El camino de la remunicipalización de determinados servicios públicos en el Ayuntamiento de Oviedo no sólo es arduo y sinuoso, sino que además está lleno de obstáculos. Lo que me sorprende no es que esto esté sucediendo, sino que, en general, hubo y hay mucha inconsciencia acerca del significado que tiene privatizar servicios públicos.

Y es que, al lado de la concesión de marras a la empresa privada de turno, se genera mucha letra pequeña concebida, claro está, para blindar los intereses privados.

Por eso, no pongo en duda que las sentencias judiciales que al respecto acabamos de conocer se ajusten a lo legislado. La pregunta es quiénes hicieron esas leyes y con qué miras. La pregunta retórica, se entiende.

Atado y bien atado. La vuelta atrás, esto es, la apuesta por recuperar que los servicios públicos no sean gestionados por empresas privadas, resulta de lo más dificultosa, y el panorama que esto deja es desolador.

¿Cómo pueden sentirse todas aquellas personas que, teniendo la titulación requerida para el caso, vean que no pueden presentarse a unas oposiciones que les facilitarían un puesto de trabajo al que aspiran en función de los conocimientos que atesoran?

Aquí, no sólo se firmaron privatizaciones. Aquí, se intentó que se blindaran. Y, artificios legales aparte, lo que se hace es poner por delante el drama de las personas que pueden quedarse en paro. Desde luego, no es la empresa a la que pertenecen la que les asegura el trabajo, sino que se pretende que las instituciones públicas, en este caso, el Ayuntamiento de Oviedo, sean las que se hagan cargo del asunto.

Desde luego, como ya escribí en más de una ocasión, es un drama perder el puesto de trabajo; también lo es no tenerlo y no poder acceder al empleo para el que se cuenta con la cualificación exigida. Pero en estas personas nadie piensa.

Atado y bien atado. Las privatizaciones vinieron para quedarse, y el blindaje estaba y continúa estando en la letra pequeña.