Viento de NordesteSociedad – Viento de Nordeste

Más de un millar de ucranianos

Ángel M. González — Sun, 08 May 2022 20:18:53 +0000

Transcurridos dos meses de una guerra que no ceja de atornillar a Europa, una vez amainado el estallido solidario de la ciudadanía con las personas huyendo de las bombas, a veces también caótico por la espontaneidad arrolladora que llegó a poner en evidencia la rémora de la Administración, se ha conocido el balance oficial hasta la fecha sobre la población ucraniana que ha encontrado en Asturias su lugar de refugio. Las cifras gubernamentales del éxodo sobrepasan incluso las que se llegaron a barajar al principio. Según los datos de la Consejería de Presidencia, 1.006 personas solicitaron protección en la región desde el 8 de marzo, que fue cuando el Gobierno español puso en marcha el mecanismo de ayuda a los refugiados por la invasión rusa. Desde entonces, 760 ucranianos recibieron la tarjeta sanitaria, 219 niños han sido ya escolarizados en casi un centenar de centros educativos de la comunidad autónoma y el Principado, con los ayuntamientos y las entidades sociales, habilitaron 731 plazas de acogida para los desplazados.
Son algunos apuntes de la intervención institucional ante la mayor crisis humanitaria que hemos padecido en el continente en el último siglo. Fuera de la estadística habrá más números, pero con los que conocemos hay que congratularse del nivel de respuesta que Asturias está dando a estas víctimas del sátrapa. No ocurre así en otras comunidades a las que llegaron y de donde ahora se están marchando por su escaso apoyo. En esa reacción asturiana ejemplar, Gijón ha adquirido un protagonismo relevante. Primero a través de Expoacción, una organización solidaria que había adquirido una larga experiencia con Ucrania trayendo a niños de Chernóbil desde 2006 para disfrutar sus vacaciones en paz. Y luego, por el resto de entidades, las iniciativas particulares y el apoyo municipal, con su aportación al fondo de contingencia y la inclusión en la red de alojamientos destinados a los refugiados del Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces. El Instituto Jovellanos, por su parte, tiene abierta un aula de inmersión lingüística de carácter itinerante para facilitar la incorporación al sistema educativo de los alumnos ucranianos.
Más de la mitad de las familias que llegaron a la región están asentadas en esta ciudad. Aunque la mayor parte de ellas prevén regresar a su país cuando la guerra haya acabado, el hándicap tras la institucionalización de su estancia es facilitar su integración ayudándoles a que se abran camino, de tal manera que vean aquí un lugar real para rehacer la vida, porque demográficamente también los necesitamos.
Ahora bien, el reto es ofrecer esa oportunidad en una región que continúa destruyendo empleo, ahuyentando a los jóvenes y manteniendo la tasa de actividad más baja de España. Una situación que se agudiza con el empobrecimiento generalizado que está sufriendo la población como consecuencia de la inflación por los efectos de la propia guerra. Las entidades solidarias que todos los días trabajan atendiendo la pobreza están constatando un crecimiento alarmante del deterioro social en Gijón a causa de la asfixia económica. El Ayuntamiento prevé aumentar la cuantía de las ayudas al pago de la energía y se prepara para la posible avalancha de peticiones de rescate a familias en apuros similar a la que se produjo en el primer año de la pandemia.
Las medidas anticrisis aprobadas el miércoles por el Congreso suponen un alivio, pero no atajan la penuria en la que están cayendo muchísimos hogares que han pasado, en pocos meses, a tener enormes dificultades para llegar a fin de mes por la locura de los precios. Son claramente insuficientes, más aún cuando expiran en junio como si para entonces se esperara una repentina mejora del panorama. No parece que vayamos a tener esa suerte, pues el propio Gobierno acaba de certificar con la rebaja de las previsiones de crecimiento el frenazo que está registrando la economía. Por lo tanto, sería deseable que se extendieran tanto como la duración del tope al precio del gas que acaba de autorizar Bruselas para contener el aumento de la factura de la luz. Un año de vigencia para tener cubierto el próximo invierno, que de lo contrario amenaza con ser infernal.

Nota. Este miércoles está prevista la rúbrica del protocolo que, se supone, servirá para relanzar el plan de vías tras otro periodo de atasco de tres años. Los mismos signatarios, en el texto que ha trascendido, manifiestan que se trata de «una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes para actuar con un objetivo común». Sin ninguna obligación, tal como recoge el documento. La conclusión, por lo tanto, es que la credibilidad o no de lo que se firme dependerá del grado de confianza que se tenga en cada uno de los firmantes.

