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Cambio de circunstancias económicas del obligado a pagar alimentos.
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Cuervo Alfageme Abogados | 24-02-2014 | 09:28| 0

 

Con la actual inestabilidad laboral son muchos los casos en los que el progenitor obligado al pago de alimentos como consecuencia de una sentencia de divorcio o separación se encuentra con un cambio de su situación económica que le impide o dificulta cumplir con el pago de la pensión. Esto da lugar, unas veces, a incumplimientos y otras a tener que ajustarse hasta extremos imposibles para poder seguir haciendo frente al pago. Este tipo de cuestiones dan lugar a consultas legales y la duda principal es, si existiendo causa justificada, puede dejarse de pagar o pagar menos. La respuesta es bien sencilla. Cuando la pensión alimenticia se ha fijado en un porcentaje sobre los ingresos, el ajuste puede ser automático, pues simplemente hay que aplicar ese porcentaje a los nuevos ingresos y abonar la cantidad resultante. Ahora bien, cuando en la sentencia se estableció una cantidad fija actualizable, la cosa cambia, porque no se puede empezar a pagar una cantidad diferente ni dejar de pagar incluso aunque no exista ingreso alguno. Lo que procede hacer en estos casos es iniciar un incidente de modificación de medidas a fin de acreditar la nueva situación económica y ajustar la pensión a la realidad actual. Eso sí, no se puede lograr una modificación del importe de la pensión si el cambio de circunstancias económicas no es sustancial, por lo que conviene empezar comparando la situación económica que existía cuando se fijó la pensión alimenticia con la actual para poder valorar si se puede o no sostener una rebaja de la pensión alimenticia.

También puede ocurrir que cuando se estableció la pensión el progenitor obligado tenía escasos ingresos y actualmente haya mejorado su situación. En tal caso es el otro progenitor el que debe instar una modificación de medidas para solicitar el aumento de la pensión de alimentos para sus hijos. No es realista esperar que el progenitor obligado vaya a instar una modificación judicial que le perjudique.

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Cambio de tutor para un incapacitado.
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Cuervo Alfageme Abogados | 24-02-2014 | 09:24| 0

 

José nos pregunta cómo ha de procederse para asumir la tutela de un hermano deficiente mental que ya se encuentra incapacitado. Como tutores figuran sus padres pero el padre ya ha fallecido y la madre no puede valerse por sí misma por lo que no puede continuar ocupándose del cargo de tutora.

Es preciso solicitar judicialmente la remoción del tutor, es decir, el cese de la tutora actual, que es la madre, alegando y acreditando la causa por la cual no puede continuar ejerciendo la tutela. Una vez el juez comprueba este hecho y la releva de su cargo de tutora, se procede al nombramiento de un nuevo tutor para el incapacitado.

Los hermanos están entre los familiares que pueden ser designados tutores. Una vez designado tutor es preciso aceptar el cargo y cumplir con el resto de obligaciones que implica como la realización de un inventario de bienes, el cuidado personal del tutelado, la administración de sus bienes, la rendición anual de cuentas…

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Reclamación judicial de deudas comunitarias y costas del procedimiento.
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Cuervo Alfageme Abogados | 24-02-2014 | 09:24| 0

 

Miguel Ángel adeudaba a su comunidad una cantidad por impago de una derrama, que abonó hace unos días, tras haber recibido un requerimiento del Juzgado concediéndole un plazo de veinte días para pagar. Ahora le llega una notificación del Juzgado indicándole que adeuda las costas del procedimiento. Nos pregunta cómo puede ser posible que le reclamen costas si ha pagado tan pronto como ha tenido noticia de la deuda y dentro del plazo. No entiende qué diferencia podría existir si en lugar de pagar voluntariamente deja el tema pendiente.

El requerimiento judicial en un juicio monitorio no es la primera noticia que tiene un propietario que adeuda dinero a la comunidad. Previamente ha tenido que recibir una comunicación fehaciente de la propia comunidad en la que se le adjunta la liquidación de la deuda y la intención de reclamarla judicialmente. El procedimiento monitorio, cuando se utiliza para reclamar deudas comunitarias, implica la reclamación al deudor de los gastos de abogado y procurador incluso en aquellos asuntos en los que, por escasa cuantía, no resulte preceptiva la intervención de estos profesionales. En consecuencia sí que adeudas las costas del procedimiento monitorio a pesar de haber procedido al pago tras el requerimiento judicial. En cuanto a la diferencia que habría en caso de no pagar la deuda voluntariamente, sería el inicio de una ejecución judicial para el cobro de lo adeudado, que generaría a su vez nuevas costas judiciales.

 

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Impago de pensiones de alimentos, ¿qué vía elegir?
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Cuervo Alfageme Abogados | 17-02-2014 | 11:48| 0

Cuando tras un divorcio se establece el pago de una pensión alimenticia sucede que algunas veces se producen incumplimientos. A veces se trata de un simple retraso o un tema excepcional y puntual, pero otras se convierte en una continua fuente de conflictos. Existen dos vías de reclamación: la vía civil, a través de una ejecución de la sentencia que establece el pago de alimentos y la vía penal, pues el impago de la pensión alimenticia durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos ya supone la comisión de un delito.

