La movilización convocada por el PP en Madrid para protestar contra la amnistía que negocian -o negociaron- el Gobierno y Puigdemont, es la primera respuesta colectiva liderada por Feijóo contra las decisiones del presidente del Gobierno en funciones. Cuando llevaba Pedro Sánchez ocho meses en la Moncloa, los dirigentes de la derecha (Casado, Rivera, Abascal) convocaron una concentración en la Plaza de Colón. Les salió el tiro por la culata, porque la ‘foto de Colón’ sirvió para prevenir al electorado sobre los peligros que encerraba la alianza de la derecha con la extrema derecha. Con la alarma del miedo al fascismo ganó Sánchez las elecciones del 28 de abril de 2019.

Cuando Rajoy estaba en la oposición, también encabezó dos manifestaciones multitudinarias contra la política del Gobierno de Zapatero. Puede que lo hubieran debilitado, pero su caída fue promovida por los socios europeos, cuando obligaron en una reunión del Ecofin (9 de mayo 2010) a dar un giro copernicano en la política económica. El propio Zapatero reconoció que no durmió esa noche; tres días más tarde anunció en el Congreso de los Diputados la congelación de las pensiones, la bajada del sueldo de los funcionarios en un 5%, la rebaja en la ayuda a los dependientes y la disminución de 6.000 millones en la inversión pública. Seis meses más tarde suprimió la ayuda de 426 euros para los parados de larga duración. ¿No habíamos quedado en que los recortes habían sido cosa de Rajoy?

La mayor movilización contra los gobiernos socialistas no provino de la derecha, sino de los sindicatos. Las centrales convocaron cinco huelgas generales contra los gobiernos de Felipe González, entre ellas la mayor de la historia, el 14 de diciembre de 1988, que fue seguida por ocho millones de trabajadores.

Aunque la concentración en la Plaza de Felipe II de Madrid se produzca cuarenta y ocho horas antes de que Feijóo pronuncie el discurso en la sesión de investidura, la relevancia del acto no está en él ni en su investidura, sino en la amnistía. El motivo que lleva a la gente a salir a la calle no es encumbrar a Feijóo, sino detener una iniciativa tan corrosiva para la democracia como aprobar una ley de amnistía para todos los catalanes independentistas que cometieron delitos de intencionalidad política desde 2013. Según Òmnium Cultural hay 4.400 represaliados «por ejercer derechos fundamentales», siendo 1.432 los investigados, juzgados o condenados.

Todas las tropelías cometidas desde 2013 quedarían borradas. No dejarían huella penal en sus expedientes. Las faltas o delitos los habrían cometido quienes los reprimieron. Puigdemont volvería a Cataluña convertido en un héroe que tuvo que exiliarse por culpa de un Estado autoritario que, al final, se rindió ante el empuje del independentismo.

Los socialistas no entran en estas consideraciones, se limitan a decir que si la futura ley de amnistía no es inconstitucional se acabaron los problemas. De una forma clara lo expresó Adrián Barbón el pasado miércoles en un desayuno organizado por EL COMERCIO, cuando reconoció que en toda negociación política hay que pagar un precio. Causa asombro que la amnistía de 1977 sea ahora cuestionada por el Gobierno, apoyando la Fiscalía investigar casos de violencia ocurridos hace más de 50 años, y, a la vez, negocie una amnistía para blanquear los graves delitos cometidos por los independentistas durante el ‘procés’.

Es obligado reflexionar sobre el hecho de la concesión de la amnistía, más allá del beneficio que produzca a Pedro Sánchez. ¿No fue delito lo que hicieron Puigdemont y sus secuaces? ¿Hay el menor vestigio de arrepentimiento? ¿Existe alguna garantía de que no lo vayan a repetir? ¿No estamos facilitando la vuelta a la declaración unilateral de independencia al dejar de ser delito en el Código Penal? ¿Debe el Gobierno anular las resoluciones tomadas por los jueces? ¿Puede el Gobierno cambiar la legalidad en función de las características políticas de una coyuntura concreta? Los socialistas deberían cuestionarse si tiene sentido causar tantos destrozos por lograr el apoyo de lo siete diputados de Puigdemont.

Si hay algo que reconocer al independentismo catalán es la transparencia de sus planes: amnistía, compensaciones económicas, autodeterminación. Esa es la hoja de ruta. La amnistía es una exigencia incuestionable por una razón muy simple: no va a tener otra ocasión igual Puigdemont para borrar sus delitos y convertirse en el gran líder del independentismo catalán.

El resto del programa toca ejecutarlo en la legislatura a través de la alianza del PSOE con los nacionalistas. Yolanda Díaz jugará el papel de comparsa.

De todas las intervenciones realizadas por dirigentes nacionalistas catalanes y vascos, después de las elecciones generales, se deduce que se acabó el café para todos. Cataluña y País Vasco tendrán un estatus jurídico, económico y fiscal distinto al resto. El País Vasco ya lo tiene, pero ahondará en los privilegios, y Cataluña copiará el modelo vasco con dos huevos duros más: deuda histórica de 450.000 millones euros, la ‘quita’ para los 71.000 millones que deben al Fondo de Liquidez Autonómica, etc.

Sin duda, el referéndum de autodeterminación es el punto crítico del programa de los independentistas, pero el previo cambio de estatus será ya un mazazo para los intereses del resto de territorios. Con la amnistía nuestra democracia toma otro rumbo.