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El pulso de la atención primaria

Ángel M. González — Tue, 19 Oct 2021 10:14:37 +0000

Después de dieciocho meses de pandemia, una vez levantadas las restricciones administrativas que mantenían a la sociedad encorsetada, celebramos la vuelta a una vida casi normal aún pendientes de arreglar muchos de los desajustes producidos por la embestida coronavírica. Unos desajustes que se dan en todos los órdenes, más o menos visibles, cuyo arreglo no debería implicar el retorno a inercias adquiridas en aquel tiempo suspendido, por mucha nostalgia que ahora sintamos, ya que en determinados casos lo que teníamos no era lo mejor que se podía ofrecer ni siquiera lo que buenamente precisábamos.
Pasa con la sanidad, uno de los ámbitos donde el regreso no puede ser a lo de antes, en tanto que lo que había requería una reinvención para atender una demanda creciente que ya entonces era incapaz de absorber con la debida satisfacción. Superada la prueba de resistencia que supuso la batalla contra la covid, los servicios sanitarios se enfrentan a otra prueba más de estrés: retomar la actividad ordinaria al cien por cien sin abandonar el control sobre el patógeno y paliando, además, los efectos que ha dejado en el sistema la guerra mantenida durante este año y medio devastador. Uno de ellos, el más preocupante sin duda, es el crecimiento de las listas de espera y el aumento disparatado de las demoras para una consulta con el especialista o para una operación. Ahora bien, no resulta admisible que se generen más problemas allí donde ya teníamos suficientes.
Esta semana un buen número de usuarios, comandados por la federación vecinal, reclamó mediante una sonora protesta ante la sede de la gerencia sanitaria local la recuperación de la presencialidad en la atención y la reapertura de los centros de salud cerrados por las tardes. Los pacientes dicen haber perdido la paciencia hasta llegar a expresar con una ocupación lo que el propio Adrián Barbón, en un arranque de excitación presidencial, tildó de situación «inaceptable». Reconocido el problema por quien tiene la responsabilidad máxima en resolverlo, resta trabajar en su solución de la forma más racional posible, sin dejarse llevar por apasionamientos.
Las dificultades de acceso a la atención primaria puestas de manifiesto a lo largo de todos estos meses no se pueden prolongar más. Hace unos días, la administración activó la cita por internet en los centros de salud dentro del proceso de desescalada en la sanidad asturiana, pero la vía telefónica para contactar con los servicios sigue siendo desesperante. El funcionamiento de las centralitas en determinados centros es de juzgado de guardia cuando se trata de la herramienta de comunicación mayoritariamente empleada por los usuarios para reservar consulta con el facultativo. A ello se añade la creciente atención telefónica que favorece la agilidad de los procesos, pero provoca una saturación de las líneas en unos dispositivos que carecen de las infraestructuras necesarias para afrontar un nuevo modelo de asistencia basado en combinar el contacto telemático y el presencial.
La exigencia de la presencialidad debería servir para acelerar la transformación de la atención primaria en Asturias, sin que ello se convierta en un pulso entre usuarios, administración y profesionales. Flaco favor hace quién desde la autoridad, además, lo espolea.
Los gestores sanitarios han diseñado un plan de desburocratización en los centros de salud, en colaboración con las sociedades científicas, cuyo desarrollo efectivo, tal como se ha propuesto, contribuirá a descargar las tareas relacionadas con el papeleo de los médicos. Estamos hablando de la recogida de solicitudes de informes de salud, bajas, justificantes, resultados de pruebas hospitalarias, citas de revisiones con especialistas o peticiones de transportes sanitarios programados. Todos estos trámites llegan a ocupar casi el 30% del trabajo diario de los profesionales. Por lo tanto, es evidente que su eliminación dejará un hueco importante en la agenda médica para la labor asistencial y aliviará la presión que existe ahora sobre los centros. Urge, por lo tanto, la aplicación de estas medidas en toda su extensión para impedir que se hable de fracaso. De la misma manera que no se puede recuperar la atención continuada en los siete puntos que cerraron por las tardes, tal como exigen los vecinos que protestaron hace unos días, sin solucionar el ‘síndrome del centro vacío’, sobre el que no se puede banalizar. Es decir, que cuando se acuda por una urgencia haya alguien que te atienda, sin esperar a que el facultativo correspondiente regrese de una asistencia a domicilio. El consejero de Salud prometió la reapertura «cuando las circunstancias lo permitan». Seguimos entonces condicionados por ellas.

