En el primer día de septiembre, todos dieron su receta para la crisis económica. El número dos del PSOE, José Blanco, habla de implantar un plan de austeridad basado en la congelación de sueldos en las cámaras legislativas, así como en gobiernos autonómicos y municipales. Es un gesto acertado porque los cargos públicos deben dar ejemplo ante la crisis. Ahora bien, si las administraciones quieren hacer una política de ahorro eficaz, lo más útil es que se fijen como objetivo la confección de unos presupuestos públicos sin déficit. Lo verdaderamente complicado es reducir el gasto público en la misma proporción que baja la recaudación fiscal. Realizar política social dañando los equilibrios básicos de economía es pan para hoy y hambre para mañana.

El problema, en estos momentos, por increíble que parezca, es que todavía no hay un diagnóstico sobre la crisis económica, y nadie sabe si hay que aplicar calor o frío. Tan pronto nos hablan de aplicar austeridad como de llevar a cabo un plan fabuloso de inversiones públicas que crearía déficit público y aumentaría el endeudamiento del país. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anuncia una reunión con los firmantes del pacto social (Aceba) para adaptarlo a las condicionantes de la crisis económica. Bueno sería que el presidente aprovechara la reunión para invitarles a realizar una reflexión sobre el destino de los beneficios y el incremento de los salarios. Si empresarios y sindicalistas quieren colaborar con el bien general, lo mejor que pueden hacer es llegar a compromisos sobre el excedente empresarial y el crecimiento de los salarios. El Gobierno regional debería propiciar ese diálogo. Todos hablan de la crisis. Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, propone cuatro claves: eliminar las rigideces de la economía, gestionar bien la inmigración y el envejecimiento de la población y ahorrar energía.

Hay cortapisas en todos los mercados, desde la escasa movilidad de la mano de obra hasta la falta de competencia del sector servicios. Gestionar bien la vejez implica acabar con las prejubilaciones, alargar la vida laboral y capitalizar aún más los fondos de la Seguridad Social. Ahora bien, nada es tan urgente como reducir la factura energética, porque por ahí se desangra la economía española, importando petróleo.