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Nuestra experiencia al cancelar una cuenta del Santander.

 

Esta mañana hemos pasado un buen rato en el banco Santander. No es la primera vez que vivimos experiencias surrealistas con un banco, pero lo de hoy es para contarlo.

Por ponernos en antecedentes, teníamos una cuenta sin comisiones en el Banco Santander que veníamos utilizando sin demasiado problema (alguna comisión se colaba de vez en cuando, pero se devolvía tras una visita a la oficina). Un buen día, sin previo aviso, empiezan a llegar comisiones por todas las operaciones habituales y por mantenimiento de cuenta, con un coste de más de cien euros al trimestre.

Al preguntar en la oficina qué sucedía, resultó que cancelaron unilateralmente el contrato que habíamos firmado, sin previo aviso, aplicando desde entonces las comisiones que les pareció, sin que tampoco posteriormente se nos facilitara un documento siquiera informativo de cada comisión que podrían aplicarnos. La explicación era la siguiente: en el contrato que en su día firmasteis, si os fijáis bien, al final, se dice que el banco puede cambiar las condiciones cuando quiera y como quiera. Sí. Entendido. Nos ha tranquilizado mucho muchísimo la explicación.

Pasos: abrir una cuenta en una nueva entidad, cambiar todas las domiciliaciones y, por fin, esta mañana, nueva visita a la oficina del Santander a cancelar la cuenta.

Pero cancelar una cuenta no es tarea fácil. En primer lugar y sorprendentemente nos dicen que nos tomemos un café y volvamos en diez minutos, que es lo que el sistema tarda en calcular las comisiones de cancelación. Íbamos preparadas para responder ante cualquier contingencia pero semejante respuesta nos dejó fuera de juego. ¿El sistema informático del Banco Santander necesita diez minutos para calcular las comisiones de cancelación de nuestra cuenta? Ni que estuviéramos en los años 80.

Les dejamos media hora por si acaso y a la vuelta del café nos informan que procederán a cobrarnos 60 euros de comisión. Estupendo. Otra buena noticia. De nuevo explicamos la situación. Que tenemos un contrato sin comisiones, que no hemos recibido ninguna comunicación (esta vez lo comprueban, efectivamente no les consta que nos hayan comunicado nada) y que nos están cargando todo ese montante de comisiones. Efectivamente, lo saben. Verán que se puede hacer.

Al cabo de un rato de consultas entre los responsables de la oficina, tema resuelto, nos harán un favor: nos cobran 60 euros por cancelar, pero nos ofrecen el acuerdo de devolvernos 80 euros en total por las comisiones que nos han cobrado hasta ahora indebidamente. Eso sí, no podemos cancelar la cuenta hasta que esta gestión esté hecha, lo que llevará más de una semana como mínimo (es que hay muchas fiestas ya se sabe) lo que a su vez incrementará el importe de esos 60 euros de cancelación. Consecuencia, nos devuelven 80 euros, pero al aplazar la cancelación nos cobran nuevas comisiones.

Nos hemos reído mucho. Mucho. Pero con sinceridad y sin ironía. Nos hizo mucha gracia. Hemos de decir que la persona que nos atendió era amable y estaba pasando un buen apuro al contarnos la política de empresa y el acuerdo que nos ofrecía. Le explicamos que con la oferta que nos estaba haciendo perdíamos dinero, que en lugar de pagar 60 finalmente aun pagaríamos más. Puso cara de no haberse dado cuenta. Nosotras pusimos cara de no es un tema personal contigo, tranquila.

Cancelamos. Pagamos 60 euros de comisión. Y ahora, obviamente, nos ponemos con la reclamación ante el organismo correspondiente. Si nos hace gracia es porque forma parte de nuestro trabajo recuperar ese dinero y no nos supone excesiva molestia hacerlo ni esperar a que nos lo devuelvan. El rato que nos hemos reído con lo absurdo de la situación nos compensa con creces. Espíritu positivo y sentido del humor es lo único que cabe en estos casos. Pero luego hay que reclamar.

El problema es que no todos somos abogados y, si después hay que pelear para recuperar el dinero, el cliente gasta más en la gestión de reclamación que lo que logra recuperar, lo que muchas veces no compensa y con esta ventaja juegan los grandes bancos. Nuestro consejo: si alguno se encuentra en una situación semejante y es consumidor lo ideal es no dejarlo y, en su caso, utilizar el cauce de la oficina de consumo.

Pero además de reclamar hay que compartirlo. Ya está bien de que nos tomen el pelo. No nos ha pasado solamente a nosotras, hay muchísimos casos más que se diluyen entre los miles de clientes, porque no se lo hacen a todos a la vez, van de poco a poco, abriendo a unos cuentas sin comisiones y quitándoselas a otros. Así salen los números. ¿Qué se pensaban?

