Cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, el Principado tenía 5.000 funcionarios y un presupuesto regional de 252,3 millones de euros. No llegaba a la octava parte del personal actual y la veinticuatroava parte de dinero. Un punto en el mapa. La entrada en Europa trajo consigo la profundización en la reconversión industrial, que contó con dinero europeo, para sanear, modernizar y, también, para recortar capacidad. En esos años la peor parte se la llevaron las explotaciones ganaderas: España pactó una cuota láctea de seis millones de toneladas y consumíamos nueve millones. Se acabaron perdiendo el 53% de las explotaciones asturianas y el 60% del censo lechero. Los primeros seis años en la Unión Europea fueron de adaptación y sufrimiento.

El punto de inflexión fue en diciembre de 1992, en la cumbre de Edimburgo, cuando Felipe González logró que se creara el Fondo de Cohesión. Un maná para Asturias. Recibíamos cada año 200 millones, casi tanto como todo el Fondo de la Transición Justa. Así se financiaron nuestras autovías. La época de las vacas gordas concluyó en 2004, cuando se amplió la UE con diez países de la otra orilla del Danubio. La cohesión fue para ellos. Asturias ya había soltado lastre.

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El conflicto se produce por la reforma del llamado, Estatuto Marco. En él se establecen las condiciones de trabajo del personal que presta servicios en los centros del Sistema Nacional de Salud. Se busca armonizar las normas básicas de un colectivo que tiene cerca de un millón de trabajadores. Hay cuestiones concretas puestas encima de la mesa que no han llegado a pactarse, como la jornada máxima de 35 horas, que la ministra se niega a poner en el texto o a fijar la retribución mínima de la hora de guardia. Tampoco ha aceptado Mónica García introducir coeficientes de corrección de la edad de jubilación para los profesionales que tienen un exceso de jornada estructural y sostenido. Los asuntos citados son los propios de una negociación normal entre la Administración y los trabajadores. Sin embargo, es inusual la duración del diálogo entre las partes que empezó hace más de tres años, sufrió múltiples interrupciones y, a día de hoy, se mantienen las discrepancias.

La cuestión que envenenó la relación entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos es la dimensión y el carácter del Estatuto Marco. La ministra, con el desparpajo propio que propicia la inexperiencia se lanzó a solucionar un tema que se arrastraba desde hace veinte años. Su primera decisión sirvió para abrir una fosa entre el ministerio y los médicos, al negarse a aceptar un estatuto propio para médicos y facultativos. Como gran cesión, les reservó un capítulo dentro del Estatuto Marco. Los facultativos argumentaron los rasgos diferenciales de la profesión que pasan por unos estudios más dilatados, una especial responsabilidad en los actos médicos o una jornada con más horas de trabajo. No hubo acuerdo.

Una cuestión burocrática es la causa de un conflicto de grandes dimensiones. De la líder de Más País se puede esperar cualquier cosa, pero me extraña poderosamente que el presidente del Gobierno no crea oportuno intervenir y deje que se pudra el conflicto.

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La situación es rocambolesca, porque el principal accionista de Indra es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con el 28% de los títulos. Pues bien, la Sepi es el principal acreedor de Duro Felguera. En 2021, la Sepi inyectó 120 millones de euros en la tesorería de Duro Felguera, evitando el cierre al que estaba abocada. No obstante, la ayuda de la Sepi no puso punto final a la crisis de la empresa que tuvo que acometer una operación de desinversión de activos estratégicos. En el proceso de ajuste se inscribe la venta de El Tallerón a Indra, por una cantidad cuatro veces menor de la que pide por el taller de Barros (por cierto, en el taller de Barros, desde hace una docena de años, solo hay trabajos esporádicos). Para acabar de enredar la madeja entre la Sepi y Duro, hay que señalar que la dirección de la empresa asturiana intentó, como baza salvadora, que la Sepi convirtiera en acciones los 120 millones entregados como préstamo.

Por todo lo anterior, y por más cosas, Duro Felguera no puede resistirse a vender el taller de Barros a Indra, a un precio en consonancia con su valor, siempre y cuando la Sepi (recordemos, sociedad estatal) se implique en la operación y el Principado cumpla con el deber de velar por el tejido empresarial asturiano. El Ayuntamiento de Langreo y sindicatos, como Comisiones Obreras, han levantado la voz para criticar la que ellos llaman, «estrategia especulativa» de Duro Felguera.

Hace falta que el Principado intervenga con más decisión. No lo hizo en quiebras industriales importantes, como el cierre de Alcoa. El renacer de la industria de defensa y la vinculación a Asturias de varios de los nuevos proyectos no pueden fracasar por el peso de intereses particulares. El Principado tiene que activar sus contactos con la Moncloa, el Ministerio de Hacienda (Sepi) y Duro Felguera. La política también está para eso.

