Se cierra el ‘caso Cerredo’ con una votación parlamentaria inapelable: todos los diputados respaldando el dictamen, menos los diecinueve diputados del PSOE. Si hace un año nos hubieran dicho que el consenso no fue posible por un solo partido, todo el mundo hubiera señalado a Vox, como excepción dentro de la Cámara, pero mira por donde fue el PSOE.

Un accidente mortal en la mina, el más luctuoso en los últimos treinta años, y los socialistas negando que haya habido responsabilidades políticas. Aunque solo fuera por la historia sindical de sus antecesores en la minería asturiana deberían haber asumido el dictamen. Tanto amenazar con investigar «hasta el final», «caiga quien caiga», tanto hablar de pactos de sangre, para acabar cerrando los ojos ante la evidencia.

Desde siempre, las comisiones de investigación en la Junta General del Principado tuvieron más de esgrima parlamentaria que de esclarecimiento de responsabilidades. Con esos antecedentes no cabía esperar algo distinto, pero ocurrió lo imprevisto. El cambio se produjo por el impecable dictamen elaborado por Covadonga Tomé, basado en el rigor y la contundencia de los argumentos. Aceptando que la Administración autonómica no tuvo participación directa en el siniestro, sí cometió fallos de gestión (control, supervisión, inspección) que permitieron la existencia de labores extractivas irregulares sin un mínimo de medidas de seguridad. Tomé señala que el Principado otorgó concesiones y transmisiones de explotación «sin el rigor jurídico necesario, obviando los antecedentes de siniestralidad previa (accidente mortal de 2022)». Sin la negligencia de la Administración no se habría producido la tragedia.

El grupo socialista hubiera apoyado el dictamen si no señalara responsables políticos concretos. Responsabilizar a los consejeros de Industria de los últimos mandatos es una decisión demasiado arriesgada para la cúpula de un gobierno y de un partido que a fuerza de mantenerse décadas en el poder tiene reflejos conservadores. Sin estrategia de repuesto, todo lo que hicieron el socio mayoritario del Gobierno y la dirección de la FSA durante los últimos meses fue bunkerizarse ante las críticas.

El dictamen exige depurar a los políticos señalados, abandonando los cargos públicos, en el caso de que los ocupen. En esa situación están Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Enrique Fernández, presidente de Hunosa.

Quizás, por su bonhomía, Adrián Barbón sufre cuando tiene que destituir a alguien. No es plato de buen gusto despedir a un colaborador, aunque hay políticos que disfrutan cortando cabezas. No es el caso de Barbón que sigue un elaborado protocolo para cesar a consejeros. Lo primero es buscar un puesto en las administraciones para el político que se quiere relevar. Una vez encontrado, el cese se viste de cambio voluntario de actividad del consejero de turno en pos de nuevos horizontes. A veces, Barbón realiza una carambola: Melania Álvarez dejó ‘voluntariamente’ la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para ocupar el escaño del Senado donde estaba sentado Enrique Fernández, que le cedió el puesto para presidir Hunosa. De la misma forma, Nieves Roqueñí abandonó ‘voluntariamente’ la Consejería de Industria para ir a presidir El Musel.

El protocolo se basa en una premisa: en vez de cambios hay que hablar de rotaciones flexibles, porque todo el mundo vale para todo. Da igual gestionar minas que barcos. Barbón cumple con su gente y cuando alguien pisa charcos, inopinadamente, caso de Lydia Espina, aunque no tenga una plaza libre, se mantiene en la excedencia hasta colocarla en la jefatura de sección de evaluación y formación en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, con nivel 26, como los inspectores de Educación.

Digo todo esto porque el rechazo de Barbón a reconocer responsabilidades políticas entre sus colaboradores, además de tener una base política (miedo a erosionar la imagen del Gobierno regional), tiene un componente personal, porque le incomoda cesar a los cargos que antes nombró.

El dictamen ayuda a mejorar la percepción que tienen los ciudadanos del Parlamento asturiano. Se actuó con rigor e independencia, sin temer al choque con el Gobierno. Tomé dejó el listón muy alto, tal como exigía la tragedia de Cerredo.

Cuando el debate estaba en formar o no la comisión de investigación parlamentaria, Barbón dijo que sería ‘un circo’. Se equivocó, fue el trabajo más serio de la legislatura. El Principado no hará gestiones para que dimitan los exconsejeros de sus nuevos cargos. Está por ver si ese proceder tiene repercusiones electorales.