En Asturias, la discusión sobre la financiación del gasto sanitario se ha convertido en el debate del verano. La polémica no vino por las declaraciones de ningún líder político, sino por una operación presupuestaria concreta: el recorte de varios proyectos del Gobierno regional para liberar 101 millones de euros con destino al pago de las nóminas del Servicio de Salud.

La preocupación por el coste de la sanidad no es una novedad, ya que ha acompañado al debate político regional desde que se recibieron las competencias sanitarias. En el 2002, año en que se realizó el traspaso, la sanidad regional apenas costaba 900 millones de euros, y en la actualidad está en los 1.500 millones.

Lo primero que llama la atención del debate estival sobre la sanidad es el silencio de partidos, líderes políticos y expertos en gestión sanitaria sobre la principal causa del encarecimiento de la sanidad asturiana: las nóminas del personal. El gasto en personal supone la mitad de la factura sanitaria, y es el componente que más ha aumentado en los últimos años. En el actual presupuesto, la masa salarial aumentó en un 16%. Hasta hace no mucho, desde la Consejería de Salud se hacían críticas explícitas sobre las demandas retributivas de los médicos, el principal colectivo sanitario. Abierto el debate sobre el gasto sanitario, todos los participantes en el mismo tienen un cuidado exquisito en obviar el factor más inflacionista del gasto.

La causa de tan clamoroso silencio hay que buscarla en los repetidos triunfos del Simpa sobre el Principado. Desde el conflicto de la homologación de los sueldos con otras comunidades autónomas, hasta el reconocimiento de la carrera profesional, pasando por la negativa a sumarse a la política de transformación de centros de salud en unidades de gestión clínica, los posicionamientos del Simpa han sido determinantes en el rumbo tomado por la gestión sanitaria. En el último año, el Principado y las direcciones de los dos partidos que dan soporte al Gobierno de coalición han interiorizado que no se puede adoptar una política frentista contra un poderoso colectivo laboral, así que de las descalificaciones se ha pasado a las peticiones de respeto hacia un grupo de profesionales muy cualificado, con más de diez años de formación.

Socialistas e IU pueden cambiar de táctica para relacionarse con el principal colectivo de la sanidad, pero la moderación del crecimiento de la masa salarial sigue siendo una asignatura pendiente para la que nadie aventura recetas. El gasto en personal seguirá al alza.

Sobre el gasto en farmacia el análisis es lineal, al pasar de los 230 millones en que estaba en el año 2002 a los 340 millones del pasado ejercicio. El 80% del consumo de medicinas corresponde al 22% de la población que se encuentra jubilada y tiene las medicinas gratis. Puede mitigarse el gasto con medicamentos genéricos, pero esa política, con ser acertada, tiene un recorrido muy corto. El envejecimiento de la población conllevará más gasto en medicinas. Hay dos formas de contener las prescripciones de fármacos: con incentivos a los profesionales que receten menos o con la introducción del copago entre los pensionistas, como pasa en Muface, que consumen un 30% menos de medicamentos. Cualquiera de las dos medidas conlleva un coste político y social, aunque tendrían una incidencia clara en el gasto en medicamentos.

Hay una tercera fuente de gasto y proviene del mantenimiento de la potente red sanitaria asturiana (cuarta comunidad en número de médicos por 100.000 habitantes y sexta en camas hospitalarias por 100.000 habitantes). De esa red destaca el alto número de hospitales comarcales. Es preciso señalar que las infraestructuras sanitarias son producto de decisiones ministeriales en tiempos del Insalud. Es una red diseñada y costeada por los gobiernos de España, aunque se acostumbra presentar como la gran fachada de la gestión autonómica asturiana.

La concentración de la población en el centro de la región y la mejora de comunicaciones pide tomar decisiones, pero el factor identitario de la red sanitaria y el rechazo frontal de los alcaldes impide deslocalizar una simple camilla.

Del debate veraniego sobre el gasto sanitario destaca la opción ideológica de defender la red pública sanitaria, tal como está, y la reclamación de más tributos para costearla. A esto último se alude de forma eufemística, «la sociedad tiene que asumir el coste de la sanidad». Ya lo hemos escrito hace unos días: con el tres por ciento de la población declarando ingresos por encima de 60.000 euros, no cabe financiar nada importante con cargo a las rentas altas.

Y queda la cuestión del copago, que tanto escandaliza a la izquierda asturiana. Ya sé que todo el mundo paga la sanidad con sus impuestos, pero también se construyen las autovías con impuestos y en el futuro casi todas las nuevas vías serán de peaje, posibilitadas por una doble financiación: contribuyentes y usuarios. Es ridículo decir que no se contempla esa medida en la sanidad, cuando en el año 1991, la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud presentó el llamado, ‘informe Abril’, que llamaba a implantar un tique moderador, ante la incapacidad para financiar el gasto sanitario. El Gobierno lo presidía un señor llamado Felipe González. En el año 2005, la Generalitat de Maragall presentó el informe de Vilardell, que planteaba cobrar «tasas de baja intensidad» para algunos servicios sanitarios. La izquierda asturiana prefiere, por ahora, gestionar con dogmas.