El Comercio

img
Categoría: Sin categoría
El orden de los apellidos

Los tiempos cambian, pero las leyes tardan su tiempo en adaptarse. La igualdad por razón de sexos ya se impuso con la constitución en el año 1978 (excepto en alguna de sus partes como la corona) pero cuando un niño nacía el orden de los apellidos que la Ley del Registro Civil establecía era primero el paterno y después el materno. Esto cambió hace algunos años, en un intento de buscar una situación más acorde a la necesaria igualdad. No obstante, la solución fue, a nuestro entender, absurda, puesto que se permite que los progenitores decidieran de común acuerdo el orden de los apellidos del primero de sus hijos, siguiéndose el mismo orden para los posteriores. Ahora bien, el absurdo se produce en caso de falta de acuerdo pues eentonces volvemos a la tradición: primero el del padre y luego el de la madre. Conclusión: la decisión final recae sobre el varón, que puede ceder o plantarse, con la consiguiente discusión familiar. Pasados unos años las cosas van a volver a cambiar y se nos ofrece ahora una  nueva solución: si los progenitores no se ponen de acuerdo se les requeriría para que en tres días manifiesten su decisión y, si no responden, será el encargado del Registro Civil quien decida atendiendo al “interés superior del menor”. Increíble pero cierto. Pobre encargado del Registro, menuda situación en la que se puede ver, teniendo que decidir qué puede ser mejor para el niño, si apellidarse Pérez o Álvarez, por poner un ejemplo. ¿No hubiera sido más sencillo establecer algún sistema de azar?

Es lamentable, pero así queda la cosa a partir del próximo día 22 de julio. Esperamos que los futuros papás y mamás vayan poniéndose de acuerdo.

Ver Post >
Extinción de la pensión compensatoria cuando el perceptor tiene nueva pareja

Cuando en una separación judicial o divorcio se establece una pensión compensatoria a favor de uno de los cónyuges no todo está hecho. Nuevas circunstancias pueden aparecer justificando la modificación de esta medida o incluso su extinción. Entre ellas hay una que no está exenta de polémica: que el perceptor de la pensión, por lo general una mujer, vuelva a casarse o mantenga vida marital con una nueva pareja. En la práctica este concepto de vida marital se traduce por tener una relación afectiva que implique una convivencia. Obviamente la picaresca está servida por ambas partes.

Hay quien encuentra nueva pareja pero hace lo imposible por ocultarlo, evitando formalizar la relación ya sea por un nuevo matrimonio o por inscripción en el registro de parejas de hecho.

Por la otra parte, puede haber una persecución a fin de presentar indicios de nuevas relaciones que pueden llegar a implicar a quienes solo son amigos, confundiendo situaciones.

Mientras se mantengan domicilios separados y no exista una convivencia análoga a la matrimonial no debería haber mayor problema. Sin embargo, muchas veces la convivencia existe y se trata de un problema de prueba poder demostrarlo. Una de las pruebas más frecuentes es recurrir a un informe de un investigador privado, que a su vez tratará de identificar a la nueva pareja de cualquier forma a su alcance, por ejemplo, a través de un número de matrícula, pues puede conseguirse fácilmente la información del titular del vehículo a través del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. Después, hará un seguimiento para demostrar cuando entra o sale del domicilio del perceptor, a fin de reunir indicios suficientes de convivencia.

¿Es legal recurrir a un investigador privado? Sí que lo es, es una prueba frecuente y legal siempre y cuando se empleen los medios adecuados y se realice por personas con cualificación suficiente. Pero el hecho de que exista un informe de un investigador que recoja algunas visitas de una persona identificada al domicilio del perceptor de una pensión compensatoria no es suficiente para extinguir una pensión. Hay que valorar cada caso con cuidado.

 

Ver Post >
Aumentan los divorcios en Asturias

Un 18% han aumentado los divorcios en Asturias en el primer trimestre del año, respecto a los mismos datos del mismo periodo del año anterior. Se rompe la tendencia a la baja que venía dándose desde el comienzo de la crisis.

¿Cuáles son las razones que explican este incremento? Resulta difícil aventurarse a ofrecer una única explicación e incluso los expertos no ofrecen conclusiones claras pero desde nuestro punto de vista sí que puede apuntarse una al menos que puede influir en este ascenso.

Si bien siempre se ha argumentado que las dificultades económicas son una de las causas frecuentes de las disputas familiares que pueden desembocar en una ruptura, en una situación de crisis generalizada como la que estamos atravesando, divorciarse supone complicar la economía de ambas partes. Si los miembros de una pareja juntos pueden encontrarse con dificultades para llegar a fin de mes, vivir separados implica el mantenimiento de dos domicilios en lugar de uno, el pago de pensiones alimenticias, compensatorias, hipotecas y préstamos pendientes… Y aquellos que no tienen problemas económicos también se lo piensan dos veces por ese miedo social a que tarde o temprano la crisis llegue a afectarles.

Si antes se decía aquello de que las parejas no aguantaban nada y se divorciaban a la mínima, durante estos años hemos vivido el efecto contrario: aguantar porque otra solución es insostenible.

El aumento de divorcios este trimestre puede guardar relación con el levísimo repunte económico que se anuncia. Es posible que, ante esos buenos augurios, aquellos que ya se lo pueden permitir opten por liberarse de una relación ya terminada y abrir la puerta a nuevos horizontes personales.

Junto a este punto influye, y esto sí está contrastado, la cuestión estacional. Tras las vacaciones de verano y las navidades se incrementa el número de divorcios. Las familias pasan más tiempo juntas y los problemas afloran hasta el punto de volverse insoportables para muchos.