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Hacia el campus de FP

Ángel M. González — Sun, 12 Sep 2021 17:26:34 +0000

Hace casi una década la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral me regaló un pequeño libro que bajo el subtítulo ‘educación impartida, educación compartida’, recogía una serie de reflexiones de un grupo de docentes del centro acerca del devenir de la formación profesional. En poco más de cien páginas se ponía en valor el proyecto educativo desarrollado en la institución desde sus inicios en 1955 para abogar por darle un giro al sistema de la FP en este país mediante una actualización, desde la experiencia adquirida, de aquel modelo que con tanto éxito se había puesto en práctica en la Laboral.
El trabajo huía de las controversias políticas. Era un repaso enriquecedor de la labor educativa desplegada en el monumental edificio gijonés y de su evolución conforme fue cambiando la formación profesional en España, más allá de las cuitas paranoicas sobre el continente como hemos sido testigos en esta ciudad en el estreno de la corporación municipal vigente. De este ideario que, de alguna manera, podría ser perfectamente fuente de inspiración para la nueva FP, se podían extraer dos conclusiones. La primera, la necesidad de recuperar la dinámica innovadora emprendida en los años setenta mediante una relación más estrecha con las necesidades empresariales y un intenso proceso de formación del profesorado. Y la segunda, la transformación de la Universidad Laboral en un gran campus de la FP en Asturias, aprovechando todo el conocimiento que alberga en su interior y en el ecosistema que conforma el entorno que le rodea.
La Laboral, esta semana, se ha reencontrado con la historia. El escenario elegido por el presidente del Gobierno para presentar la reforma de la Formación Profesional no ha podido ser más acertado por distintas razones. La principal, porque la ley que se ha comenzado a tramitar, en líneas generales, supone el cambio esperado para consolidar un único sistema de FP, integrar totalmente su oferta, adaptarla constantemente al mercado de trabajo y conectarla con la empresa y la universidad. La totalidad de la formación será dual, es decir, todos los estudiantes tendrán contratos de prácticas y el sistema de acreditación de competencias será mejorado para que los trabajadores con experiencia puedan acceder más fácilmente a la titulación.
El presidente habló en Gijón de «dignificar» la FP. En realidad, se trata de rescatar un modelo de enseñanza que en otros tiempos tan buenos resultados ofreció en la preparación de profesionales durante la industrialización. En la Laboral, en la Fundación Revillagigedo y en la antigua Escuela de Maestría Industrial, después Instituto Politécnico, encontramos los ejemplos. La nueva ordenación está llamada a ser una herramienta para paliar el alto desempleo juvenil que registramos en este país, con Asturias a la cabeza de Europa. Solo por ello se justifica el mayor de los apoyos, aunque tendría que venir acompañada de un buen programa de incentivos para los empleadores, en definitiva a las empresas, para conseguir que con su implicación ningún joven esté en la cola del paro por falta de oportunidades.
Enumero otra razón destacada de la acertada visita presidencial. El respaldo al Centro de Innovación de FP que el Gobierno asturiano está poniendo en marcha en una de las naves de los antiguos talleres de la Laboral. Una iniciativa que responde a aquellas inquietudes expresadas por el colectivo de docentes y que abre un espacio al trasvase de conocimientos entre el profesorado y la empresa para mejorar las destrezas del alumnado. El centro estará especializado en la digitalización y en la industria 4.0, que son los dos campos a los que mayor atención se debe prestar en el mundo de la formación para afrontar la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. El proyecto convierte a la institución académica gijonesa en actora protagonista de la modernización que persigue la reforma y abre el camino a esa configuración de campus de las enseñanzas profesionales.
Y por último, la presencia del primer mandatario socialista en la Universidad Laboral cobra también una especial relevancia política de carácter local. Después del empeño de someter al complejo arquitectónico a un proceso de resignificación por «el origen maldito» del descomunal edificio, Pedro Sánchez vino a reconocer el verdadero significado de la majestuosa obra. Por ello Gijón merece que reciba el título de la Unesco como patrimonio de la humanidad.

