La Comisión Europea pone racionalidad en el tratamiento normativo sobre el lobo. En España, desde hace tres años, el cánido goza de un estatus exorbitante al incorporarlo el Gobierno al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). A partir de entonces se prohibió su caza y tampoco se permitió matar ejemplares en defensa de los rebaños. Desde hace un año se liberalizó mínimamente la norma, permitiendo actuaciones aisladas contra los lobos cuando se den tres condiciones: siempre que el ganadero haya tomado previamente todas las medidas posibles de protección, que pese a ello sigan causando bajas al ganado y que los expertos consideren que el lobo o lobos abatidos no pongan en riesgo la conservación de la especie. La nueva normativa no tuvo consecuencias prácticas. En Cantabria, recursos judiciales de colectivos ambientalistas paralizaron las batidas contra los lobos; en Asturias, el Ministerio de la Transición Ecológica exigió medidas adicionales de salvaguarda al Principado y en Galicia renunciaron a matar lobos por las dificultades surgidas al querer aplicar la normativa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la concentración de lobos en algunas regiones europeas supone un peligro para personas y ganados. Animó a las autoridades a tomar medidas y recordó que las leyes europeas lo amparan. Hay un expediente abierto y hasta el día 22 de este mes se pueden suministrar datos del lobo y sus andanzas.

En España la problemática del lobo se concentra en Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, donde viven el 95% de los ejemplares. La política del Ministerio de Transición Ecológica tiene un objetivo imposible de cumplir: la armónica convivencia entre los lobos y las ovejas, vacas, cabras, caballos, etc. Cada vez que lo plantean producen rabia e impotencia entre los ganaderos y proyectan en la sociedad una sensación de estar gobernados por urbanitas que solo conocen los animales a través de las pantallas. Los lobos están presentes en el 80% del territorio regional (8.500 kilómetros cuadrados) y matan a más de 3.000 animales domésticos al año, recibiendo una indemnización de 300 euros por res abatida, de media. Para orientarnos, digamos que casi un tercio de los animales muertos son caballos. Para los ganaderos, un desastre sin paliativos, psicológico y económico. El fundamentalismo de la ministra, jaleado por una amplia mayoría de fuerzas políticas, trae estas consecuencias.