Cualquier cambio o reforma en la función pública lleva aparejados problemas. El principio de ‘ordeno y mando y si usted no quiere ya sabe donde está la puerta’ funciona en la empresa privada, no en la Administración. El personal funcionario, o con un contrato indefinido, goza de estabilidad en el puesto de trabajo, de forma que cualquier modificación en las condiciones laborales debe ser previamente consensuada. Las imposiciones son causa de conflicto. Cuando el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) explicó la reforma que introducía en el servicio de urgencias de los centros de salud, estaba claro que había un asunto muy delicado: los médicos de familia empezarían a hacer guardias los fines de semana. Se acababa la jornada laboral de lunes a viernes. Trabajar fines de semana influye en la calidad de vida; no creo que esta afirmación exija demostración.

La reorganización de las urgencias la firmaron cinco sindicatos con el Sespa, pero no hablaron con los afectados, que no tardaron en revolverse. Los médicos titulares de plaza formaron una plataforma, que ya cuenta con 258 profesionales. Barajan crear un sindicato específico de médicos de familia. En la primera asamblea, celebrada en Oviedo, no descartaron convocar una huelga. De momento, como primera medida de presión, cincuenta de ellos han renunciado a ser tutores de los futuros residentes. Un médico residente, en hospital o centro de salud, está tutelado o no progresa. Alguien tiene que enseñarle la especialidad. Una cosa es superar el test de MIR y otra, formarse como especialista.

Llegados a este punto, el Sespa tiene la vía de no darse por enterado y tirar para adelante, pero no lo va a hacer. A ochenta días de las elecciones no se pueden dar batallas con un río a la espalda. Los problemas del Principado con el personal sanitario no se agotan en el conflicto de los médicos de familia. Adrián Barbón supo digerir bien la protesta de los 4.000 sanitarios por las calles de Oviedo y cambió de discurso: «Escuchamos a los sanitarios con humildad; reconozco que hay que mejorar». Cualquier imposición se vería como una provocación y la solidaridad del resto de empleados sanitarios podría desembocar en una huelga de todo el sector. En términos políticos, sería una tremenda torpeza. El conflicto llegaría a la Junta General del Principado y toda la oposición, desde Vox hasta Podemos, aprobaría una resolución criticando al Gobierno regional y conminándole a atender las peticiones de la sanidad.