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La sanidad en pospandemia

Ángel M. González — Sat, 08 May 2021 15:02:05 +0000

Un servidor, que aún da credibilidad a lo que nuestros representantes políticos sostienen en sede parlamentaria, no puede más que saludar el compromiso adquirido por el consejero de Salud en su última comparecencia en la Junta General del Principado. Dijo Pablo Fernández que la adjudicación de la primera fase de la reforma del Hospital de Cabueñes tendrá lugar en el último trimestre de este año, lo que no deja de ser una buena noticia si se cumple la previsión adelantada por el responsable de la política sanitaria asturiana, cuestión indudablemente deseada en esta ciudad después del retraso acumulado que lleva el proyecto.
Esta primera parte de la reforma, que en realidad se trata de hacer un nuevo hospital, consiste en la reconstrucción de las salas de urgencias, de las consultas externas y de los quirófanos, los bloques más sensibles del CAHU, como pasará a denominarse el futuro complejo. La actuación en Cabueñes, con una inversión en esta etapa de 54 millones de euros, va camino de convertirse en la obra pública de mayor dimensión que puede tener Gijón en este mandato, en este caso de la mano de la administración regional. Es impensable que arranque ninguna otra, visto el enredo en el que están cayendo otros proyectos y la capacidad demostrada para eternizar actuaciones provisionales. Así que no queda más que agarrarse a esta bandera, que marcará el antes y el después de la era pandémica en el sistema sanitario gijonés. El CAHU, ya lo comentamos en ocasiones anteriores, será el hito de la sanidad del siglo XXI. Una sanidad de mayor calidad, eficiente y avanzada.
Mientras se emprende esa ruta no se puede distraer esfuerzo alguno en la mejora del servicio al ciudadano. En esa tesitura se encuentran ahora los efectivos de salud, desde los gestores hasta el último sanitario, volcados de manera absolutamente ejemplar en la lucha contra el coronavirus sin descuidar la atención ordinaria. Un difícil equilibrio que sigue requiriendo una tarea extraordinaria.
La federación vecinal reclama la reapertura de los siete centros de salud cerrados por las tardes y la vuelta a las consultas presenciales a partir del 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma. Entiende que estas medidas aplicadas durante la pandemia llevaron a un deterioro de la atención a los usuarios y teme que la excepcionalidad con la que se adoptaron pase a ser definitiva. Los responsables sanitarios hablan, sin embargo, de establecer un nuevo modelo de atención primaria a partir de la experiencia que está dejando el coronavirus.
El primer ensayo de la reagrupación de las urgencias en los centros de salud de la ciudad se produjo hace diez años cuando se decidió cerrar durante los festivos, sábados y domingos los mismos puntos que ahora lo hacen también de tarde y noche por semana. El resultado, pese a las reticencias que entonces existían, es que se redujo la dedicación a casos banales, que ocupaban una buena parte de la agenda, y la atención urgente en el hospital no se incrementó como vaticinaban quienes se resistían a la medida.
El argumento para mantener la concentración es evitar el ‘síndrome del centro vacío’, como de manera gráfica explicó el consejero, que en el fondo no es más que aprovechar al máximo la escasez de recursos profesionales sin poner en riesgo la asistencia. La falta de médicos es un problema mayúsculo para la sanidad pública asturiana y, por ende, para la sociedad. Cualquier propuesta de modelo tiene que partir de ese alarmante déficit, que se puede aliviar con el despliegue de las nuevas tecnologías y el uso responsable por los ciudadanos de los dispositivos de atención.
Si de algo está sirviendo la pandemia es para acelerar la transformación de los servicios sanitarios mediante la digitalización. En un año se extendió la receta electrónica a la práctica totalidad de los usuarios. Se potenciaron las interconsultas entre primaria y especializada. El email y el teléfono se convirtieron en herramientas aliadas para comunicar a los pacientes los resultados de las pruebas. Y Gijón ha pasado a ser territorio piloto para la puesta en marcha del sistema ‘Ecap’, que permite el acceso a la historia clínica desde cualquier centro de la red sanitaria y favorecerá la implantación de la consulta telemática.
Llevan razón los vecinos que hay que recuperar la presencialidad, pero distinguiendo entre lo imprescindible y lo que no lo es.

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La alerta naranja

Ángel M. González — Sun, 11 Oct 2020 21:05:11 +0000

El lunes 5, pasadas las seis menos cuarto de la tarde, la Consejería de Salud anunciaba la declaración de alerta naranja en Gijón sorprendiendo a propios y extraños. La decisión se amparaba en la recomendación de los epidemiólogos ante «el progresivo crecimiento, en las últimas semanas, de casos registrados por encima de la media regional». Sin muchas más explicaciones, sin ilustrar a la población sobre cómo estaba evolucionando la curva en la mayor ciudad de Asturias con datos focalizados más allá del minuto y resultado global del día, el Principado puso a Gijón bajo máxima vigilancia durante dos semanas con una medida de envoltura cosmética y finalidad disuasoria. Comentario general: «No sabíamos que estábamos tan mal». Pues sí. Parece que sí lo estábamos. No registramos los niveles de Madrid, con una tasa de incidencia cinco veces mayor, donde las maniobras partidistas de los gobernantes se anteponen al combate de la covid de manera bastarda. Y tampoco vivimos la situación de Berlín, en la que las autoridades ponen a la capital en situación de alarma antes de llegar a los 50 casos por 100.000 habitantes. Menos de una tercera parte de lo que se contabiliza en esta ciudad.
La alerta naranja, en cuanto a restricciones, no implica nada más allá del refuerzo de los controles para que se cumplan las normas antipandemia y del mensaje de apelación a la responsabilidad ciudadana, con el fin de evitar la relajación. La declaración, por lo tanto, viene acompañada únicamente de prescripciones tales como el uso obligatorio de la mascarilla, guardar la distancia, lavar las manos con frecuencia, formar burbujas sociales o ventilar «y si hace frío, ponerse dos jerseys y el abrigo», que decía la alcaldesa con esa rotundidad que le caracteriza. Se trata de un invento técnico-político sin base jurídica cuyo impacto psicológico sobre la población ha conseguido hasta ahora dos cosas: amendrantamiento y retracción.
La medida se ha mostrado eficaz en las ocasiones que precedieron a Gijón y al resto de concejos que la autoridad regional ha ido incorporando al listado de zonas de riesgo. En el oriente, el Principado decretó la alarma el 26 de agosto por el nivel de transmisión comunitaria que se estaba produciendo en medio de una ingente afluencia de visitantes. Ese día se acabó la temporada estival y el negocio turístico. En la cuenca del Nalón, la declaración se ha prolongado una semana más después de contener levemente el aumento de casos, pero el consumo en bares y restaurantes experimentó un nuevo sopetón.
Esta vez, la decisión se toma con el puente del doce de octubre, que había generado cierta esperanza en los sectores de la actividad más dañados por la crisis, por el medio. La alerta naranja, de mano, ha obligado a cancelar la feria del stock programada por la Unión de Comerciantes, los alojamientos han padecido el impacto en las reservas agudizado por el cierre de Madrid y los hosteleros reciben otra sacudida. La situación, sin embargo, es la menos lesiva que la economía local puede llegar a sufrir. El pulso que nos está echando el coronavirus en la embestida de otoño va camino de exigir acciones más contundentes que un aviso en forma de declaración. La presión en la atención sanitaria está creciendo de manera imparable. Por lo tanto, no va a quedar otro remedio que emprender la lucha elevando aún más las restricciones antes de que se acerque el colapso y desplegar una mayor política de auxilio para aliviar a las víctimas del segundo derrumbe.

