Los socialistas reconocen que para aumentar el canon de saneamiento tienen que negociar con IU. En teoría todas las medidas del Gobierno regional deben contar con el apoyo de los dos partidos que componen la coalición. En la práctica nunca se actúa así en una alianza de gobierno, porque las discusiones internas serían interminables y el riesgo de ralentizar o paralizar la acción del ejecutivo sería muy alto. Lo más habitual en la trayectoria de los gobiernos de coalición es que cada partido tenga una alta capacidad de decisión sobre las carteras o consejerías que gestiona, con la excepción de cuestiones de gran trascendencia que comprometen a todos los miembros que forman el gobierno. En el caso de la alianza entre PSOE e IU hay que introducir otro elemento en la reflexión: la desigualdad de su representación parlamentaria. Creer que en las decisiones gubernamentales pese lo mismo un partido que cuenta con 21 diputados que otro que tenga cuatro es una quimera.

La experiencia de pactar gobiernos en Asturias es muy reducida, así que no hay una costumbre establecida sobre cómo resolver las diferencias entre los socios del Principado. La idea de que los papeles del pacto entre PSOE e IU forman las tablas de la ley oscila entre lo pretencioso y lo ridículo. No hay forma de abarcar el futuro en unas cuartillas mal escritas y llenas de enunciados cortos y meramente desiderativos. El pasado domingo, Francisco González Buendía, consejero de Infraestructuras, decía en este periódico que la decisión sobre la instalación de un horno en Serín se tomaría a lo largo de este año, advirtiendo que era un asunto que no estaba en el documento del pacto. Hay que ser muy optimista para imaginar que el incremento del canon de saneamiento debe ser negociado con IU, mientras que la ubicación de una incineradora en Serín es factible llevarla a cabo contra la voluntad de los consejeros de esa fuerza política.

En la elaboración del presupuesto de 2010 habrá que tomar decisiones incómodas, a no ser que proceda como hizo Solbes con las cuentas del Estado de 2009: cifras irreales, que quedaron desfasadas en el primer mes del ejercicio. Hay que actuar con mucho pragmatismo. No basta decir que el gasto social es una prioridad, porque lo prioritario es que la factura escolar de un niño de seis años no se eleve a 7.000 euros el curso.