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El Ministerio de Transportes basó su rechazo a la pretensión asturiana en que no hay una sentencia judicial que determine la ilegalidad de la prórroga. Igualmente hizo constar que al transcurrir veinticinco años sin que nadie impugnase la prórroga, no cabe revisión de oficio. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Media Ambiente y Gestión de Emergencias, dijo algo muy razonable: «Merecemos una respuesta sobre el fondo de la cuestión». En efecto, no es de recibo que un ministerio se esconda tras cuestiones formales ante una petición de una comunidad autónoma que está respaldada por todo el Parlamento autonómico, ayuntamientos, organizaciones empresariales, centrales sindicales, Universidad de Oviedo y cuatro mil usuarios que estamparon su firma exigiendo la anulación de la tasa. La supresión del peaje es un clamor en Asturias.

El Ministerio de Transportes es consciente, también, de que Aucalsa está cobrando la tasa en unas condiciones anómalas, con el tráfico lentificado por obras interminables. No le importa a la cúpula del ministerio (Óscar Puente, Santano y compañía) perjudicar a Asturias por carretera, después de haber sido afectados por tren (el escándalo de los trenes que no cabían por los túneles). Como dijo Calvo, la prolongación del peaje hasta 2050 supone pagar ocho veces el coste de la infraestructura. Dentro de un año todo eso cotizará en las urnas.

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En los dos grandes partidos, PSOE y PP, que en esta legislatura tienen el 80% de los escaños de la Junta General del Principado, no hay dudas sobre quienes serán sus cabezas de cartel: Adrián Barbón y Álvaro Queipo. Durante algún tiempo se especuló con que será Adriana Lastra la candidata socialista a ocupar la Presidencia del Principado. Esa opción conllevaría que Barbón ocupara el primer puesto de la lista socialista en las elecciones generales. Un intercambio de posiciones: Barbón pasaría al Congreso de los Diputados y Lastra dejaría su escaño en la Cámara Baja para ir al Parlamento asturiano. La maniobra no es irreal porque la principal cualidad de Barbón en la política es la oratoria, el parlamentarismo, y a Lastra le presupongo que tiene más capacidad para el mando que para la oratoria. El posible trueque quedó en mera especulación y dentro de once meses veremos a Barbón peleando por disfrutar de un tercer mandato.

Queipo tiene todas las bendiciones de Génova y será con seguridad el candidato del PP para recuperar la Presidencia del Principado que perdieron hace 27 años. Su mayor hándicap está en el nivel de notoriedad. Lo mismo le ocurría a Javier Fernández hasta que llegó a la Presidencia del Gobierno. Queipo tiene once meses por delante, tiempo suficiente para que la inmensa mayoría de los asturianos lo conozcan. En una época de demagogia y populismo, su estilo contenido y el interés por centrarse en los grandes temas (impuestos, escándalo de la mina de Cerredo) pueden constituir una baza ante las urnas.

De la candidatura de Vox no se sabe nada. Es el partido más opaco y el que tiene menos debate interno. Santiago Abascal se ha encargado de que el partido tenga una sola voz: la suya. Los parlamentos son, entre otras cosas, el escaparate de partidos y dirigentes. En la Junta General del Principado, en esta legislatura, hay dos diputados de Vox que han realizado las intervenciones más brillantes e ingeniosas. Quizás por ello no repitan. Todo depende de Abascal y de lo que le susurre José María Figaredo al oído.

A la izquierda del PSOE, IU pretende montar una candidatura unitaria, liderada por Ovidio Zapico. Las encuestas les dan tres escaños. Hay demasiados candidatos para tan pocos asientos. Tomé tendrá que elegir entre el eco o tener voz propia.

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La iniciativa partió del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Ovidio Zapico, y ha hecho fortuna. La diputada Tomé (Somos Asturias) pide declarar zonas tensionadas a Oviedo y a Siero, así como ampliar la zona declarada en Gijón. Lo solicita para la capital porque «hay familias trabajadoras que ven imposible su proyecto de vida autónomo, si siguen fuera de esta protección». Uno pudiera pensar que con la declaración de zona tensionada se hace frente a situaciones límite o que se recurre a ella para obtener beneficios extraordinarios, pero nada de eso es cierto.

