María Dolores de Cospedal ha declarado que España es un Estado policial; para justificar tan grave acusación, la número dos del PP ha dicho que se realizan escuchas telefónicas ilegales a personas que no estén involucradas en ningún sumario judicial, y que se utiliza a la Fiscalía, la Policía Judicial y el Centro Nacional de Inteligencia para tal fin. Según la señora De Cospedal el Gobierno persigue a la oposición como en un sistema antidemocrático.
No recuerdo que ninguno de los principales dirigentes de los dos grandes partidos haya hecho nunca una crítica tan dura sobre el funcionamiento de nuestro sistema de libertades. Que las declaraciones de la secretaria general del PP se hayan realizado en plena pausa vacacional no quita hierro a sus juicios de valor. Ya habíamos oído decir que la democracia española es un Estado policial, pero a los portavoces de Batasuna, no a un alto dirigente del PP.
Como las sensaciones son muy subjetivas, puede que Dolores de Cospedal se sienta perseguida, pero no hay ningún dato objetivo que permita deducir que corre peligro que la detengan, o que le impidan decir lo que le plazca sobre cualquier asunto, o que sufra la menor restricción en cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución. No veo en Dolores de Cospedal una copia de aquella Violeta Chamorro acosada por los sandinistas antes de ganar las elecciones en Nicaragua.
No hay ningún parecido entre la democracia española y las democracias corrompidas, como Venezuela. Y mucho menos entre nuestra democracia y los estados policiales, como Cuba, China o la Rusia de Putin. Ni los socialistas en Francia ni los conservadores en Inglaterra se atreverían a formular un juicio parecido sobre el proceder de Sarkozy o de Brown. Cuando se tiene una alta responsabilidad política, hay que medir muy bien las palabras antes de hablar de asuntos que afectan a la esencia de las instituciones democráticas.
En lo que va de año han surgido diversas informaciones sobre presuntas corruptelas en territorios gobernados por el Partido Popular. Hasta que los jueces no digan la última palabra toda valoración debe ser provisional. Lo único realmente anómalo en los procedimientos seguidos son las constantes filtraciones de los sumarios, algo que se debe investigar, pero que no constituye la prueba del nueve de un Estado policial.