En el mes de agosto, el único debate que surgió en la escena pública asturiana fue el controvertido asunto de los pisos turísticos. La polémica se apagó con la promesa del Gobierno de aprobar una regulación para esos establecimientos. Los pisos turísticos constituyen un bien para la gente que nos visita, pero preocupan a los hoteles porque les disputan la clientela. Podemos apostar doble contra sencillo que la regulación pasará por garantizar el negocio hotelero a costa de dejar a cualquier jubilado sin el complemento que significan los ingresos del piso turístico para su pensión.

En septiembre aparecieron más asuntos para el debate. El más importante, sin duda, es la última faena de Renfe suspendiendo servicios, en el área central asturiana, los únicos días del año en que está cortado el tráfico para coches y autobuses en una de las dos calzadas de la autopista ‘Y’. La causa de la suspensión es la falta de maquinistas. Resulta que una gran empresa, con más de 15.000 trabajadores, no fue capaz de prever la falta de mano de obra para atender a la clientela.

Los titulares de las infraestructuras se los lleva la variante de Pajares que puede estar abierta al tráfico un año más tarde de lo que decían por estas fechas. No obstante, el mayor daño para nuestros intereses lo produce el desastre de las Cercanías. El Plan 2017-2025, al cumplir el quinto año, sólo tenía ejecutado el 3% de las inversiones.

El desprecio mostrado esta semana con la supresión de servicios merece una respuesta del Principado. Adrián Barbón manifestó que «es inaceptable que esto suceda y exigimos al Ministerio de Transportes que solucione el problema». Después del escándalo vivido el pasado mes de febrero con los trenes de Cercanías de Asturias y Cantabria, tras esperar otro año por la variante de Pajares, pese a que se iba a inaugurar después de las pasadas Navidades, las palabras del presidente son tan comedidas que resultan inaudibles para el Ministerio de Transportes.

Las elecciones del 28 de mayo crearon otro mapa autonómico en España. Los socialistas sólo gobiernan en Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. En esta última región lo hacen al frente de una alianza de tres partidos, donde el Partido Socialista aporta 11 escaños, mientras Geroa Bai y Zurekin ponen 10. El margen que tiene la presidenta navarra, María Chivite, para decidir por su cuenta es mínimo o inexistente. En conclusión, sólo hay dos barones autonómicos socialistas, Emiliano García-Page y Adrián Barbón.

García-Page hace un uso amplio de su estatus, sin ahorrar duras críticas al Gobierno central cada vez que lo considera oportuno. Barbón todavía no ejerció como barón autonómico. En este mandato no tiene la complicidad de Miguel Ángel Revilla, en Cantabria, así que debe cambiar de registro para que el Ministerio de Transportes tome nota. Carece de sentido que cualquier declaración de Ayuso merezca una respuesta hiperbólica del Principado y que los desaires del Ministerio de Transportes a los asturianos obtengan una tímida réplica.

Estamos en un tiempo de gobiernos autonómicos crecidos, capaces de arrinconar al Gobierno central en las disputas y de exigir condiciones maximalistas para investir a un candidato a la Presidencia de Gobierno. Asturias tiene poca visibilidad, como corresponde a un territorio pequeño, con un millón de habitantes. O el presidente del Principado alza la voz o nos quedaremos en el último lugar en cualquier reparto de recursos. Por herencia de pasados mandatos ya somos el farolillo rojo de las infraestructuras del Estado.

Otro tema surgido en septiembre: la noticia de los 54 médicos que han renunciado a plazas fijas en los hospitales de Arriondas, Cangas de Narcea o Jarrio (Navia), porque prefieren seguir trabajando como interinos en el centro de la región, es una llamada de atención para profundizar en la reforma de la Administración. Los sindicatos proponen que les paguen más para ir a esos destinos. Razonando así no me extraña que Asturias sea la comunidad que realiza un gasto per cápita más alto en sanidad, sin ser la que mejores servicios sanitarios ofrece.

Si fueran a otros sitios esos médicos tendrían sueldos más altos, pero da la casualidad de que en esos lugares otro tipo de profesionales también estarían mejor remunerados. Los sueldos guardan relación directa con la riqueza de los territorios, y aquí, en los últimos años, sólo hemos sacado grado y máster en pensiones. Lo de aumentar el valor añadido lo dejamos para otros.

El viernes supimos que el Principado va a empezar a implantar el teletrabajo en sus oficinas. Ya recibieron 1.430 peticiones. ¡Qué peligro! La Administración pública siempre tuvo fama de poco laboriosa. Tras la pandemia la información a los ciudadanos empezó a darse por teléfono. Ahora, trabajarán desde casa, un territorio donde ningún funcionario tiene jefes.

No sé si habrá alguien en el Gobierno que considere que de esa forma la tramitación administrativa será más ágil. Me gustaría saber si la migración hacia el teletrabajo es un ensayo, un premio o la apuesta revolucionaria por domiciliar a los funcionarios para ahorrar en luz, agua, calefacción y teléfono de los edificios públicos. Tampoco habrá horarios y, en consecuencia, sobran las liberaciones por representación sindical. La única oficina para los ciudadanos será internet. El modelo de los bancos.