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Brillo en sanidad, desastre en educación

Ángel M. González — Mon, 21 Sep 2020 16:58:28 +0000

La pandemia ha puesto a Asturias bajo la lupa por el nivel de contagios que registramos. La región se ha convertido en un lugar singular a tenor de lo que está ocurriendo en el resto de España, donde la propagación del coronavirus en esta segunda oleada se dispara y comienza a poner contra las cuerdas de nuevo los servicios hospitalarios. La gestión sanitaria realizada en esta comunidad está siendo un ejemplo en el país e incluso ha trascendido fronteras una vez que la propia OMS ha destacado la labor realizada en el control de la enfermedad. La tasa de positividad, que es el porcentaje de casos positivos que se dan en las pruebas, se mantiene por debajo del umbral del cinco por ciento fijado por la Organización Mundial de la Salud para determinar la efectividad en la lucha contra la Covid. Asturias se comporta como una burbuja en uno de los países desgraciadamente más golpeados del planeta, aunque si echamos un vistazo al mapa del impacto en Europa suframos mayor incidencia que en la inmensa mayoría de las regiones del continente.
Lo que ocurre aquí no es un milagro. Los factores que explican el paradigma asturiano se encuentran en una política de años volcada en mantener y mejorar la red sanitaria dedicando a este capítulo la tercera parte de los presupuestos de la autonomía, en la anticipación y en la respuesta eficaz de la atención primaria y hospitalaria. Aunque hay todavía mucho que reforzar, de aquella política se deriva precisamente que seamos la región con mayor capacidad para realizar pruebas PCR con un diagnóstico rápido en uno de los hospitales más modernos de España y que por ello podamos ejercer un rastreo efectivo para cortar la cadena de transmisión. Hay otras circunstancias que influyen en esa menor repercusión que no tienen que ver con el sistema sanitario y que se pusieron de manifiesto ya en la primera embestida: El aislamiento físico, entre el mar y la montaña, unas condiciones que otorgan al territorio una característica casi insular, y la dispersión poblacional. Se podría añadir otra causa, la baja utilización del transporte público, que apenas supera la mitad de antes de la aparición de la Covid, y que en otras zonas donde el flujo de movimientos es muy superior está suponiendo un riesgo. Es decir, algunos de los males que machaconamente se han venido denunciando para acabar con ellos, contribuyen ahora como antídoto en el combate contra la pandemia.
A partir de este martes nos enfrentamos a un gran desafío, como el propio presidente Adrián Barbón así lo tildó, que es el inicio del curso escolar en Infantil y Primaria. A la semana siguiente se pondrán en marcha los ciclos de la ESO, Bachillerato y FP, quizás las etapas más complicadas a tenor del comportamiento que ha venido teniendo el virus entre los jóvenes. Si la gestión en sanidad está teniendo brillo, la que se hizo en educación ha sido un desastre sin paliativos. El 28 de agosto, el Gobierno asturiano decidía aplazar la apertura de los colegios por la evolución de la Covid y para tener más tiempo en la preparación de la vuelta segura a las clases. Sin embargo, transcurridos estos veinte días ni los datos epidemiológicos han mejorado ni tampoco se consiguieron despejar las numerosas incertidumbres sobre las condiciones para afrontar el curso. Las proyecciones sobre el coronavirus han fallado y la tensión en la comunidad educativa se ha agudizado por una falta absoluta de orden y claridad en la planificación. El mismo día que la directora responsable de llevarla a cabo presentaba su renuncia en una consejería convertida en una grillera se emitían nuevas instrucciones con más deberes para los centros y un protocolo más exigente que el que ya habían preparado. El desconcierto, más que terminar con él, ha ido ‘in crescendo’ hasta el punto de que una buena parte de los colegios, en aras a la responsabilidad que sobre ellos ha recaído, optaron por definir sus propios protocolos ante la caótica gestión de una autoridad educativa desbordada. Por lo tanto, el martes claro que nos enfrentamos a un gran desafío, como el presidente dijo. Pero un desafío para el que una parte de su gabinete no ha estado a la altura como se ha dado en la sanidad.

