta 9.000, y el acuerdo se logró cuando Elena Salgado garantizó que entregaría 11.000 millones. Como la negociación, propiamente dicha, fue sólo con la Generalitat, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se convocó cuando el Gobierno aceptó dar a Cataluña lo que pedía ERC, 3.855 millones: el 35% del volumen de recursos adicionales.

El Gobierno carece de ese remanente de dinero, por lo que el pago a las comunidades autónomas se hará emitiendo deuda pública. 11.000 millones de euros supone un 1% del PIB nacional, así que el déficit del Estado se elevará en un punto, hasta alcanzar el 10%: el mayor que quepa recordar. Elena Salgado dijo que la elevación del déficit estatal se compensaba con la disminución del déficit autonómico, al contar las regiones con más dinero. No va a ser así, porque la propia vicepresidenta elevó, hace quince días, el techo del déficit a las comunidades autónomas, dejándolo en el 2,5%. En resumen, habrá más déficit estatal y más déficit autonómico.

El presidente Zapatero hizo célebre la expresión de alcanzar acuerdos «como sea», y el pacto de la financiación es un buen ejemplo. El Gobierno entrega 11.000 millones a cuenta de la recaudación fiscal y cuando se liquiden los presupuestos, con la recaudación a la baja por culpa de la crisis económica, la cifra entregada va a menguar y empezarán otra vez los líos. No veo fácil que los catalanes devuelvan un euro de los 3.855 millones que van a recibir a cuenta. No lo digo por su idiosincrasia, sino por su nacionalismo. Un antecedente de ello es lo que pasa con el cupo vasco -como bien señaló el profesor Carlos Monasterio-, que está tasado a la baja en 2.500 millones de euros, durante el último quinquenio, por ajuste del IVA.

El problema de la financiación territorial está planteado al revés de como es en la realidad: el talón de Aquiles de las regiones no está en sus ingresos, sino en su irrefrenable capacidad de gasto (construcción simultánea de palacios de Justicia, hospitales, catedrales culturales…) y el problema del Estado es de ingresos. Todas las facturas que presentan las comunidades son aceptadas como si fuesen un coste de los servicios transferidos, sin que haya habido un ministro que diga que los gastos excesivos, las duplicidades de servicios, los incrementos salariales por encima del coeficiente marcado en los Presupuestos Generales del Estado y los rasgos identitarios no deben ser nivelados ni por el fondo de garantía ni por el de suficiencia: que se lo pague cada región.

Sobre los gastos autonómicos hay un malentendido monumental, que no procede de fallos contables sino de fallas políticas. Pongo un ejemplo: el País Vasco se queda con el cien por cien de todos los tributos del territorio, merced a su privilegio foral; sin embargo, cuando el Estado implanta la Ley de Dependencia, le paga la mitad de sus costes de asistencia. Las comunidades ricas, en especial Cataluña, aspiran a tener un sistema similar, y el modelo pactado imita el ventajismo foral: limitada solidaridad (fondo de garantía) y dinero para gastar más (fondo de competitividad).

No sé qué gurú de las cuentas públicas ha calculado que el Estado con la mitad de los dos grandes impuestos (IRPF e IVA) y el 42% del cuarto tributo (impuestos especiales) va a poder seguir financiando todas las inversiones y gastos. Ya hay indicios inquietantes. Zapatero prometió 420 euros para los parados que hayan agotado la prestación del desempleo y no tengan ingresos. La medida supondrá 906.000 euros para las arcas del Estado. Tan mal andan las cosas que Zapatero barrunta convocar una Conferencia de Presidentes para que las regiones pongan la mitad del dinero. Imagínense la respuesta.

En un sistema de reglas viciadas (casi todas derivadas del ‘Estatut’), el Principado jugó sus cartas subrayando los costes diferenciales de nuestra región. Una estrategia posibilista que salva los muebles del presente, pero no despeja ningún interrogante con vistas al futuro. Mejor hubiera sido, en alianza con otras regiones, defender la fortaleza del Estado, negando el trasvase de impuestos, ampliando el fondo de garantía a todos los servicios y cerrando las puertas a la graciosa devolución de impuestos que ha conseguido Cataluña por la vía del fondo de competitividad: cinco puntos más de financiación por habitante que la media nacional. Para entendernos, es como si el IRPF tuviera desde el año que viene una cláusula que dijese que las rentas de trabajo por encima de 60.000 euros, como ya tienen mucha ‘fatiga fiscal’ acumulada en forma de retenciones en nómina, se suaviza su contribución a la Hacienda común con una devolución especial.