Cuando la política pasa por los juzgados
Si nos circunscribimos a Oviedo, aunque, por desgracia, la cosa sería extrapolable al resto de la vida pública del país en su conjunto, resulta que no pequeña parte de la política pasa, o anuncian que va a pasar, por los juzgados. Por ejemplo, ahí está Gabino de Lorenzo anunciando acciones legales contra el alcalde de Oviedo a resultas, según leo en EL COMERCIO, del expediente de responsabilidad patrimonial por la expropiación de Villa Magdalena, incoado a instancias del regidor Wenceslao López.
Así las cosas, el actual delegado del Gobierno de todas las Españas considera que se han vulnerado sus derechos, dado que no se le concedió la oportunidad de presentar las alegaciones pertinentes.
Desde luego, no seré yo quien se ponga a hacer digresiones leguleyas al respecto. Expertos hay en la materia entre los que no me encuentro.
Dicho esto, resulta, como mínimo, inquietante que el actual responsable de la seguridad en Asturias, cuestiones legales al margen, no haya tenido a bien manifestar su malestar por las consecuencias de la expropiación de un palacete, que serán muy lesivas para la ciudadanía ovetense. Porque aquí no estamos hablando de una decisión política con la que se puede estar o no de acuerdo, sino con una apuesta personal sangrante en lo económico para los contribuyentes. ¿Tan difícil es reconocer errores?
¿No cabría esperar la misma locuacidad del exalcalde carbayón para dirigirse a los ciudadanos que, según parece, tendrán que cargar con los costes de una determinación personal que la ciudad no necesitaba?
Cuando la política pasa por los juzgados. También leo en el diario EL COMERCIO que el juez encargado del caso deniega paralizar los cambios de nombre en el callejero de Oviedo decididos por el equipo de gobierno en aplicación de la ley de memoria histórica.
Sobre este tema, ya escribí más de una vez. Y me parece difícilmente refutable que se legisle para que el callejero de una ciudad perteneciente a un país democrático no rinda homenaje a personas vinculadas con una dictadura que ahogó derechos y libertades. Y no se puede negar que el franquismo fue una dictadura. Lo triste del caso es que tenga que ser un juez el que recuerde tal cosa en una sentencia, porque algo así debería establecerse en el debate ciudadano.
Así las cosas, Gabino de Lorenzo muestra energía y voluntad para emprender acciones legales, a las que tiene todo el derecho, pero, no obstante, no se toma la molestia de manifestarse apesadumbrado por las consecuencias de una expropiación que resulta ruinosa para la ciudad y sus contribuyentes.
Y, por otra parte, hay que reconocer que los cambios en el callejero de Oviedo tendrían que haberse llevado a cabo hace ya muchos años, sin que un debate de esta índole acabase dirimiéndose en el ámbito judicial.