Puesto que dos son las opciones, las personas que se encuentran en esa situación preguntan qué hacer. La decisión siempre corresponde al cliente, pero nuestro criterio es reservar la vía penal para aquellos casos en los que no hay justificación alguna para el incumplimiento y en el progenitor que incumple existe una actitud dolosa que parece que va a persistir.

En el resto de los casos, la mejor solución suele ser reclamar los atrasos en ejecución de sentencia y, cuando es posible, solicitar la retención de las cantidades directamente de la empresa o entidad que pague el salario o pensión al progenitor obligado. La ventaja de evitar la vía penal, cuando sea posible, suele redundar en la tranquilidad de los menores, que sufren más cuanto mayor es la judicialización de las relaciones entre sus padres.

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Hacer o no hacer un nuevo contrato de arrendamiento
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Cuervo Alfageme Abogados | 17-02-2014 | 11:44| 0

Esther es inquilina en un piso en el que está a punto de cumplir cinco años de duración del contrato.  Le ha llegado un burofax de los propietarios en los que le indican que dan por finalizado el arrendamiento en la fecha en que se cumplan cinco años de duración y que no desean que se prorrogue. Después de recibir el burofax Esther recibió una llamada de teléfono de los propietarios que le dicen que si quiere quedarse en la vivienda tiene que firmar un nuevo contrato. Nos pregunta qué diferencia puede hacer entre prorrogar o hacer un nuevo contrato, pues la renta va a seguir siendo la misma. Teme que haya alguna doble intención que se le escape.

Al hacer un nuevo contrato de arrendamiento se aplicará la normativa vigente en la actualidad, pues a partir del mes de junio del año 2013 entraron en vigor algunas modificaciones importantes en la Ley de Arrendamientos Urbanos que afectan a la duración del contrato, posibilidad de extinción anticipada por ambas partes y algunas otras cuestiones importantes. Seguramente a los propietarios les interesa la aplicación de las nuevas condiciones legales, que no se aplicarían en caso de prórroga y sí en caso de nuevo contrato. No obstante, no están actuando de forma ilegal, pues están en su derecho de no querer prorrogar el contrato y de ofrecerte firmar uno nuevo. Estudia las condiciones del nuevo contrato y ten muy en cuenta la nueva regulación legal, pues permite mayor margen de negociación, por lo que hay que prestar especial atención a las cláusulas contenidas en el contrato.

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Reclamación de deudas en una comunidad de propietarios
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Cuervo Alfageme Abogados | 17-02-2014 | 11:44| 0

Félix nos indica que en su comunidad un propietario adeuda novecientos noventa euros, por impago de nueve cuotas de comunidad, por lo que desea conocer cuáles son los pasos legales que debe dar el presidente o en su caso la comunidad para que este comunero pague las cantidades adeudadas.

Para reclamar las deudas comunitarias el procedimiento judicial más sencillo es el juicio monitorio.  Antes de presentar la correspondiente solicitud en el Juzgado es necesario dar unos pasos previos en la comunidad: la junta de propietarios tiene que aprobar la liquidación de la deuda y la reclamación judicial de la misma, notificando tales acuerdos al propietario moroso de forma fehaciente. Si este no paga tras esta comunicación, se puede iniciar el procedimiento monitorio, con la presentación de una solicitud que ha de ir acompañada de una serie de documentos que justifican la reclamación. El Juzgado requerirá al moroso para que proceda al pago en el plazo de veinte días. Si no paga y tampoco alega motivos de oposición, podrá iniciarse ejecución judicial para el cobro de lo adeudado. Si se opone, se discutirá la cuestión en el juicio que por cuantía corresponda, que en este caso sería un juicio verbal.  Para la cantidad que adeuda el comunero que nos comenta no es necesario contar con abogado y procurador pero, si se utilizaran estos profesionales podrá repercutirse el coste al deudor por tratarse de deudas de un comunero frente a la comunidad de propietarios.

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Incapacitar a una persona.
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Cuervo Alfageme Abogados | 10-02-2014 | 09:41| 0

 

Cuando una persona padece algún tipo de enfermedad o limitación que le impide regir su vida y sus bienes es el momento de pensar en incapacitarla. Las circunstancias que pueden llevar a esta situación son muy variadas, una de las más comunes es que, como consecuencia de la edad, alguno de nuestros mayores padezca alzheimer, demencia senil… En todos estos casos, es muy importante dar los pasos legales para que esa persona esté atendida tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de la administración de sus bienes. Uno de esos pasos es la incapacitación y el consiguiente nombramiento de un tutor.

Para incapacitar a una persona se tiene que seguir un procedimiento judicial en el que esa persona actúa realmente como si fuera la parte demandada y puede presentar una defensa acreditando su capacidad en caso de que realmente continúe en situación de poder valerse por sí misma.

