Hubo un tiempo en el que se habló de los inconvenientes que acarreaba judicializar la vida política. Hablamos sobre todo del periodo comprendido entre 1993y 1996, o sea, de la última legislatura de Felipe González al frente del Gobierno de España. Eran aquellos días en los que las escaleras de la Audiencia Nacional tenían omnipresencia en los telediarios. Y lo cierto es que, desde entonces, con mayor o menor intensidad, nuestra vida pública se dirime en no pequeña parte en el ámbito judicial, y no me refiero sólo al conflicto con el independentismo catalán.

Pero vayamos a lo más cercano, a nuestra política vetustense. Gabino se fue sin darle la bienvenida a su sucesor al frente de la Delegación del Gobierno. Y, en estos días, se está celebrando un juicio en que tiene un enorme protagonismo el exedil Alberto Mortera. Como saben, se trata del asunto de unas parcelas en Olloniego.

Al mismo tiempo que esto está sucediendo, o sea, una escenificación de las muchas historias acaecidas durante el ‘gabinismo’, el señor Caunedo se plantea la posibilidad de llevar a los tribunales algunos contratos ‘verbales’ hechos, supuestamente, por el actual equipo de gobierno.

O sea, de juicio en juicio, cuando falta poco más de un año para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Desdichadamente, es de esperar que, en el tiempo que resta para el día de los comicios, tengan más protagonismo determinadas liturgias judiciales que el debate acerca de los distintos proyectos que cada partido tenga para los próximos cuatro años en la ciudad.