El Gobierno autonómico puede decidir que un barrio o una ciudad queden tensionados si la carga media del alquiler o la hipoteca supera el 30% de los ingresos medios o rentas medias de los hogares. Importante: en el alquiler o hipoteca se incluyen los suministros (electricidad, calefacción, teléfono, etc.) o consumos básicos (alimentación, algo de ropa). Hay que estar muy alejado de la realidad para creer que a alguien a quien le queda el 70% de sus ingresos después de pagar alquiler, comida, electricidad, teléfono, ropa, etc. necesita de una sobreprotección especial (zona tensionada) para sobrevivir.

Bajo esa premisa se puede declarar zona tensionada a cualquier barrio o zona residencial de España. Hay otra situación que propicia la etiqueta de zona tensionada: si el precio o el alquiler del inmueble ha aumentado en los últimos cinco años tres puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Si se da por buena esa disposición, no entiendo cómo los partidos o gobiernos que apoyan las zonas tensionadas no crean carnicerías tensionadas, ultramarinos tensionados, fruterías tensionadas, confiterías tensionadas, porque la subida anual del 3% por encima del IPC es algo habitual en el sector de la alimentación en coyunturas inflacionarias.

Vamos ahora con la eficacia de la medida. Una vez creada la zona tensionada en Niembro, por ejemplo, qué ocurre. Los alquileres no pueden subir, pero da igual que suban o bajen, porque el problema de la vivienda en Llanes es que no hay oferta. Apenas hay pisos vacíos. Los pocos que quedan no están integrados en el mercado de la vivienda, entre otras razones porque los propietarios desconfían de su regulación. Conclusión: fruto del intervencionismo los precios suben como la espuma.

Hasta ahora había pisos turísticos, pero el Principado está dispuesto a acabar con esa especie. Para ello ha creado otra categoría administrativa: zona turística protegida. Una vez adosada la etiqueta se limitan las licencias de alojamientos (pisos turísticos) y se reduce el número de plazas. Ya quedan pocos.

La última novedad de la semana es la ‘zona de mercado restringido’. Una idea de Comisiones Obreras que Ovidio Zapico incorporó al articulado del borrador de la LOITA (Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias). Ante cualquier compraventa de inmuebles en zonas de ‘mercado residencial tensionado’ o ‘zona turística protegida’ el Principado tendrá derecho de tanteo y retracto. Cualquier compraventa de inmuebles entre particulares puede ser interrumpida si el Principado se acoge al derecho de tanteo o de retracto y se hace con el inmueble por el mismo precio. Así, IU irá ampliando el modesto parque de vivienda pública, tres veces más pequeño que en los años ochenta.

Las nuevas disposiciones (mercado residencial tensionado, zona turística protegida, zona de mercado restringido) muestran el avance de la política intervencionista. No solucionan ningún problema, al contrario, lo cronifican, pero lo importante es que la Administración hace músculo, ocupando el espacio que deja forzosamente vacío la iniciativa privada.

El socio mayoritario del Gobierno (PSOE) apenas ha hecho nada en este mandato, más allá de su contribución a los delirios identitarios. No se puede decir lo mismo de IU, que ha puesto empeño en desarrollar un programa tan antiguo como contrario al progreso.

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A nuestra región se le asignaron 791 millones, de los que se cobraron 762. Más del 90% de los recursos están licitados y adjudicados; el 64% están en fase de desembolso. Gonzalo Centeno (Vox) señaló que de los 762 millones asignados, están autorizados para gastar 716: «¿Qué pasa con los 46 restantes?» El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró que iba a tratar de absorberlos todos. Peláez advirtió de que habrá ayudas que se devolverán por la imposibilidad de ejecutarlas en el plazo previsto. Calcula que por esa vía se perderán de 23 a 30 millones. La mitad de los recursos fallidos provienen de Cogersa. También hay dinero sobrante por eficiencia en la gestión de determinados proyectos. Peláez anunció que va a pedir un estudio a la Universidad de Oviedo para medir el impacto de los fondos recibidos en la economía asturiana. Un asunto de verdadero interés. Para ilustrar al personal, Peláez puso ejemplos de la aplicación de los fondos: restaurar minas, las 1.900 plazas de Les Escuelines o la construcción de vivienda asequible.

Tengo la impresión de que en España y, probablemente, en los países de nuestro entorno, se gestionó inadecuadamente un volumen grande de recursos. Nada extraño al ser un dinero caído del cielo. Es cierto que la Comisión Europea aplicó un sistema de control riguroso, pero si uno mira los objetivos que se fijaron para constituir los Next Generation (mitigar la crisis provocada por el coronavirus y promover la transición ecológica y digital) nos encontramos, por ejemplo, con que las 1.900 plazas de Les Escuelines no deberían financiarse con recursos extraordinarios europeos, sino con los impuestos recaudados por el Principado o por el Ministerio de Hacienda. La clase política interpretó que los Next Generation son un estimulante económico de amplio espectro.