No puede instar la incapacitación cualquier persona solo puede hacerlo el propio incapaz o determinados familiares del mismo: su cónyuge o pareja de hecho, sus descendientes, sus ascendientes o sus hermanos. Ahora bien, cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de una persona que no pueda valerse por sí misma para que sea este organismo quien inicie los trámites y adopte las medidas adecuadas para protegerla.

Al procedimiento hay que aportar el conjunto de las pruebas, esencialmente médicas, que determinen la enfermedad y limitaciones del presunto incapaz. Se requiere además un dictamen pericial médico acordado por el juez quien, además, examinará personalmente a la persona que se pretende incapacitar. En la sentencia el juez determinará el grado de incapacidad de la persona y qué actos puede continuar realizando y cuáles no.

En el mismo procedimiento se puede plantear el nombramiento de un tutor que asume el cuidado personal y patrimonial de la persona incapacitada lo que implica el cumplimiento de diversas obligaciones de las que hablaremos en otra ocasión.

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Régimen económico de gananciales.
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Cuervo Alfageme Abogados | 10-02-2014 | 09:36| 0

 

Marcos está casado desde hace diez años y su régimen económico es el de gananciales. Inicialmente los dos cónyuges trabajaban, pero Marcos perdió su trabajo y ya ha agotado la prestación por desempleo, por lo que en este momento solamente cuentan con el salario de su mujer. Él dispone de una renta mensual que percibe por el alquiler de un piso que heredó de sus padres y que hasta ahora ingresaba en una cuenta a su nombre, al considerarlo suyo por tratarse de un piso de una herencia. Ahora su mujer le exige que ingrese en la cuenta común el importe del alquiler. Marcos nos pregunta si su mujer tiene razón.

Efectivamente tu mujer tiene razón. Ten en cuenta que vuestro régimen económico es el de gananciales, por lo cual, los ingresos que cualquiera de los dos perciba son gananciales. Efectivamente la vivienda que heredaste es privativa, pero no así los rendimientos que esta produce al tenerla alquilada, es decir, el alquiler que percibes mensualmente es ganancial de la misma forma que lo es el salario de tu esposa.

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Conflicto de intereses y nombramiento de presidente.
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Cuervo Alfageme Abogados | 10-02-2014 | 09:35| 0

 

Esperanza es presidenta de una comunidad de propietarios en la que en los próximos días van a celebrar una junta y cambiar los cargos. Tienen establecido un turno rotatorio de modo que cada año un propietario es presidente, recayendo la administración en una empresa de administración de fincas. Este año le toca ocupar el cargo de presidente a un propietario al que recientemente se le ha reclamado por juicio monitorio deudas con la comunidad. La administración pregunta a Esperanza si desean nombrar presidente a este propietario o si quieren mantener en el cargo al actual o saltar al siguiente en el turno rotatorio. Nos pregunta qué debe hacer.

Si existe un procedimiento judicial abierto contra un propietario, éste no puede ocupar el cargo de presidente mientras dure este y ello porque existe un conflicto de intereses, al no poder representar al mismo tiempo los intereses de la comunidad y los suyos propios. En consecuencia, hay que pensar alguna otra alternativa. La decisión puede dejarse en manos de la junta de propietarios, haciendo constar en el orden del día que se procederá a la elección del cargo de presidente por no poder seguir este año el turno rotatorio y, una vez se exponga en la junta la situación, se decida por mayoría a otra persona, haciendo constar en el acta la situación extraordinaria que justifica esta elección.

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Minusvalías, personas mayores y arrendamientos.
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Cuervo Alfageme Abogados | 03-02-2014 | 11:44| 0

Puede suceder que, cuando se alquila una vivienda, el arrendatario ya cuente con alguna minusvalía y ya se especifique en el contrato las adecuaciones que es preciso realizar en el inmueble para adaptarlo a la situación de las personas que van a vivir allí. Y también puede ocurrir que cuando se realiza el contrato el arrendatario se encuentre perfectamente pero luego cambien las circunstancias. Puede suceder que la misma persona del arrendatario tenga algún problema de discapacidad, que lo tenga su cónyuge o su pareja de hecho o un familiar de cualquiera de ellos que conviva en la vivienda alquilada o simplemente que cualquiera de ellos supere los setenta años de edad aunque no tengan ninguna otra circunstancia que suponga una minusvalía.

En todos estos casos pueden hacer en la vivienda alquilada las obras que sean necesarias para poder utilizarla de una manera adecuada. Para ello no tienen ni tan siquiera que solicitar la autorización del arrendador. Es suficiente con que se lo notifiquen. Ahora bien existen dos limitaciones. La primera es que las obras no pueden afectar a elementos o servicios comunes del edificio ni provocar una disminución en su estabilidad o seguridad. La segunda es que el arrendatario está obligado a reponer la vivienda a la situación anterior si se lo pide el arrendador una vez termine el arrendamiento.

Teniendo en cuenta esta regulación el mejor consejo es dejar previsto en el contrato, en la medida de lo posible, este extremo si ya se sabe que en la vivienda va a vivir una persona con minusvalía o de edad avanzada. Y, si la situación surge con posterioridad, llegar a un acuerdo entre arrendador y arrendatario para evitar problemas al término del contrato.

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