Las principales reivindicaciones del Gobierno de Adrián Barbón sobre el modelo de financiación autonómica tienen una larga data entre los ciudadanos porque son las que siempre plantearon los distintos gobiernos asturianos cuando tocó negociar la reforma del modelo: valorar la prestación de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales) teniendo en cuenta la media de edad de la población, la dispersión de la misma sobre el territorio y la geografía accidentada. Simplificando: vejez, diseminación, orografía.

Supongo que en las largas negociaciones (el actual modelo, vigente desde 2009, se acordó tras año y medio de reuniones de la ministra Elena Salgado con las regiones) el Principado habrá logrado que el envejecimiento, la dispersión y la orografía tuvieran más peso a la hora de ponderar la prestación del coste de los servicios, pero nunca nos comunicaron a los ciudadanos en qué quedaron, exactamente, nuestras peticiones.

El actual Gobierno de coalición (PSOE-IU) irá a Madrid a negociar con el Ministerio de Hacienda el nuevo sistema de reparto de recursos con los conocidos argumentos de pueblo montañoso, envejecido y repartido. Hacer visibles las debilidades y exigir que se tengan en cuenta a la hora de financiar los servicios es algo lógico, pero, por desgracia, estamos en una situación especial, inédita en los cuarenta y seis años transcurridos desde que se aprobó la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, va a negociar en Madrid sobre un modelo pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Un modelo que rechazan todos los ejecutivos autonómicos, con la excepción de Cataluña. Un sistema urdido por María Jesús Montero, que tomando como base de partida el actual reparto de recursos, entrega a cada catalán 577 euros más, mientras que cada asturiano solo ve incrementado en 246 euros la cantidad que recibe. Una distribución de recursos que ruboriza hasta los cínicos.

El Principado tiene que decidir si asume el modelo legado por Montero y negocia una mayor ponderación del coste de los factores demográficos y orográficos del sistema o se mantiene firme al compromiso de la Declaración de Santiago, rubricada por ocho gobiernos autonómicos, donde sólo se acepta la negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con rechazo explícito a los privilegios.