Tras la derrota de las elecciones gallegas, Zapatero decidió renovar el Gobierno y relanzar el diálogo social. En España hay una relación fluida entre el Gobierno y los agentes sociales, así que el diálogo, como un fin en sí mismo, no supone ningún avance, debiendo quedar explicitados los objetivos del mismo para que aporte algo positivo. En ningún momento los participantes del diálogo a cinco bandas (Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) explicaron sus fines concretos, quedando todo reducido al logro de la firma de compromisos genéricos para salir de la crisis económica.
Dos meses de diálogo han decantado los planteamientos ambiguos en dos propuestas concretas: rebajar un punto y medio las contribuciones empresariales a la Seguridad Social y la prolongación del subsidio de desempleo (420 euros) por seis meses a los parados que no tengan otros ingresos.
Puede que ambas medidas sean acertadas, pero lo más destacado no es la validez de las mismas, sino que las dos supongan un sacrificio para el Estado, del que se beneficiarían empresarios y trabajadores, que podrían ser aprobadas en un Consejo de Ministros ordinario, cualquier viernes de cualquier mes, sin necesidad de organizar la liturgia de la concertación social.
Para salir de la crisis económica, la contribución de empresarios y trabajadores es necesaria, pero siempre que se acepte la necesidad de hacer sacrificios por las dos partes. Toda terapia ante la crisis es dolorosa. Así lo entendieron el Gobierno y los agentes sociales hace treinta años, cuando firmaron los Pactos de La Moncloa, que suponían un ajuste a la baja de los salarios, al renunciar los sindicatos a mantener el poder adquisitivo, y los empresarios al aceptar una reforma fiscal en ciernes. Mantener el nivel de rentas y beneficios, en plena crisis, poniendo más cargas sobre las espaldas del Estado, es propio de planteamientos corporativos e insolidarios.
La prioridad ante la recesión económica debe ser el mantenimiento del empleo, lo que remite a pensar en empresas con balances saneados y empresarios dispuestos a operar con un mínimo de responsabilidad social. Ante la crisis hay que desenmascarar a los pillos dispuestos a pescar en río revuelto y a los carcas convencidos del mantenimiento de sus avances sociales, que en época de recesión se convierten en privilegios improrrogables.
Caída de precios
En el primer semestre del año se dio un fenómeno desconocido en la democracia: la caída de los precios. Lo lógico es que los agentes sociales, a instancias del Gobierno, reaccionaran con rapidez y ajustaran la evolución de los salarios al descenso del IPC. El problema del mercado de trabajo no está en el poder adquisitivo de los sueldos, sino en la destrucción del empleo. Este sacrificio de los trabajadores debiera conllevar un movimiento simétrico por parte de los empresarios, al mantener la carga de trabajo ante la evolución a la baja de la masa salarial. Nada de esto se ha planteado en las reuniones del diálogo social. Algunas ideas barajadas por la patronal, como la de solicitar la reducción de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades para las pymes, desligada de cualquier compromiso de mantenimiento de empleo, resultan trasnochadas.
La crisis económica también obliga a replantear la negociación colectiva, adecuándola a las características de cada empresa. No todas las empresas del mismo sector atraviesan la misma situación ni cabe generalizar las recetas. Reconsiderar los marcos de negociación y ceder salarios a cambio de consolidar empleo serían dos medidas progresistas, aunque el progreso en la ceremonia del diálogo social está asociado a otros correlatos.
Asturias
En Asturias, está pendiente la revisión del ACEBA -el documento de la concertación social- y las centrales sindicales, UGT y CCOO, ya han pedido un plan extraordinario de inversiones al Principado, que debería rondar los 200 millones de euros. Los dos sindicatos consideran que el Gobierno regional debe aumentar su nivel de endeudamiento. La Fade no ha propuesto otras medidas, aunque vaticina un repunte del desempleo con la llegada del otoño.
El presidente Areces ha firmado acuerdos de concertación, en sus tres mandatos, con planes expansivos de inversión y creación de empleo, suscritos con alborozo por los agentes sociales, ya que obtenían beneficios sin sacrificios. En plena crisis económica no se puede mantener esta ceremonia de concesiones a costa del presupuesto, con la supuesta contrapartida de la paz social. Esa ecuación era válida en otras épocas, marcadas por contextos inflacionistas y lucha por el mantenimiento del poder adquisitivo. Ahora debe marcarse otro objetivo distinto: el mantenimiento del empleo, algo que desborda la cuantía de los presupuestos públicos.
El problema no está en el comportamiento de los agentes sociales, aunque en el diálogo social a escala nacional las peticiones de la CEOE sean una invitación a levantar la negociación. La cuestión está en la falta de orientación de los gobiernos en el diálogo social. Es preciso que algunas variables macroeconómicas, como el déficit público o la evolución del IPC, sean asumidas por los agentes sociales para acordar medidas laborales que tengan acomodo en los presupuestos. A lo largo de la etapa autonómica, ningún gobierno asturiano se atrevió a hacer una lectura realista de la coyuntura económica con los agentes sociales.