El Principado asume que la liquidación fiscal del presente año también conllevará la devolución de dinero al Estado. Aunque todavía falta por saber lo que ocurrirá en los últimos cinco meses del ejercicio, no es previsible que la bajada de ingresos conozca un cambio de tendencia. Las cuentas definitivas del año 2008 obligan al Principado a devolver cerca de 190 millones de euros, y las del presente ejercicio arrojarán un balance parecido.

El Gobierno regional considera que la rebaja de ingresos fiscales no pone en peligro las inversiones ni la financiación de los servicios públicos ni los compromisos previstos para el presupuesto del año 2010. Es cierto que la devolución a la Hacienda del Estado no hay que practicarla hasta el año 2011, así que no supone ninguna merma para el próximo ejercicio, pero las devoluciones del 2008 y del 2009 son algo más que una anécdota. Para empezar, si el Gobierno central hace unos cálculos más realistas para evitar el engorroso y conflictivo trámite de reclamar a las comunidades autónomas parte de lo entregado, empezará por darnos menos dinero a cuenta, con lo que no habrá nada que devolver por la sencilla razón de que recibiremos bastante menos dinero. Como la sociedad y los empresarios no esperan que decaiga la inversión del Principado, y el coste de los servicios públicos no dejará de crecer, los problemas de financiación se plantearán sin demora. Malo es devolver, pero no es mejor opción recibir menos.

Lo más sensato es que las comunidades autónomas actuaran con realismo y ajustaran sus presupuestos a la realidad de unos ingresos menguantes, pero no creo que sigan por ese camino. El debate sobre el modelo de financiación autonómica se acabará por reabrir, y veremos cómo algunas voces empiezan a decir que hay que hacer ajustes. Sobre este asunto se habló mucho durante la negociación del modelo, pero nunca con claridad. El Gobierno no dio a conocer los cálculos que tenía sobre la cantidad de recursos que recibiría cada comunidad autónoma, limitándose a callar ante los anuncios realizados por los portavoces autonómicos. En el momento en que la mejora de financiación por habitante no compense la caída en la recaudación fiscal, volverá a surgir el malestar de las comunidades. La nómina del médico, del profesor o del asistente social no entiende de pérdidas de recaudación.