A lo largo del verano se le han acumulado los problemas al Gobierno. Por dos veces, una en el mes de julio y otra en agosto, el vicepresidente Solbes chocó con las comunidades autónomas al exponer su modelo de financiación. La falta de sintonía con los entes territoriales se extiende a los ayuntamientos, que se han enterado de que el año que viene van a recibir menos financiación del Estado, cuando creían que iban a ser resarcidos de su deuda histórica.

No hay atisbo de acuerdo con las comunidades autónomas, pese a que está corriendo el plazo de 90 días fijado por Zapatero para la aprobación del nuevo modelo de financiación; se acaba de abrir un nuevo frente con los ayuntamientos, que une a alcaldes de todos los partidos contra el Gobierno. A los problemas territoriales hay que sumar los propios de la negociación con los agentes sociales, la ausencia de alianzas parlamentarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la falta de acuerdo con la oposición para aplicar medidas anticrisis. Un panorama desalentador si añadimos que en el pasado agosto se batió el récord histórico de crecimiento de la lista de paro: 103.085 personas, o lo que es lo mismo, 3.325 nuevos parados al día.

Cuando escasea el dinero es más difícil llegar a acuerdos políticos. Por eso, antes de repartir millones de euros es preciso establecer premisas rigurosas. El presidente Zapatero ha señalado que no conoce ningún precedente de que el pesimismo haya creado empleo, pero tampoco podrá señalar ningún caso en que el optimismo haya servido para asumir sacrificios en época de crisis. Ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos están dispuestos a hacerlo.

De todos los contenciosos abiertos, el más novedoso es de los ayuntamientos. A finales del pasado mes de mayo, cuando se iba a abordar la negociación de la financiación autonómica, los directivos de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) vieron la puerta abierta para colocar sus demandas. Básicamente, los ayuntamientos pedían dos cosas: repartir con el Estado y las comunidades autónomas los 7.000 millones de euros que gastan al año en gestionar competencias que no les corresponden (derivadas de leyes relacionadas con la igualdad, la inmigración o la dependencia) y tener una mayor participación en los ingresos fiscales del Estado.

La queja de los alcaldes iba dirigida, teóricamente, a las comunidades autónomas, que se quedan con el dinero que reciben del Gobierno para gestionar competencias que pasan a los ayuntamientos. Según los directivos de la FEMP, los ayuntamientos dedican el 30% de sus recursos a atender las llamadas ‘competencias impropias’, pero, paradójicamente, no reclaman el dinero a las comunidades, sino que convierten al Gobierno en el destino de sus demandas. En vez de deshacer el equívoco, el Gobierno de Zapatero asumió el reto de negociar con los alcaldes una mejora de la financiación municipal.

Pese a las promesas, los alcaldes acaban de comprobar cómo los efectos de la crisis económica se trasladan a los números del Gobierno, al reducir para el próximo año su aportación a los ayuntamientos, que puede verse disminuida en 700 millones de euros sobre las previsiones municipales. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, biministro (Justicia e Interior) del último Gobierno de Felipe González, acaba de convocar a representantes de las seis mayores ciudades de España para fijar una estrategia ante la propuesta del Gobierno. Se repite la historia de la negociación con las comunidades autónomas: el Gobierno da buenas palabras, pero luego vienen desmentidas por los números que aparecen en los documentos de trabajo.

Quitar al Estado

Al igual que ocurre con la crisis económica, la obsesión por trasladar mensajes positivos que enmascaran la realidad se está volviendo contra el Gobierno. Toca decir a presidentes autonómicos y regidores municipales que no hay más cera que la que arde, y que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán menos recursos el próximo año.

Tras esta premisa general, cabe añadir algunas cosas a los alcaldes. Si tanto les aprieta el zapato, dejen de gestionar las ‘competencias impropias’; reúnanse los alcaldes de cada comunidad autónomas y vayan todos juntos a protestar ante el presidente regional. ¿Por qué prefieren presionar al Gobierno central? La razón es simple: ante la opinión pública la Administración más deslegitimada es la estatal, mientras que las autonómicas y municipales gozan de buena reputación. Los ayuntamientos son la institución cercana (las ‘políticas de proximidad’) y las comunidades autónomas gestionan los principales servicios públicos (sanidad y educación). ¿El Gobierno central? Policías, jueces, diplomáticos, inspectores de Hacienda.

Los alcaldes, como los líderes autonómicos, se apuntan a trocear los grandes impuestos estatales (IRPF, IVA, Impuestos Especiales). El Gobierno asume la impopular labor de recaudar fondos, que luego van a otras administraciones. El reparto de papeles es tan descarado que, según datos del Banco de España, el pasado año más del 50% del gasto público correspondió a las comunidades autónomas.

El verdadero problema de los ayuntamientos es que pretenden tener el 25% de los recursos, como ocurre en los estados federales, sin darse cuenta que en España las comunidades autónomas tienen un estatus especial: juegan a tener un sistema de competencias provisional para crecer ilimitadamente en todas las direcciones.