Dejando a un lado lo ocurrido en las elecciones autonómicas y municipales, entre las elecciones generales del 28 de abril y el encargo realizado por Felipe VI a Pedro Sánchez para que se procure apoyos para la investidura, hubo dos etapas distintas. De manera informal, y sin que haya precedentes, Pedro Sánchez se entrevistó, uno a uno, con los principales líderes políticos del país. En esa ronda se confirmó el disenso entre el presidente en funciones y los dirigentes de la derecha, y el compromiso compartido con Pablo Iglesias de asegurar la gobernabilidad del mandato. Luego, Pedro Sánchez guardó silencio y dejó que los demás hicieran conjeturas. La pasividad del presidente avivó la impaciencia de Iglesias, necesitado como está de un socio que lo defienda de las aceradas críticas de sus conmilitones. Como Sánchez está pendiente de las negociaciones en comunidades autónomas y ayuntamientos, no quiso hacer ningún gesto que reste capacidad de maniobra a los dirigentes regionales y municipales de su partido.

La investidura de Pedro Sánchez está asegurada porque no es posible presentar un candidato alternativo. Cualquier intento de la derecha sería ampliamente derrotado con los votos de PSOE y Podemos, a los que se uniría la miscelánea de grupos nacionalistas. Si Podemos cambiara de táctica y obstruyera la investidura quedaría definitivamente noqueado en unas elecciones anticipadas. Las llamadas reiteradas a las urnas siempre castigan a los que utilizan torticeramente los escaños contra el sentido del voto de los electores. Como la investidura de Sánchez no está en discusión, la incógnita está en los aliados. Un asunto que marcará la legislatura.