Leo en EL COMERCIO que la titular del juzgado número 3 de Avilés considera que deben ser investigados a fondo los contratos firmados entre la empresa Aquagest y 27 municipios asturianos. Desde luego, el porcentaje no está nada mal, teniendo en cuenta que en esta tierra hay 78 concejos. Y, ante ello, resulta insoslayable que no se puede pasar por alto la corrupción desde abajo, que no es menos sistémica ni dañina que la protagonizada por dirigentes de primera línea en nuestra vida pública.

La corrupción desde abajo. Sería muy didáctico un rastreo por las hemerotecas que buscase las primeras reacciones en la opinión publicada cuando muchos ayuntamientos empezaron a privatizar servicios tan básicos como la recogida de basuras y el abastecimiento de aguas. Porque, más allá de rumores muy consabidos que hablaban de entregas de maletines y otros episodios marcados por la ejemplaridad, no se quiso poner énfasis en el verdadero busilis de todo esto: en el momento mismo en el que los servicios tradicionalmente municipales se convierten en negocio privado, se pone en entredicho el sentido de la existencia de los ayuntamientos. Ésta es la madre de la corrupción desde abajo: obtener beneficios personales, inaceptables desde el punto de vista ético, a cambio de facilitar que determinadas empresas hagan negocio gestionando servicios públicos.

Y, por supuesto, desde las cúpulas de los partidos, se miró hacia otro lado cuando esto sucedía. Por así decirlo, no se consignaba en los programas de los dos grandes partidos que en ningún municipio se podrían privatizar servicios básicos que eran gran parte de la razón de ser de los ayuntamientos.

Y, en unas circunstancias como las presentes, en las que las bombas de achique no pueden parar las continuas escandaleras de corrupción, desde el ámbito judicial se toman cartas en el asunto, al ser tan descarado el modo en que se comportaron muchos ayuntamientos. Por ejemplo, en su relación con la susodicha empresa.

Ante todo, la chequera, ante todo el negocio. Ante todo, la chequera para escenificar alardes de poder a la hora de acometer obras con las que comparecer cada cuatro años para pedir el voto a los ciudadanos. Y la chequera se nutría de contratos que hipotecaban el futuro del concejo endeudándolo. Y se nutría también poniendo el suelo público a disposición del mejor postor, bien fuera para operaciones urbanísticas auténticamente disparatadas, bien fuera para destrozar el paisaje y el medio ambiente. Todo valía, oiga.

Ayuntamientos que se convirtieron en auténticos cortijos, ayuntamientos en los que se hizo negocio con servicios ciudadanos. Mientras esto sucedía, no se intervino desde la cúspide de los partidos a ver qué estaba ocurriendo. Y están por hacer las cuentas de la vieja, es decir, si tanta privatización de los servicios públicos sirvió para algo más que para uso y disfrute de quienes tomaron esa decisión, en muchos casos, con las siglas de izquierda en su puesta en escena.

Miren, esa investigación judicial hace que salte por los aires la corrupción desde abajo, que no sólo no quiso verse desde arriba, sino que en muchos casos se aplaudió desde las alturas.

¿La política municipal, la más cercana al ciudadano, era esto?