El proyecto de ley del Principado para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, está en el trámite de la presentación de las enmiendas. Vox registró una enmienda a la totalidad, y los grupos del PSOE, PP, Convocatoria por Asturias y Foro, presentaron un nutrido grupo de enmiendas parciales, que van desde cuestiones de fondo, como en el caso del PP, hasta cuestiones más bien formales, de redacción, como hizo Convocatoria por Asturias.

Aunque cabe hacer la misma objeción a otro tipo de leyes autonómicas, en esta norma es especialmente evidente que lo que legisla la Junta General del Principado sobre LGTBI es redundante, porque ya está plasmado en otra norma de superior rango: la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans o Ley LGTBI. Esta norma estuvo impulsada por el Ministerio de la Igualdad que tenía de titular a Irene Montero y fue respaldada, junto con los partidos del Gobierno de coalición, por Bildu, ERC y Más País. No es una ley con planteamientos tímidos, precisamente. Se reconoce la «autodeterminación de género» a los dieciséis años; se puede cambiar de sexo y nombre en el Registro Civil mediante una simple declaración expresa, sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales. Una norma rupturista que dividió al movimiento feminista, como se hizo visible en las manifestaciones del 8-M. Las feministas de siempre defienden la tesis de que la autodeterminación de sexo, que bien podríamos llamar la libertad de escoger sexo, laminaba a la mujer como categoría jurídica basada en el sexo biológico, con graves consecuencias para las conquistas logradas por el movimiento feminista en las últimas décadas. En resumen, la ley autonómica puede dar satisfacción a los sectores más implicados en la problemática LGTBI, quizás aporte algún rédito electoral, pero no está llamada a tener efectos prácticos relevantes.

El asunto central es el ya citado de la autodeterminación de género. En este tema las principales modificaciones las propone el PP, al plantear el aumento del peso de las familias en las decisiones que afectan a los menores de edad; exige requisitos médicos adicionales para aplicar tratamientos relativos a la transición de género, y solicita el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Con la enmienda a la totalidad de Vox, el PP tiene que acertar en el mensaje.