En el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta, Elena Salgado, explicó las dolorosas consecuencias que va a tener para las comunidades autónomas la caída de la recaudación fiscal: cerrado el ejercicio de 2008, deben 6.000 millones de euros al Estado. La parte del león de los ingresos de las comunidades autónomas procede de su participación en los grandes impuestos del Estado (IRPF, IVA e Impuestos Especiales). Como sólo se conoce a posteriori la cantidad de tributos recaudada cada año, el Gobierno central entrega una cantidad a cuenta para las regiones, según las previsiones realizadas en los presupuestos. A partir del año 2007, la situación económica se ha invertido, así que las previsiones de recaudación han quedado muy desfasadas y la cantidad recibida por las comunidades autónomas, correspondiente al IRPF y al IVA, no tiene mucho que ver con la realidad. Toca ahora, conocidos los datos, ajustar las transferencias de dinero, correspondiendo a los gobiernos regionales devolver un billón de las antiguas pesetas.

En cualquier coyuntura, el optimismo en la recaudación es una ducha escocesa para los planes de gasto de las comunidades autónomas. Los compromisos ya están adquiridos y falla la financiación. En el actual panorama, la situación aún tiene aún unos tintes más graves, porque se acaba de cerrar el actual modelo de financiación autonómica, con un incremento del dinero transferido a las regiones que se basa en expectativas de recaudación irreales. Desde una valoración política es un contrasentido que los gobiernos autónomos más reivindicativos, como la Generalitat catalana, se ufanaran de obligar al Gobierno a inyectar 11.000 millones de euros adicionales en el sistema, para que al primer ajuste financiero-presupuestario toque devolver más de la mitad de ese dinero a las arcas de la Hacienda central.

Como la crisis económica afecta menos a Asturias que al resto de España, la recaudación fiscal ha sufrido un descenso más suave en nuestra región (en el año 2008 todavía se creaba empleo neto), lo que significa devolver una cantidad más pequeña al Gobierno central: entre 170 y 190 millones de euros. El Principado hablaba de ganar 200 millones con el nuevo sistema de financiación autonómica, y ahora toca entregar una cantidad parecida. Se recibe con una mano y se devuelve con la otra.