Antes de iniciarse las vacaciones de agosto, la última propuesta lanzada a la escena regional fue el plan local de obras, anunciado por el presidente Areces en la reunión de evaluación del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA). Como tantas veces pasa en la política asturiana, la idea procede de los sindicatos, que llevaban algún tiempo pidiendo al presidente del Principado que imite a Zapatero y plantee un plan municipal de obras. Los sindicatos cifraron el compromiso que debía asumir el Principado en 200 millones de euros, aunque Areces advirtió que tendría unas dimensiones más modestas. El anuncio llega en un momento en que los ayuntamientos atraviesan por una situación financiera desesperada, y lanzan mensajes de auxilio al resto de administraciones.

Lo primero que llama la atención es que los sindicatos hagan de abogados de los ayuntamientos, algo similar a imaginar a los alcaldes haciendo propuestas de reforma laboral. Bien es cierto que los sindicatos en Asturias, con un alto nivel de afiliación y sobrada capacidad de movilización, hace mucho tiempo que se convirtieron en defensores de los intereses generales, sin que haya ningún líder político capaz de rebajar su nivel de interlocución. Si discuten sobre planes de infraestructura, o sobre planes de reactivación de comarcas enteras, debe verse como normal que alcen la voz sobre un asunto que aporta oxígenos a los ayuntamientos y reduce la lista de paro.

El plan local de obras públicas descansa en un mecanismo muy simple: se toma un porcentaje de recaudación fiscal y se asumen centenares o miles de nóminas, descontando una cantidad necesaria para publicitar el propio plan. Si la recaudación fiscal está toda comprometida en inversiones y gastos, se asume deuda para pagar las citadas nóminas. No se trata de crear empleo ligado a proyectos empresariales, sino de contratación de mano de obra por un breve periodo de tiempo. El elemento nuclear del plan no es la creación de valor añadido, sino el compromiso con el pago de nóminas.

El Fondo de Inversión Local de Zapatero, dotado con 8.000 millones de euros, tiene la misma filosofía. El FMI valoró positivamente los efectos del plan Zapatero, así como criticó la devolución de los 400 euros a los contribuyentes. La ventaja del plan de Zapatero, y del anunciado plan de Areces, está en que pone el dinero en manos de desempleados, luego el incremento del consumo es inmediato. Sin embargo, dar 400 euros a gente acomodada no garantiza más demanda, porque puede que lo dediquen a aumentar su cuenta de ahorro. El problema está en que todas esas medidas tienen en común el crecimiento del déficit público, y las arcas del Estado y del Principado están ahora en una situación muy distinta a la que había al empezar el año, cuando Zapatero lanzó la propuesta.

El presidente Areces quiere que los ayuntamientos cofinancien las obras, justo cuando los alcaldes de España piden urgentemente a Elena Salgado los 3.000 millones de euros que hace diez días les negó Manuel Chaves. Es justa la petición del presidente del Principado y lógica la negativa de los alcaldes: nadie tiene dinero. Desde el inicio del verano la situación ha dado un vuelco en las cuentas públicas. Un ejemplo. Zapatero, como medida social, ha propuesto dar 420 euros a los parados que hayan terminado de cobrar la prestación del desempleo. La propuesta se calcula que supondrá 906 millones de euros para las arcas del Estado; pese a ser una cantidad reducida, Zapatero quiere que la cofinancien las comunidades autónomas. Es preciso cambiar de mentalidad, porque ya no hay despensa.

Hay que reconocer que Zapatero malcrió a comunidades autónomas y ayuntamientos, al entregar 11.000 millones de euros a los gobiernos regionales, en concepto de financiación territorial, y 8.000 millones a los alcaldes, por planes de empleo, en un momento en que ya caía la recaudación fiscal. Un total de 19.000 millones de euros a cambio de nada; un lujo de ricos, cuando todos los indicadores dicen que nos hemos empobrecido.

Lo más preocupante de planes y debates públicos es la atmósfera que envuelve a la clase política asturiana y a los agentes sociales. En la revisión del ACEBA nadie habla de recortar gastos y en los prolegómenos del trámite parlamentario de los presupuestos se da por descontado que se mantendrán las cifras de recursos para el año que viene. Se planea la cobertura de las necesidades de mañana con los ingresos del pasado, sin darse cuenta que ya han menguado.

Esta semana, el ministro de Fomento, José Blanco, planteó los proyectos de infraestructuras del Gobierno para Asturias, con la misma táctica que empleaba Álvarez-Cascos: todo controlado, se asumen proyectos que no estaban ni en los planes de su antecesor. Traigo a colación este asunto, porque la reacción de los agentes sociales fue la de minusvalorar las ofertas, porque si la variante de Pajares está para dentro de tres años, no merece la pena.Todo esto en medio de una crisis económica nunca vista ni por los más viejos del lugar, con una caída de PIB espectacular.

Tengo una imagen en la cabeza desde que empecé a escribir este artículo: los más incapaces para adaptarse a las crisis económicas son las familias venidas a menos, que viven de grandezas pasadas, y ante los requerimientos de los deudores siguen pensando que alguien picará a su puerta para llevarles el desayuno a la cama.