El 30 de junio vence el plazo para ejecutar los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiados por los fondos Next Generation. El método seguido por la Comisión Europea consiste en transferir el dinero en plazos que van ligados al cumplimiento de reformas u otros objetivos. El dinero que no se gaste hay que devolverlo con intereses. A su vez, una parte de los recursos llegados de Bruselas se distribuyen por las comunidades autónomas, debiendo gestionarse en unos plazos y cumpliendo ciertas condiciones. Desde una perspectiva política el debate ahora está en cuánto dinero habrá que devolver y cuánto se ha aprovechado.

A nuestra región se le asignaron 791 millones, de los que se cobraron 762. Más del 90% de los recursos están licitados y adjudicados; el 64% están en fase de desembolso. Gonzalo Centeno (Vox) señaló que de los 762 millones asignados, están autorizados para gastar 716: «¿Qué pasa con los 46 restantes?» El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró que iba a tratar de absorberlos todos. Peláez advirtió de que habrá ayudas que se devolverán por la imposibilidad de ejecutarlas en el plazo previsto. Calcula que por esa vía se perderán de 23 a 30 millones. La mitad de los recursos fallidos provienen de Cogersa. También hay dinero sobrante por eficiencia en la gestión de determinados proyectos. Peláez anunció que va a pedir un estudio a la Universidad de Oviedo para medir el impacto de los fondos recibidos en la economía asturiana. Un asunto de verdadero interés. Para ilustrar al personal, Peláez puso ejemplos de la aplicación de los fondos: restaurar minas, las 1.900 plazas de Les Escuelines o la construcción de vivienda asequible.

Tengo la impresión de que en España y, probablemente, en los países de nuestro entorno, se gestionó inadecuadamente un volumen grande de recursos. Nada extraño al ser un dinero caído del cielo. Es cierto que la Comisión Europea aplicó un sistema de control riguroso, pero si uno mira los objetivos que se fijaron para constituir los Next Generation (mitigar la crisis provocada por el coronavirus y promover la transición ecológica y digital) nos encontramos, por ejemplo, con que las 1.900 plazas de Les Escuelines no deberían financiarse con recursos extraordinarios europeos, sino con los impuestos recaudados por el Principado o por el Ministerio de Hacienda. La clase política interpretó que los Next Generation son un estimulante económico de amplio espectro.