En la reunión del Consejo de Gobierno se ha decidido limitar la concesión del cheque-bebé a las familias cuyos ingresos anuales no superen los 45.000 euros. La propuesta había sido demandada por IU que se mostró contraria a la universalización de las ayudas desde su implantación. La extensión del cheque-bebé fue una propuesta sorpresa de Zapatero, en el debate sobre el estado de la nación de 2007, al ofrecer 2.500 euros por cada vástago, con independencia del nivel económico de los padres. A Rajoy le pilló la medida con el paso cambiado y perdió el debate. El presidente Areces se mostró raudo a redondear la cantidad con 500 euros del Principado, quedando fijado en 3.000 euros el apoyo de las administraciones a los padres.

Discutir sobre la justeza de una ayuda de este tipo no da para muchos debates, ya que cualquiera puede comprender que subvencionar la paternidad de un banquero con 3.000 euros es un despilfarro. No obstante, en materia de derechos sociales, muchos estudiosos son proclives a la universalización de los mismos, porque consideran que la extensión al cien por cien de la población los hace más sólidos, y en el caso de tratarse de un servicio (sanidad o educación) se convierte en una garantía frente a la degradación. Verbigracia: si se dejara la red pública sanitaria o educativa dedicada, en exclusiva, a personas con pocos recursos, en unos años su deterioro sería irreversible.

La subvención se concedió cuando empezaba la crisis, y en un periodo de caída de la recaudación fiscal es un sinsentido. Hay otras ayudas o regalos de las administraciones que merecen el mismo juicio, como la devolución de 400 euros a los contribuyentes, sin límite de renta, o en el caso de Asturias el cheque para libros escolares a todas las familias que tengan unos ingresos inferiores a los 60.000 euros anuales, o las ayudas para los jóvenes que quieran comprar un ordenador. El Principado acierta al condicionar el cheque-bebé a la no superación de un determinado umbral de renta. Ahora hace falta que se anime a aplicar recortes en otras partidas presupuestarias, porque con la reducción de los beneficiarios del cheque-bebé el ahorro en el gasto público es puramente testimonial. La decisión tomada tiene más ribetes estéticos que efectos económicos.