Ana Rosa Migoya asegura que hay margen de maniobra para financiar la sanidad y que el Principado tiene capacidad para hacer ajustes internos. La portavoz del Gobierno transmite un mensaje de tranquilidad, al asegurar que no hay peligro sobre la quiebra del sistema de salud. En una misma semana es el tercer mensaje que sale del entorno del Gobierno. El primero corrió a cargo de Jesús Iglesias, al desvelar que el recorte del gasto público en 101 millones tenía como objeto dedicar ese dinero a pagar las nóminas de la sanidad. El segundo tuvo como protagonista a Jaime Rabanal, al afirmar que la financiación sanitaria está en riesgo, al crecer el gasto sanitario muy por encima de los ingresos. El tercero llega por Ana Rosa Migoya, que viene a pedir tranquilidad, porque el Principado controla la situación.

Cualquier persona que siga la política asturiana sabe que la sanidad es, desde hace años, un quebradero de cabeza para el Gobierno, por los desorbitados incrementos salariales del personal, por el elevado consumo de medicamentos y por los gastos estructurales del sistema, derivados de una red de centros tan potente como costosa. Lo que ocurre es que de estas cosas se habla en verano, pero no se resuelven en invierno, cuando políticos y gerentes están al pie del cañón. El deterioro de los servicios públicos no se puede contemplar con la pasividad que se mira un mapa de isobaras, porque está en las manos del Principado tomar decisiones, por encima de presiones sindicales, clanes profesionales y peticiones de alcaldes. No se puede estar a la espera de que Zapatero tenga un comportamiento generoso, como en la II Segunda Conferencia de Presidentes, y firme un cheque de 5.000 millones para que las comunidades equilibren sus cuentas un par de ejercicios.

Ana Rosa Migoya pide a los médicos que ayuden a contener el gasto sanitario, reduciendo pruebas diagnósticas y recetas, y hace un llamamiento a los pacientes para que no colapsen los servicios de urgencia al primer malestar. Para que funcionen esas peticiones tiene que haber un plan, que sólo será factible si se implican en su elaboración los mismos agentes (médicos y pacientes) que inciden en el gasto. La política sanitaria del Principado necesita aliados.