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El refuerzo del ‘escudo social’

Ángel M. González — Fri, 21 Aug 2020 21:08:49 +0000

El Gobierno central incorporará al llamado ‘escudo social’ una ayuda de 430 euros a los parados que agotaron el subsidio de desempleo durante el estado de alarma o se van a quedar sin prestación de aquí al 30 de septiembre. La paga, que quedó pendiente de desarrollo en el acuerdo del 26 de junio con patronal y sindicatos, va en la línea de no dejar a nadie atrás en la descomunal crisis generada por la pandemia. Por lo tanto, pocas objeciones caben a una asistencia para aliviar la precariedad económica de más de medio millón de personas que se encuentran en esa situación en el país, de ellas cerca de ocho mil en Asturias. Resultaría injusto que no se les prestara atención de la misma forma que se ha venido haciendo a quienes padecieron las consecuencias del parón y fueron incluidos en los expedientes de regulaciones o a los autónomos afectados por el cese de la actividad.
El coste del rescate social por la COVID-19 es elevadísimo. La factura rozará este año los 20.000 millones de euros, incluyendo la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, pero las medidas son indiscutibles. Independientemente de los problemas de gestión registrados para llegar a los beneficiarios, de la burocracia y de los retrasos, la red desplegada por las administraciones para salvar a las personas es indudablemente prioritaria. Por ello, no debería producirse titubeo alguno ante la necesidad de prolongarla en el tiempo, más allá del próximo mes, teniendo en cuenta el impacto que todavía puede sufrir la economía y el empleo por otra oleada del coronavirus. Por el contrario, su eliminación en medio de la incertidumbre supondría una temeridad. La depresión social sería entonces inevitable.
Otra cuestión distinta son los retoques que se tengan que hacer al ingreso mínimo para mejorar su cobertura y, especialmente, su finalidad para que no se convierta en una prestación desincentivadora de la ocupación laboral. El Ejecutivo busca fórmulas para reforzar esa idea y salvar también las reticencias de algunos socios de la UE sobre esta prestación básica tras la aprobación de los fondos de reconstrucción. El equipo económico del Gobierno baraja, incluso, vincular su cobro al desempeño de determinados servicios a la comunidad por parte de sus perceptores. Serían tareas conveniadas con los ayuntamientos que, de ninguna manera, tendría que ir en perjuicio de la creación de empleo. Alguna propuesta en ese sentido ya fue planteada en su momento para la percepción del salario social en Asturias sin que tuviera eco alguno. Mientras tanto, la inserción laboral de los beneficiarios siguen siendo una asignatura pendiente. La parasitosis a la que tantas veces se alude es en todo caso una enfermedad que genera el propio sistema.
En Gijón, sin embargo, la renta social tiene fecha de caducidad. El Ayuntamiento tiene prevista su desaparición el 30 de septiembre. Casi 3.000 ciudadanos usaron las tarjetas prepago distribuidas por la administración local en estos tres años de implantación y más de trescientos establecimientos facturaron 6,5 millones de euros por las compras realizadas. El balance ha sido satisfactorio. El doble efecto que perseguía su instauración, al menos, se ha conseguido. Por un lado, auxiliar en el consumo a las familias más vulnerables de la ciudad y, por otro, inyectar recursos en el comercio local. El gobierno municipal de PSOE e IU se ha comprometido a establecer un programa de ayudas complementarias para sustituir este instrumento, que ha perdido sentido si el ingreso mínimo vital responde como es debido a la denominación que se le ha dado.
De todas formas, aunque la irrupción del virus lo ha trastocado todo, la finalización de la vigencia de la renta tendría que ser aprovechada por el consistorio gijonés para abordar una reforma en condiciones de todo el entramado de servicios sociales. Poner orden en el laberinto, adaptarlo a la nueva situación, llegar a todo aquel que tenga realmente necesidad y ganar en agilidad y eficacia. Es la mejor ocasión para cimentar un nuevo sistema, desde luego con el mayor consenso posible y de la mano de las organizaciones que a diario atienden las penurias, para ganar la batalla a la pobreza.

