De liberaciones y asesorías
La polémica en torno a las liberaciones y asesorías del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo está servida. La aparente contradicción la acaba de poner de manifiesto Wenceslao López en el sentido de que, por lo visto, el número de asesores del primer edil doblará al que tenía el alcalde anterior. Y es cierto que el señor Canteli se presentó a las elecciones con el aval de su capacidad demostrada como buen gestor al frente del Centro Asturiano de Oviedo.
Y, en cuanto a las liberaciones de los cinco ediles de Ciudadanos, habrá que reconocer, que, como mínimo, resulta llamativa. ¿Se puede argumentar que, sin estas cinco liberaciones, la buena gobernabilidad del Ayuntamiento se resentiría?
Por otra parte, el señor Canteli, saliendo al paso de las críticas vertidas por Wenceslao López, se pregunta si es ilegal el número de asesores con los que contará. Pero creo que el busilis del asunto no está en su legalidad, sino en su legitimidad. Al fin y al cabo, el dinero para costear los emolumentos de los asesores saldrá de los contribuyentes.
O sea, se aboga por reducir costes en lo que se refiere al número de funcionarios, al tiempo que no parece que haya muchos reparos a la hora de contratar a dedo asesores. No es, en efecto, ilegal, pero ello no significa que no sea criticable, incluso rechazable.
En cuanto al asunto de los asesores, con los que contarán no sólo los partidos que forman el gobierno municipal, sino también los grupos de oposición, está claro que la ley permite esos nombramientos. ¿Pero el hecho de que la ley ampare semejante cosa obliga a que tengamos que estar de acuerdo con ello?
Y esta pregunta no afecta sólo al ámbito municipal, sino también al resto de las instituciones. Seamos claros: se entiende perfectamente que cualquier cargo con responsabilidades de gobierno en la institución que sea necesitará asesoramiento técnico y jurídico para ejercer su tarea. Eso es indiscutible. La pregunta es si semejantes labores de asesoramiento no las pueden prestar los funcionarios.
No sólo estamos hablando de un dinero público que se destina a personas privadas nombradas a dedo, tanto en el gobierno como en la oposición, sino que además, con ello, se pone de relieve una de las mayores deficiencias de nuestra vida pública, como es la ausencia de meritocracia.
¿Es de recibo –y no me refiero, obviamente, sólo al Ayuntamiento de Oviedo– que el principal mérito de una persona consista en poseer el carné de un partido, en ser familiar del cargo político de turno, o en la amistad que se tenga con la autoridad competente que le nombra?
Recuerdo haber leído en una ocasión que Carrero Blanco, sorprendido por el nombramiento de un ministro que hizo el invicto caudillo, le preguntó al dictador cómo le había otorgado a aquel señor la cartera de Agricultura cuando desconocía completamente el asunto. Pues bien, parece ser que Franco le contestó lacónicamente que se trataba de una persona que le era muy leal. Mucho me temo que ‘la lealtad inquebrantable’ sigue siendo uno de los grandes males de la política española tras más de cuarenta años de democracia sin meritocracia.
Y, centrándonos en el asunto que nos ocupa, al señor Canteli le tocará demostrar con los hechos que sus nombramientos, al menos, serán eficaces.
Veremos.