La subida de impuestos, anunciada de forma genérica por Zapatero, forma parte de una secuencia que se inició con el fuerte incremento del gasto público. El Gobierno encaró la carrera de las últimas elecciones generales con medidas seductoras para el ciudadano: cheque-bebé, y 400 euros para 13 millones de contribuyentes. Inaugurar una política de promoción de la natalidad en el momento de la historia en que más crecía la población con la llegada de inmigrantes resulta curioso, pero mucho más chocante fue el objetivo teórico de crear 100.000 empleos con un regalo de Hacienda personalizado. Entre uno y otro asunto se tiraron por la borda más de 8.000 millones de euros. Así empezó a dilapidarse el superávit del Estado, en una época en que todavía se creaba empleo neto.

Cuando la crisis económica empezó a medirse por aumentos mensuales del paro, el Gobierno, avalado por la doctrina de organismos internacionales y la praxis de todos los gobiernos de los países ricos, procedió a gastar sin reservas, dando subvenciones a sectores en crisis, financiando agresivos planes de obras municipales o abriendo programas de construcción de vivienda protegida. La idea de cubrir el hueco dejado por la retirada de la iniciativa privada y la meta de mantener el consumo sirvieron para dar el visto bueno a todas las iniciativas de gasto. Peldaño a peldaño, el déficit público fue creciendo, y se espera que a finales de año se escriba con dos dígitos.

Ante este panorama llega la decisión de subir los impuestos. Es importante aclarar que las razones que se esgrimen para la subida (baja presión fiscal española y caída de la recaudación) no van al fondo del asunto, porque la verdadera causa es el crecimiento desaforado del gasto. La presión fiscal es más baja porque la actividad económica decayó y hay 1.300.000 parados más que hace un año, pero no quiere decir que los tipos impositivos actuales sean un guante de seda para el contribuyente. En cuanto a la bajada de la recaudación nunca habría llevado a un déficit público tan alto sin los programas de gasto.

No voy a defender la trasnochada ideología que lleva a identificar el gasto público, y en particular, el gasto social, con malversación de recursos, pero el Gobierno no estableció prioridades. Con más de cuatro millones de parados, financiar el desempleo sale más caro que costear toda la educación pública española, pero esa partida debe cubrirse sin pestañear. No cabe decir lo mismo de los programas de construcción de vivienda protegida, que rozan el colmo del absurdo cuando hay un exceso de oferta de más de un millón de viviendas sin vender. Ni es momento para subvencionar el alquiler de jóvenes que se quieran emancipar. Ni para dar medicinas gratis a los jubilados que gocen de una pensión máxima. Ni se pueden estar construyendo centros de día que luego no se inauguran por falta de clientes. Ni hay que hacer trucos con el coste de la energía eléctrica para cebar la enorme factura del déficit tarifario que se paga con impuestos.

En el crecimiento del déficit público influyeron casi tanto las decisiones políticas como los efectos de la crisis económica. Por todo ello, Zapatero va a subir de forma «temporal y limitada» los impuestos.

El presidente no quiso decir qué tipos impositivos va a cambiar, pero dio alguna pista al asegurar que preservará la actividad de las empresas y las rentas de los trabajadores. Traducción: El Impuesto de Sociedades no se toca y el IRPF de los contribuyentes con ingresos por debajo de un determinado umbral (¿40.000, 50.000, 60.000 euros anuales?) seguirá con el mismo gravamen. Como el déficit público es de récord, hay que hacer algo más que un pequeño retoque impositivo, así que me inclino a pensar que elevará el IVA dos o tres puntos por encima del 16%, porque es el segundo más bajo de la Unión Europea. La medida tiene inconvenientes al penalizar el consumo, pero no hay margen para quedarse cruzados de brazos. También creo que endurecerá la tributación de las rentas de capital y aumentará los Impuestos Especiales, que ya conocieron una subida en primavera.

La subida de impuestos es una derrota política, porque no estaba en el programa de Zapatero y fue rechazada rotundamente hasta hace unas semanas. Una subida de impuestos que no vaya acompañada de un programa real de austeridad provocará un hondo malestar social. Para dar un sentido positivo a la subida de tributos el Gobierno va a presentar una rimbombante iniciativa: la Ley de Economía Sostenible, que presenta analogías con aquellos exóticos inventos legislativos de Julio Anguita, con normas sobre la obsolescencia de los objetos de consumo. La economía es algo muy complejo para poder enderezarla con una ley.

En ese marco de sostenibilidad es muy probable que el Gobierno inaugure la llamada ‘fiscalidad verde’, con tributos sobre procesos productivos que contaminen o sean intensivos en consumo de recursos naturales.

En Asturias, IU manejó siempre esas ideas, así que la fiscalidad verde puede ser en el Principado una concesión de los socialistas en un momento en que toca tomar decisiones conflictivas sobre la incineradora de Serín. Para IU sería más sencillo digerir la incineradora si colocan una tasa a la industria contaminante de la región. La fiscalidad verde tiene más intencionalidad política que eficacia recaudatoria.