Desde el Congreso de los Diputados el Gobierno central propugna un pacto por la sanidad para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud; Comisiones Obreras de Asturias dice que se debe abrir un debate sobre la sanidad regional para llegar a un gran acuerdo; la Unión de Consumidores de Asturias también habla de pacto. Con la sanidad ocurre lo mismo que con la educación: al constatar sus ingentes problemas se propone el acuerdo entre políticos y agentes sociales como solución.

La medicina del pacto es una estrategia recurrente en la vida política española que hunde sus raíces en la eficacia y la trascendencia que tuvieron los Pactos de la Moncloa, cuando la economía española atravesaba una etapa de marasmo por culpa de la crisis del petróleo. Si hay un acuerdo entre los partidos políticos y los agentes que operan en la sanidad se evitan agrias polémicas mediáticas y parlamentarias, pero hay que sopesar las renuncias que implica un acuerdo de esas características antes de dar el visto bueno.

Cuando la dinámica del gran acuerdo se abre paso, suele darse una gran importancia a la foto que sella el pacto, lo que obliga a tratar de pergeñar un documento que sea respaldado por interlocutores muy diversos. Se trata de lograr la foto, ‘como sea’, tomando prestada una conocida expresión del presidente Zapatero. Aunque se recurre a la retórica de ‘repartir las cargas’, los únicos sacrificios recaen sobre el Gobierno. En ese tipo de acuerdos, como hemos visto este verano con el pacto social, la ambición de los contenidos queda muy rebajada, para dar paso al consenso sobre documentos descafeinados de los que se han retirado los aspectos más conflictivos. En resumen: tienen mucha más importancia las firmas que lo firmado.

Por esa vía la sostenibilidad del sistema de salud no queda garantizada. Ante un problema tan tangible como el crecimiento del gasto sanitario hay que meterse en harina, recortando la factura de los medicamentos, congelando sueldos y redimensionando instalaciones. Una operación de ese tipo puede llevarla a cabo una mayoría parlamentaria suficiente, como la que hay en Asturias, a condición de que todos los miembros de esa mayoría compartan los objetivos propuestos. No es el caso. Ante este estado de cosas cabe pensar que el problema continuará agudizándose, con un mayor desfase entre los gastos y los ingresos.