“En el norte de España hay una ciudad metropolitana de notables proporciones (unos 800.000 habitantes) que no aparece referenciada como tal en los mapas convencionales, pese a conformar uno de los seis o siete mayores conglomerados urbanos de la península, detrás de Madrid y Barcelona, pero no muy lejos de Valencia, Lisboa, Bilbao y la pujante Zaragoza.” (Enric Juliana).
Las palabras de Enric Juliana que acabo de reproducir pertenecen a un artículo suyo publicado en “La Vanguardia” en septiembre de 2008. Llovió –y no poco- en Asturias desde entonces. Pero, a lo que se ve, el Gobierno autonómico retoma el planteamiento de la gran ciudad astur, no sabemos bien si para enredar, o si, por el contrario, la cosa va en serio, aunque es casi imposible evitar el escepticismo. No olvidemos que, en su momento, el PP y el PSOE mantuvieron una serie de reuniones con vistas a la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía y que aquello se quedó en nada.
Pues bien, suponiendo que no se trate de un enredo más, conviene no perder de vista que hay una serie de cuestiones relacionadas con el asunto que nos ocupa que parecen no formar parte de las inquietudes de nuestros mandamases llariegos.
Miren, esa gran ciudad astur no puede significar en ningún caso que se orillen las alas, que, como se sabe, vienen sufriendo un despoblamiento alarmante en los últimos años y, frente a ello, no se conocen programas de actuación oficiales más allá de las declaraciones retóricas que a nada comprometen. No sería de recibo que se aislasen todavía más las alas. Y habría que planificar con rigor cómo evitarlo en el supuesto de que se pretendiese de veras llevar esto a cabo.
Dicho ello, estamos todos de acuerdo en lo obvio, es decir, en que los localismos suponen un lastre no pequeño para el progreso de esta tierra. Ahora bien, una cosa son los localismos y otra muy distinta es que se idee este proyecto sin contar con los Ayuntamientos, que deben tener un incuestionable protagonismo y no ser meros comparsas de algo que se les da hecho.
Cierto es que sería bueno evitar duplicidades, también de puertas adentro y dejar los localismos en el perchero. ¿Pero podemos considerar viable que un Gobierno autonómico que no cuenta ni siquiera con un tercio de los escaños en el Parlamento acometa un proyecto de tal envergadura sin un acuerdo previo no sólo entre los principales partidos políticos, sino también entre los Consistorios afectados? ¿De verdad resulta creíble que en el mencionado proyecto se contemple también que las alas se puedan beneficiar de ello?
¿Hay algo más que una declaración retórica? ¿No es un mal comienzo darles hecho el proyecto a los Ayuntamientos?
Tengo para mí que estamos ante una escenificación más de un Gobierno que quiere disimular el marasmo en que se encuentra y al que nos somete.