El Principado quiere proponer al Gobierno central y al resto de comunidades autónomas un pacto para cobrar a los enfermos que hagan un uso indebido de los servicios de urgencia de los hospitales, al demandar la solución a padecimientos que se pueden tratar en los centros de salud. La propuesta tiene dos elementos, por un lado el hecho de penalizar el mal uso de los servicios de urgencia, y por otro, la oferta de pacto. Si el Principado considera que hay un uso abusivo de los servicios de urgencia puede aprobar una norma que penalice a los ciudadanos que colapsen las urgencias con problemas menores. El usuario disconforme, que acuda a los tribunales. No necesita el Principado el apoyo de otras comunidades autónomas para implantar esa práctica. Hay otros servicios públicos de urgencia en Asturias que cobran por determinadas actuaciones, como las visitas a los domicilios para franquear la puerta a los dueños despistados que salieron de casa sin llevar las llaves.

La propuesta de pacto encubre el temor a tomar una medida que sería fuertemente criticada si sólo la adoptase nuestra comunidad autónoma. Es muy complicado multar con 300 euros a un ciudadano por acudir precipitadamente a un hospital al sentir un dolor agudo en el pecho, aunque realizado el electrocardiograma correspondiente resulte que el síntoma es sólo producto de la ansiedad. Ya sé que esa comprobación se la podrían hacer en un centro de salud, pero en caso de sufrir un infarto podría acabar muerto por seguir escrupulosamente el código de buenas prácticas ciudadanas. El canon o penalización que propone el Principado no pasa de ser un caso particular de un enunciado general: cobrar por acto médico. Cuando se comprueba que el crecimiento del gasto sanitario es un rasgo estructural de la red pública de los servicios de salud hay que tomar medidas que no estaban previstas hace veinticinco años. Una de ellas es el copago sanitario, extendiéndolo en el caso de las medicinas a los jubilados que gocen de pensiones suficientes, e implantándolo en centros de salud y hospitales, con un generoso sistema de exenciones para las familias que tengan rentas bajas.

No entiendo por qué un señor que gana 40.000 euros al año puede cenar todos los fines de semana fuera de casa, y tenga derecho a acudir todas las veces que quiera a la consulta médica sin pagar nada.