Sea cual sea la razón por la que se llegue al divorcio y las circunstancias personales, el consejo, no obstante, siempre es el mismo: mejor llegar a un acuerdo.

Ver Post >
¿Es necesaria una ley sobre el alcohol?

¿Es necesaria una ley estatal que regule el alcohol? Desde nuestro punto de vista sí aunque, como casi todas las respuestas a preguntas tan directas, con matices.

Es un sí porque hace falta una legislación nacional que elimine diferencias entre comunidades autónomas (Asturias, por ejemplo, mantiene la “mayoría de edad legal para tomar alcohol” en dieciséis años), que establezca normas comunes y que delimite el consumo del alcohol en determinados lugares y circunstancias.

Es un sí porque, aunque el alcohol es también y por encima de todo un problema social y educativo, también lo es legislativo y de alguna manera hay que intentar atajar esas estadísticas que hablan de la edad de inicio de consumo, del número de jóvenes que beben, de las cifras de comas etílicos…

Es un sí, porque creemos que las tendencias pueden cambiarse y una ley, aunque sea a través de la vía sancionadora, puede hacer reflexionar sobre las consecuencias del alcohol… lo mismo que antes sucedió con el tabaco.

Es un sí porque somos libres para tomarnos o no una copa pero no para incitar o suscitar la atracción al consumo de un menor del mismo modo que no somos libres para conducir bajos los efectos del alcohol o de considerar este como una excusa para cometer actos incívicos.

Y es un sí con matices. Porque una cosa es el punto de partida y otra muy distinta los detalles. Por supuesto que a todo el mundo no le va a gustar todo el contenido de la ley, se trata de conjugar muchos factores, muchas clases de bebidas, diversas clases de consumo e infinidad de situaciones posibles en que pueden hallarse los consumidores. De hecho, algunos de los detalles que han trascendido ya son enjuiciables, pero, al menos inicialmente, apoyamos la iniciativa y vamos a darle, hasta que se apruebe y conozcamos íntegramente su contenido, el beneficio de la duda razonable.

Ver Post >
Ventajas de un acuerdo en caso de divorcio

Somos conscientes de que la ruptura de un matrimonio es algo muy complejo porque a la parte legal se suma un conjunto de emociones difíciles de contener. A pesar de ello, cuando el final de la pareja se produce, la mayor parte de las veces (dejando a salvo algunos asuntos en los que el deterioro de la relación ha llegado a extremos insostenibles con diferente grado de malos tratos) la mejor posición que se puede adoptar es la del diálogo y la negociación para buscar una solución de mutuo acuerdo que permita resolver el divorcio de la forma mas rápida y menos traumática posible.

¿Cuales son las ventajas de lograr un divorcio amistoso? En primer lugar, emocionalmente suele ser más llevadero y en consecuencia, si existen hijos, estos percibirán una menor carga emocional. En segundo lugar, los cónyuges pueden ponerse de acuerdo en los distintos aspectos que la ruptura implica (uso de la vivienda, custodia y visitas de los hijos comunes, pensión alimenticia y, en su caso, pensión compensatoria…) sin exponer su vida a la opinión  y decisión de terceros. En tercer lugar, si  el régimen económico es el de gananciales, puede realizarse la liquidación de la sociedad de gananciales en el mismo procedimiento, sin demorarlo para un momento posterior. Finalmente, el procedimiento es mas rápido, sencillo y económico, pudiendo incluso los cónyuges emplear un solo abogado y procurador. Estas ventajas bien merecen como mínimo hacer el esfuerzo de intentar llegar a un acuerdo, dejando de lado rencores y venganzas, para centrarse en buscar el mejor final posible.

Ver Post >
Cambio de circunstancias económicas del obligado a pagar alimentos.

 

Con la actual inestabilidad laboral son muchos los casos en los que el progenitor obligado al pago de alimentos como consecuencia de una sentencia de divorcio o separación se encuentra con un cambio de su situación económica que le impide o dificulta cumplir con el pago de la pensión. Esto da lugar, unas veces, a incumplimientos y otras a tener que ajustarse hasta extremos imposibles para poder seguir haciendo frente al pago. Este tipo de cuestiones dan lugar a consultas legales y la duda principal es, si existiendo causa justificada, puede dejarse de pagar o pagar menos. La respuesta es bien sencilla. Cuando la pensión alimenticia se ha fijado en un porcentaje sobre los ingresos, el ajuste puede ser automático, pues simplemente hay que aplicar ese porcentaje a los nuevos ingresos y abonar la cantidad resultante. Ahora bien, cuando en la sentencia se estableció una cantidad fija actualizable, la cosa cambia, porque no se puede empezar a pagar una cantidad diferente ni dejar de pagar incluso aunque no exista ingreso alguno. Lo que procede hacer en estos casos es iniciar un incidente de modificación de medidas a fin de acreditar la nueva situación económica y ajustar la pensión a la realidad actual. Eso sí, no se puede lograr una modificación del importe de la pensión si el cambio de circunstancias económicas no es sustancial, por lo que conviene empezar comparando la situación económica que existía cuando se fijó la pensión alimenticia con la actual para poder valorar si se puede o no sostener una rebaja de la pensión alimenticia.

También puede ocurrir que cuando se estableció la pensión el progenitor obligado tenía escasos ingresos y actualmente haya mejorado su situación. En tal caso es el otro progenitor el que debe instar una modificación de medidas para solicitar el aumento de la pensión de alimentos para sus hijos. No es realista esperar que el progenitor obligado vaya a instar una modificación judicial que le perjudique.

Ver Post >

Etiquetas