La empresa tecnológica Indra, liderada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha solicitado al Principado la calificación de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para las instalaciones que desarrolla en Asturias. Cualquier proyecto de una cierta envergadura (más de cien trabajadores en plantilla, inversiones superiores a los treinta millones) resulta mucho más fácil de ejecutar si cuenta con la certificación de PIER: se reducen los plazos administrativos, se tiene acceso prioritario a incentivos y financiación pública, y es factible llevar a cabo modificaciones urbanísticas de una forma rápida.

Crear la figura de PIER fue un empeño del entonces vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, contra la que luchó IU con todas sus fuerzas. Tampoco gozó del apoyo entusiástico de todos los suyos y casi acaba la legislatura sin aprobarse la ley que lo regula. Hay que ver como normal que Indra gestione en la Administración del Principado el sello de PIER para su proyecto industrial.

En el caso de Indra conlleva un interés añadido, ya que en su proyecto industrial están El Tallerón (Gijón) y también el taller de Barros (Langreo). Éste último es propiedad de Duro Felguera y las dos empresas llevan tiempo negociando la compraventa sin llegar a un acuerdo. Indra está dispuesta a pagar en torno a los seis millones de euros y Duro Felguera solicita una cantidad cercana al doble. El Principado ha demandado «responsabilidad» a Duro Felguera para vender el taller. Es preciso aclarar que para Indra esa infraestructura es fundamental para construir su segunda planta de blindados. Duro Felguera vendió hace una docena de años la maquinaria del taller de Barros.

La ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional contempla la facultad de expropiar instalaciones en el caso de que concurra el interés general. Esta capacidad legal es la que convierte el PIER de Indra en proyecto conflictivo. Es de desear que las dos empresas lleguen a un acuerdo sobre el precio del taller de Barros en los próximos días. En caso contrario podría salir afectado el interés general de Asturias.

Ahora bien, esta controversia no se debería resolver por la vía de expropiar bienes a Duro Felguera. Creo que le corresponde a la SEPI (Gobierno) hablar con la empresa para recordarle que ha ampliado generosamente el crédito que le concedió –hasta el año 2035–, así que le toca facilitar la venta. Es una cuestión de formas. La expropiación de bienes debe ser el último recurso.