Las respuestas de los tres grupos son decepcionantes. Pablo Casado y Albert Rivera siguen instalados en la estrategia del corto plazo, cuando la próxima legislatura reúne, a priori, las características para durar cuatro años. Aquí no está en juego fortalecer o erosionar el poder de Pedro Sánchez, sino acordar la hoja de ruta del Gobierno. Si el PP y Ciudadanos se posicionan en función de la ideología, Pedro Sánchez será investido por Podemos y los nacionalistas. Los apoyos no son inocentes, sino que determinan los programas de gobierno, así que habrá nuevas subidas de impuestos, aumento del gasto público y trato exquisito con la Generalitat. Si la derecha juega un papel activo, el programa versará sobre la sostenibilidad de las pensiones, la reducción de la deuda pública, el fortalecimiento del Estado o la solidaridad entre las comunidades autónomas. Con la primera alternativa perdemos casi todos, con la segunda ganamos la mayoría. Entiendo que Casado y Rivera quieran darle a Pedro Sánchez una cucharada de su propia medicina entonando el «no es no». Sin duda se lo merece, porque Sánchez puso por delante los intereses de su partido, y los suyos propios, a los de España, pero la suerte del Estado no puede estar a merced de un juego de venganzas. El acuerdo entre los partidos constitucionalistas es una necesidad.

El gobierno de coalición de Podemos es un flotador para Pablo Iglesias, que necesita dirigir un ministerio para llenar el vacío de un caudillismo desnortado. Carece de capacidad de presión. Si por su culpa hubiese que repetir las elecciones, el PSOE rozaría la mayoría absoluta y el partido morado iría de cabeza al grupo mixto.