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La reconstrucción sanitaria

Ángel M. González — Mon, 29 Jun 2020 17:33:26 +0000

Mientras la alegría reina en calles y playas y las penas se guardan en casa, las autoridades sanitarias trabajan en la recomposición del sistema después de tres meses intensos de batalla para atender tres frentes: el regreso a la actividad habitual, los brotes que puedan aflorar y la preparación ante una nueva oleada. No es nada fácil el papel de los gestores en este escenario de postguerra en el que nos encontramos ahora. La lista de espera generada durante el ataque del coronavirus se ha disparado, los recursos disponibles son limitados y los profesionales no se encuentran en las mejores condiciones para afrontar un plan de choque que permita recuperar a corto plazo los niveles previos.
El cumplimiento del famoso decreto que establecía tiempos máximos de estancia en la lista para pruebas e intervenciones ha saltado por los aires. Especialidades que a principios de marzo citaban en un mes para la consulta ahora tardan cuatro meses en atender. La capacidad asistencial, por lo tanto, empezará a sufrir una notable presión por la doble crisis en la que la sanidad pública se ve inmersa con la vuelta a una normalidad incierta.
La ciudadanía reconoció con aplausos diarios desde los balcones el tesón demostrado por los sanitarios en la lucha contra la enfermedad. Ahora sería necesaria una buena dosis de paciencia y comprensión ante la difícil tarea a la que se enfrentan, con miles y miles de personas aguardando atención y la amenaza del virus todavía latente. Ello sin dejar de exigir a la Administración el dinero que sea necesario para la ‘reconstrucción’ sanitaria, más prioritaria en estos momentos que organizar festejos o hacer una carretera.
En esa reconstrucción la reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes es pilar esencial. El consejero de Salud ratificó esta semana el retraso del inicio de la obra por «las dificultades para poner en marcha de nuevo la tramitación». Se puede entender este aplazamiento obligado por la situación sobrevenida que hemos padecido. Incluso nos podemos congratular de la suerte que hemos tenido al no vernos sorprendidos por la pandemia con el centro hospitalario andamiado.
Pero además de la promesa verbal de que el proyecto se va a acometer, faltaría menos, el Gobierno regional tiene que agilizar al máximo todo el proceso para llevar adelante la remodelación con un calendario actualizado de plazos, cuyo arranque no puede ir más allá de principios del próximo año si nos atenemos al tiempo de demora. Es la manera de que el compromiso sea creíble.
Entretanto, pendiente del desmontaje del hospital de campaña en la Feria aunque sea temporal, Cabueñes será reforzado ante la más que probable oleada que sufriremos a partir de otoño, cuyo impacto puede ser mayor de lo que hemos visto si coincide con la gripe. El aprovechamiento de espacios para incrementar la dotación de boxes en el área de urgencias y separar los circuitos para pacientes comunes y enfermos de coronavirus es una buena decisión. La reforma estará lista en tres meses, por lo que llegaría a tiempo con vistas a tener más fortalecidos los equipamientos. Ojalá no se tenga que hacer un uso intensivo de ellos ni que los echemos en falta antes de ese tiempo dado el riesgo que estamos corriendo con determinados comportamientos irresponsables, que hay sin duda alguna que perseguir. Llevamos un par de semanas sin sumar contagios en este proceso de desescalada, mientras en otras comunidades ya han padecido brotes que solo ponen de manifesto una verdad: el enemigo sigue al acecho, entre nosotros. Saltarse las normas preventivas, de sobra conocidas, solo se puede calificar de conducta activa de colaboracionismo con el bicho invisible y mortífero.

Nota. Con absoluto respeto, no acabo de entender esa mezcla reivindicativa de quienes han levantado un campamento en el parque de Isabel la Católica para protestar contra las vacunas, la organización mundial de la salud y el despliegue del 5-G. No sé. Pienso que se trata de una extensión de la genialada de Miguel Bosé. Y mucho menos entiendo que la autoridad gubernamental autorice el asentamiento de un grupo de personas con chuchos y churumbeles en un parque público, cerca de los juegos infantiles, vulnerando el plan de usos del lugar y sin mascarillas porque defienden el amor al contagio.

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El ciclo antidepresión

Ángel M. González — Sun, 10 May 2020 20:24:03 +0000

¡Que tus sueños sean más grandes que tus miedos!, reza un rótulo en el interior de una tienda abierta en el arranque de la desescalada. La transmisión del miedo es el arma más poderosa del virus en su ataque a la economía. Vencerlo es primordial para atajar el desastre por la virulencia de la crisis express originada por la pandemia. Para cambiar el chip, rearmarnos y alejarnos lo más posible del precipicio necesitamos, sobre todo, confianza y seguridad.
Mañana entramos en otra etapa de recuperación paulatina de la actividad, después de un periodo de prueba que puso de manifiesto dos cuestiones: el brío ciudadano en su regreso a las calles tras cincuenta días de encierro y la timidez en la apertura de negocios por las severas condiciones y el temor a reanudar el servicio. El reto a partir de este lunes es conseguir que comerciantes, hosteleros, empresarios y autónomos afronten la vuelta a esa ‘normalidad anormal’ con suficiente protección y un mínimo de viabilidad. Sin embargo, los requisitos y restricciones para este proceso gradual de desconfinamiento ponen en duda la rentabilidad. Aunque salud y economía tengan que ir de la mano, mucho me temo que asistiremos a no pocas tensiones entre quienes velan por la salud y los que ansían una vuelta rápida a la actividad. Ya está ocurriendo en Madrid. No en vano, el avance por fases tiene que ir acompañado de un rápido mecanismo de retroceso si la vigilancia epidemiológica lo determina.
Por otro lado, es difícil pronosticar el comportamiento que tendrá el consumo. Veremos si el ánimo que acompañó a las salidas estos días se traduce en una fiebre de gasto. Si se registra el mismo ímpetu que en los supermercados o en las compras ‘on line’. Ojalá recobremos esa fuerza emocional suficiente para que la recuperación sea tan vertical como fue la caída. Pero todo parece indicar que aún estamos lejos de revivir aquellos felices años veinte, después de que la gripe española llevase por delante a cincuenta millones de personas en todo el mundo. Llegará la fase dorada, no cabe duda. Pero ahora afrontamos el ciclo antidepresión, previo a la reconstrucción, que esperemos no sea demasiado largo.
En este ciclo, comercios, hostelería y turismo se enfrentan a una reconversión sobrevenida y acelerada, con la transformación de sus negocios como mal menor y cierres de establecimientos como mayor desgracia. Los aplazamientos fiscales, los apoyos de liquidez y la prolongación de los ERTE durante el tiempo de pandemia pueden salvar miles de empleos. Son medidas de auxilio cuyo esfuerzo hay que mantener para evitar el desmoronamiento total de esta riqueza. Pronostica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que uno de cada tres afectados por los expedientes acabará siendo despedido. En Asturias, serían 20.000. En España, un millón. La cifras son tan dramáticas como insoportables.
El gasto público contra el descalabro está siendo tremendo. Su impacto sobre la deuda y el déficit es espantoso, pero lo que se haga por sostener aquellos cimientos económicos determinará el alcance de la crisis y de la reactivación. De lo contrario, estamos abocados a una depresión mayor de la que acabamos de salir. Cuanto más logremos salvar en estos meses, menos costará luego rescatar a todo el país.

