El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha decidido que los jefes de servicio tendrán que renunciar a su cargo si dan clases en las universidades privadas. El resto de facultativos de la sanidad pública, si aceptan ser profesores en las privadas, perderán el complemento de exclusividad. Estas medidas restrictivas sobre la libertad de trabajo las justifica el Sespa argumentando que dar clase en una universidad privada es lo mismo que pasar consulta en un hospital privado.

En los últimos tiempos, con dificultades y resistencias, se flexibilizaron las normas que impiden compatibilizar el trabajo en el área pública con la privada. La flexibilidad laboral abarca más campos, como permitir que los perceptores de pensiones puedan trabajar y recibir salarios simultáneamente. Asturias va en el furgón de cola de la liberalización, como lo prueba la medida del Principado (el Sespa pone la firma, pero la orden proviene de las alturas). Somos la única comunidad autónoma, junto con Navarra, donde se penaliza que un médico de la sanidad pública dé clases en una universidad privada. Se recorta su sueldo, sensiblemente, y si es jefe de servicio queda degradado.

No hay ninguna incompatibilidad entre, por ejemplo, operar en un hospital y dar clase en una universidad, si ambos son instituciones públicas, pero esa situación se vuelve insostenible si la universidad es privada. Con una mano, el Gobierno da licencia para impartir enseñanzas a las universidades privadas y, con la otra, les pone obstáculos para contar con un cuadro de profesores competente, recortando su sueldo en el caso de que osen trabajar en la privada. No hay razones para que los médicos del Sespa tengan recortada su libertad de trabajo, cuando en otras regiones no sufren cortapisas.

El Principado tiene un problema con la iniciativa privada. Pone dificultades a las empresas para establecerse y recela de cualquier intento privado en un campo donde trabaja la actividad pública. En los últimos tiempos, ha quedado muy claro que quiere gozar de monopolio en las áreas donde trabaja. No quiere universidades privadas, ni sanidad privada (Quirón), pretende solucionar problemas tan graves, como la vivienda, a partir de la iniciativa pública. Y para que no haya dudas del predominio de lo público, es una de las comunidades autónomas con impuestos más altos (segunda en el IRPF, por detrás de Cataluña, y primera en gravar Sucesiones y Donaciones) para captar el mayor volumen de recursos de familias y empresas.