La iniciativa de Baltasar Garzón dirigiéndose a diversas instituciones para recabar datos sobre los ciudadanos desaparecidos por la represión franquista ha sido recibida de distinta forma por la clase política. El presidente Zapatero afirma que las administraciones están obligadas a colaborar con la Justicia, mientras el popular Jaime Mayor Oreja considera un disparate la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional. La disparidad de criterios se reproduce también en otros ámbitos: las asociaciones de víctimas y familiares consideran que los delitos cometidos bajo la dictadura de Franco son imprescriptibles, pero el Ministerio Fiscal afirma que se deben es archivar las diligencias porque los delitos fueron borrados por la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977.

La actuación de Garzón puede debatirse bajo el prisma jurídico -la divergencia entre el magistrado y el fiscal- o desde el prisma moral, asumiendo las reivindicaciones de los descendientes de los enterrados en fosas comunes. Ahora bien, el verdadero debate es político. Desde que Zapatero anunció la Ley de Memoria Histórica, un sector de la opinión pública apoyó la medida diciendo que la sociedad española estaba madura para hacer justicia con los grandes olvidados de la dictadura, mientras que otros muchos ciudadanos opinaron que se trataba de una propuesta anacrónica que dividía a la sociedad. Ese debate se reproduce ahora con la iniciativa de Garzón buscando indicios para acusar de genocidio al régimen franquista.

La renuncia al ajuste de cuentas con el franquismo no fue una posibilidad orillada por el primer Gobierno de la democracia ante posibles presiones de poderes fácticos, sino una estrategia planteada por la dirección comunista de Santiago Carrillo en el lejano año de 1956: la política de la reconciliación nacional. Tras el Concilio Vaticano II, la asumió la jerarquía católica española y, más tarde, el resto de las fuerzas políticas, sindicales y sociales españolas. La idea era olvidar las barbaridades cometidas durante la guerra civil y la posguerra, para zanjar las divisiones. La Ley de Amnistía de 1977 fue eso, olvido, al que se acogieron torturadores lejanos y terroristas cercanos. Tengo la impresión de que no se valoran bien los beneficios de aquella decisión.