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La transición sanitaria

Ángel M. González — Sun, 03 May 2020 14:51:18 +0000

Los sanitarios afrontan la desescalada social y económica con un doble riesgo. El primero, el de la deficiencia y escasez de las medidas de protección. En los últimos días todavía hemos visto cómo profesionales de centros de salud y hospitales compran sus mascarillas o pantallas para reforzar los equipos anticontagio ante la inoperancia de la administración en el suministro de material necesario y eficaz para garantizar la seguridad de quienes nos atienden. Y dentro de esas medidas también se incluyen la realización de test a todo el personal, que está siendo por goteo, sin una programación precisa y clara que permita un seguimiento de su estado en el tiempo. No hace falta recordar que los sanitarios, a los que los ciudadanos rinden un merecidísimo tributo todos los días desde sus ventanas, es el colectivo más golpeado por la pandemia después de nuestros mayores: más de 41.000 infectados y cerca de cuarenta muertos. No basta, por lo tanto, con que los políticos dediquen el inicio de sus comparecencias a agradecer la heroica labor que desempeñan en la lucha contra el coronavirus. En sus manos están también que lo sigan haciendo pertrechados en las mejores condiciones.
El segundo peligro lo viene apuntando el propio consejero de Salud desde que se ha empezado a diseñar el proceso de desconfinamiento. En Asturias estamos expuestos a un alto riesgo. La región es una de las comunidades que cumple todos los indicadores para acometer el proceso de desescalada en las fechas previstas para cada una de las fases por el nivel de transmisión que ha tenido el virus. Pero precisamente el hecho de que estemos mejor que en otras zonas porque la expansión ha sido más baja nos obliga a estar más vigilantes. No hay una proporción de población suficientemente inmunizada y estamos más facilmente expuestos a que se produzca un rebrote con la relajación del encierro.
Para mantener la alerta, el Servicio de Salud del Principado elabora un plan para abordar la transición sanitaria. En el borrador del documento incluye una cita de Albert Camus: “La peste tiene alguna acción benéfica, que abre los ojos, que hace pensar”. La reflexión coincide con la idea de que las crisis son una fuente de oportunidades. En el caso de la sanidad el periodo que se abre con la desescalada puede convertirse en un ensayo para la transformación del sistema que hemos conocido hasta ahora.
La transición tiene como reto ir recuperando poco a poco la actividad ordinaria a la vez que continúa el combate contra la pandemia, reduciendo al mínimo la exposición al virus y el trance de saturación de la red. Para esa difícil meta tendrá un gran protagonismo la atención primaria. De la misma manera que Asturias contuvo la presión sobre los hospitales con un buen funcionamiento de los centros de salud, esta primera línea asistencial vuelve a ser clave para aminorar la propagación. Al mismo tiempo, las medidas previstas en el plan de transición, como la combinación de la asistencia presencial y telemática en los ambulatorios, son una extraordinaria prueba para encaminar la sanidad asturiana hacia un modelo más ágil, eficiente, desburocratizado y menos tensionado que el que hemos padecido en los últimos años, siempre y cuando sea pactado con los profesionales. Un modelo, además, donde se ponga mayor acento en la medicina preventiva a nivel individual y comunitaria como garantía de una mejor salud pública. El valor de la anticipación y la capacidad de prevención son grandes lecciones de la pandemia.
Ahora bien, cuando las autoridades hablan de la entrada en una ‘nueva normalidad’ deberían tener en cuenta que en materia sanitaria la normalidad existente hasta hace apenas dos meses estaba llena de goteras. Listas de espera indomables, falta alarmante de profesionales, salarios en Asturias inferiores a los de la mayor parte de las comunidades autónomas… Lo deseable, por lo tanto, es que en esa nueva era sanitaria se lograran corregir también estas carencias. Qué mejor reconocimiento para los que han estado en la trinchera que se les pagara la carrera profesional adeudada o les computen las guardias en las cotizaciones para el momento de la retirada, por ejemplo.

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