La dirección federal del PSOE ha dado orden a sus representantes locales para que congelen las percepciones económicas de alcaldes, concejales, grupos municipales y cargos de confianza; además, la dirección socialista quiere que se mantenga constante el gasto corriente. Dado el nivel de penetración del PSOE en las instituciones, esta medida tendrá repercusión en la mayor parte de los 8.000 municipios que hay en España. En los ayuntamientos que gobierna el PSOE por mayoría absoluta la medida se llevará a cabo sin obstáculos (Valdés, Tineo, Llanes); en los municipios que hay un gobierno de coalición con IU (Gijón, Avilés), la propuesta deberá ser negociada con su socio de izquierdas; en los que gobierna el Partido Popular (Oviedo) la oposición socialista planteará la moción en el Pleno de la corporación.

Las medidas de austeridad deben ser respaldadas por todos. En un momento en que familias y empresas ajustan sus presupuestos, sería ilógico que las instituciones políticas actuaran como si la crisis económica no fuera con ellos. Dicho sea de paso, ese fue uno de los disparates que se cometieron en la gestión de la crisis de 1993: los ayuntamientos aumentaron en un 20% sus gastos. La propuesta socialista es un gesto oportuno, por el mensaje ejemplarizante que transmite, pero la incidencia que puede tener en la marcha económica del país y sus instituciones es mínima. Esta última afirmación tiene una excepción: el gasto corriente. Ordenar que congelen los ayuntamientos el gasto corriente son palabras mayores. Vamos a ello.

Bajo la denominación del gasto corriente se incluye toda la masa salarial de empleados públicos (¿qué pasaría con las ofertas de empleo?), las facturas de servicios (teléfono, electricidad, limpieza), los gastos financieros (a ver quién es el guapo que frena los gastos de los créditos con los tipos de interés al alza), las subvenciones a colectivos, empresas e instituciones, y el resto del gasto social. Que me señalen un solo ayuntamiento en España capaz de contener todas esas partidas con la inflación por encima del cuatro por ciento. Congelar el gasto corriente es lo que se debería hacer, pero habría demasiadas protestas. Y para un alcalde, la popularidad está por encima de la crisis, que es cosa del Gobierno.