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Si se lee seguido: zonas de mercado restringido, zonas de alquiler tensionado, zonas turísticas protegidas, se comprueba el intervencionismo máximo de la Administración del Principado sobre solares y viviendas. El único agente que puede moverse en esos territorios calificados de restringidos, tensionados y protegidos es la Administración pública. No tiene ninguna titularidad sobre los mismos, pero dispone del BOPA para ordenarlos como le venga en gana. La última etiqueta, «mercado restringido», refleja el temor a fracasar con las zonas tensionadas y protegidas. No bastan esas dos categorías por si solas para bajar el precio de los inmuebles y de los alquileres o para garantizar que en determinadas zonas no haya masificación turística, se precisa la declaración de «mercado restringido», que, para entendernos, consiste en impedir la compraventa entre particulares, dando a la Administración unas facultades exorbitantes.

La nueva figura jurídica responde a una propuesta de Comisiones Obreras que ha aceptado el equipo de IU que está al frente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Si no se modifica lo que está escrito en el borrador de la ley, el invento del mercado restringido nos va a resultar muy caro a los contribuyentes, porque si el Principado se acoge a los derechos de tanteo y retracto sobre todo inmueble que va a cambiar de propietario la factura será muy alta. Ahora bien, puede que de esa manera IU logre ver cumplido su anhelo de tener un parque de vivienda pública muy superior al actual. Así, podrá presentar una oferta de alquiler muy amplia, sin molestos intermediarios. IU y CC OO rechazan «un modelo de especulación y masificación turística que no trae nada bueno». Su receta es tan simple como arriesgada: sacar al mercado de la ecuación. Por esa vía nunca aumentó el bienestar.

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Supongo que en las largas negociaciones (el actual modelo, vigente desde 2009, se acordó tras año y medio de reuniones de la ministra Elena Salgado con las regiones) el Principado habrá logrado que el envejecimiento, la dispersión y la orografía tuvieran más peso a la hora de ponderar la prestación del coste de los servicios, pero nunca nos comunicaron a los ciudadanos en qué quedaron, exactamente, nuestras peticiones.

El actual Gobierno de coalición (PSOE-IU) irá a Madrid a negociar con el Ministerio de Hacienda el nuevo sistema de reparto de recursos con los conocidos argumentos de pueblo montañoso, envejecido y repartido. Hacer visibles las debilidades y exigir que se tengan en cuenta a la hora de financiar los servicios es algo lógico, pero, por desgracia, estamos en una situación especial, inédita en los cuarenta y seis años transcurridos desde que se aprobó la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, va a negociar en Madrid sobre un modelo pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Un modelo que rechazan todos los ejecutivos autonómicos, con la excepción de Cataluña. Un sistema urdido por María Jesús Montero, que tomando como base de partida el actual reparto de recursos, entrega a cada catalán 577 euros más, mientras que cada asturiano solo ve incrementado en 246 euros la cantidad que recibe. Una distribución de recursos que ruboriza hasta los cínicos.

El Principado tiene que decidir si asume el modelo legado por Montero y negocia una mayor ponderación del coste de los factores demográficos y orográficos del sistema o se mantiene firme al compromiso de la Declaración de Santiago, rubricada por ocho gobiernos autonómicos, donde sólo se acepta la negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con rechazo explícito a los privilegios.

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Arcadi España, un miembro del Gobierno al que todavía no le hemos oído una declaración más allá de participar en el karaoke de los ministros repitiendo como autómatas el argumentario de Moncloa, ha asumido el modelo de María Jesús Montero. La esencia de la operación urdida por Montero consiste en sustituir el diálogo multilateral por el bilateral. Con la bilateralidad se pierde todo vestigio de transparencia y su puede imponer el trato desigual, dando más recursos a unas regiones que a otras. La operación ocultación ya he empezado desde el momento en que el Ministerio de Hacienda no ha entregado a los gobiernos regionales un documento que contenga los datos del nuevo modelo. Se negociará a ciegas, sin conocer los cálculos del Gobierno y sin saber lo que pactó con otros ejecutivos autonómicos.

Las comunidades gobernadas por el PP ya han dicho que no participarán en la ronda de contactos bilaterales entre el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y las Autonomías. El Principado acudirá a la negociación sumido en la contradicción de rechazar el nuevo modelo de financiación, pero, a la vez, acudir al encuentro con espíritu positivo. De las explicaciones realizadas en su día por Montero se deducía que Asturias recibiría 248 millones extra, lo que suponía quedar por debajo de la media de las regiones. Me inclino a pensar que el Principado irá a la negociación con la mentalidad del que plantea enmiendas parciales, sin cuestionar el modelo.

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