Tras el rechazo de las once comunidades autónomas gobernadas por el PP a participar en encuentros bilaterales con el Ministerio de Hacienda para negociar el nuevo modelo de financiación, la ronda de contactos ha quedado reducida a tres regiones: Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha.

El miércoles tendrá lugar la primera reunión del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, con el ministro, Arcadi España. Desde el 9 de enero, fecha en que María Jesús Montero presentó el nuevo modelo, el Principado lanzó repetidamente dos mensajes: rechazar el modelo de financiación al entender que, con él, «Asturias pierde», y exigir que el sistema tenga en cuenta «la orografía, el envejecimiento y la dispersión de la población».

Poner el énfasis de la negociación en la orografía, la dispersión y la vejez es algo propio de otros tiempos, cuando estaba asegurada la equidad entre las regiones y los mecanismos de solidaridad entre territorios. Esta vez el Gobierno planteó un modelo distinto, pactado con ERC, donde Cataluña goza del principio de la ordinalidad (las comunidades autónomas que aportan más financiación per cápita deben quedar por encima de los que aportan menos, una vez aplicados los mecanismos de solidaridad entre los territorios.) y se beneficia extraordinariamente de unos fondos creados a su medida.

Antes de entrar en este asunto, digamos que, en el cálculo de la población ajustada –la clave del sistema para repartir los recursos–, donde se ponderan las características propias de las regiones, la diferencia entre el actual modelo y el nuevo son mínimas. Tienen menos peso los servicios sociales en el nuevo modelo; la población protegida (sanidad) y la educación se mantienen prácticamente idénticas, mientras que la superficie de las regiones y la dispersión de la población están menos valoradas.

Asturias puede reivindicar que necesita más recursos por tener una población envejecida, igual que Madrid puede poner en la balanza el crecimiento de la población en 800.000 personas desde que se aprobó el actual modelo. Todas las comunidades tienen rasgos singulares que llevan ya muchos años ponderados. La vía de hipertrofiar los cálculos no aportará grandes mejoras.

La novedad en la posición del Principado llegó hace unos pocos días cuando advirtió que el fondo climático (1.004 millones) y el mecanismo del IVA de las Pymes (2.084 millones) no se pueden aceptar, tal como está configurados. En efecto, son dos elementos perturbadores que echan por tierra las mejoras que propone el nuevo modelo con los mecanismos de nivelación horizontal y vertical que procuran un reparto más equitativo de los recursos.

El Fondo Climático y el mecanismo del IVA de las Pymes son elementos extraños a la metodología del modelo de financiación autonómica. No tienen nada que ver con el coste de los servicios, aunque pretendan incluirlos, solo sirven para otorgar a Cataluña una posición de privilegio, al quedarse con el 20% del Fondo Climático y con tres cuartas partes del mecanismo del IVA de las Pymes.

Cataluña aporta 2.266 millones de euros al Fondo de Garantía del sistema de financiación, pero con las reformas introducidas sólo aportará 810 millones. Dada la mayor cuantía de recursos que tendrá el sistema al transferir el Estado a las comunidades autónomas la recaudación del 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, nos encontramos con que, en la financiación por habitante ajustado, Cataluña recibirá 507 euros más que ahora, mientras el incremento en Asturias solo será de 122 euros. Si observamos la subvención o aportación que da el sistema a las comunidades autónomas, vemos que es de 802 millones para Asturias y con la reforma del sistema pasará a ser de 682 millones. Justo lo contrario de lo que ocurre a Cataluña que mejora su posición en 1.456 millones. Menos en la cuota del Fondo Climático, donde Andalucía recibe 18 millones más que Cataluña, en el resto de variables la mejora más sustancial corresponde a Cataluña.

Hará bien el Principado en rechazar las nuevas figuras creadas porque son ajenas a la lógica del sistema de financiación y constituyen una fuente de desigualdades. También deben saber en el Ministerio de Hacienda que Asturias rechaza el principio de ordinalidad que atenta contra la solidaridad del modelo de financiación autonómica.

No podemos pretender que Asturias reciba un trato satisfactorio en el reparto de recursos, si el modelo de financiación sigue orientado a beneficiar a Cataluña.