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Cuando el maltrato animal es más que un delito

      Hay actos humanos tan reprobables desde el punto de vista de cualquier valor social y personal que podamos defender que la imposición de una sanción no alcanza para castigar la injusticia y el dolor que ocasionan.

Podríamos poner numerosos ejemplos de lo anterior. Nuestro sistema jurídico considera infracciones y delitos a acciones que atentan contra los bienes y principios que se consideran básicos para el mantenimiento de nuestra vida en sociedad pero, aún así, hay ocasiones en que ese castigo legal no alcanza a compensar el daño que se ha creado.

Y esta al menos es la sensación que nos queda cuando leemos noticias como la de la protectora Parque Animal de Torremolinos.

Porque no se trata tan solo de sacrificar en menos de dos años (desde principios del 2008 hasta octubre de 2010) a casi 2.200 animales sin control veterinario, de forma inexperta, sin sedación previa, con escasa dosis letal y ocasionando una lenta y dolorosa agonía. No se trata tan solo del maltrato a todos esos animales mientras vivían en las instalaciones de la protectora. No se trata tan solo de falsificar los certificados de eutanasia y los listados para la incineración con la finalidad de que las cifras de sacrificios masivos cuadraran. Ni siquiera se trata tan solo de hacer todo lo anterior con una clara finalidad económica: que la protectora tuviera los menores gastos posibles y así embolsarse dinero de donaciones particulares y subvenciones públicas con una finalidad de total y absoluto lucro personal.

No se trata tan solo de todo esto, aunque todo esto ya fuera suficiente para calificar la conducta de los responsables de esta protectora de un acto de maltrato sin precedentes.

Se trata principalmente de que estamos hablando precisamente de una protectora. Un lugar al que acuden animales que ya han sufrido un abandono, una situación de maltrato… un establecimiento cuya finalidad ha de ser, como su nombre indica, la de proteger a estos animales y buscarles una segunda oportunidad a través de una adopción. Se trata de animales que ya han sufrido. Hay que tener muy poco de ser humano para negarles, no solo un intento de una nueva vida, sino hasta una muerte digna por ahorrar cantidades destinadas a ellos por una cuestión de lucro personal.

Por supuesto todos estos hechos constituyen no uno sino varios delitos y así se están juzgando: un delito continuado de maltrato animal, de intrusismo profesional, de falsedad en documento oficial… Delitos para los que el Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión lo que hace que este caso pueda convertirse, si finalmente termina el juicio con una sentencia condenatoria en tal sentido, en el primero de maltrato animal en que el responsable cumple finalmente una pena en prisión. Hecho importante por lo que tiene de disuasorio y porque por fin se empiezan a ver penas importantes para los casos de maltrato como hace tanto tiempo los defensores de los derechos de los animales llevan solicitando.

    No obstante, como decíamos al principio, aún así, deberían existir normas más claras y contundentes contra este tipo de situaciones y una concienciación social cada vez mayor de que alguien que maltrata a un animal es en esencia un maltratador y esa falta de valores en relación con los animales tarde o temprano se hará visible también en el resto de aspectos de su vida.

 

 

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Animales, veterinarios, IVA, políticos…

El pasado cuatro de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de los Animales, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley a favor de reducir el tipo de IVA que ahora mismo está fijado para las clínicas veterinarias.

Una noticia que parece muy positiva para todos los que, de una u otra forma, defienden el bienestar de los animales y especialmente llamativa por la fecha elegida para su votación en nuestra cámara baja.

No obstante, sin olvidar que es un primer paso de muchos que es preciso dar en nuestro país para salir de la cola de estados europeos en materia de protección de animales, ni la noticia es tan positiva ni tan siquiera hay razón en este caso para entender que se ha conseguido nada en firme. Ahondemos en la parte jurídica del asunto.

En el año 2012, con la reforma entre otros muchos puntos, de los tipos del IVA, el aplicable a las clínicas veterinarias subió de un día para otro del reducido, que en aquel momento estaba situado en el 8% al normal que se situó en el 21%, es decir, todas las tarifas veterinarias, subieron de golpe un 13% como consecuencia de la aplicación de este impuesto indirecto.

Desde ese momento clínicas veterinarias, protectoras, defensores de los derechos de los animales y propietarios de mascotas se manifestaron en contra de una subida considerada, por una parte, desproporcionada y, por otra, injustificada, dado que ni asistencia veterinaria no es un artículo de consumo “de lujo” sino necesario para el buen mantenimiento de los animales.

En un país en el que el número de abandonos nos sitúa a la cabeza de Europa y en un momento de plena crisis económica que afectó a las clases más bajas, las consecuencias del incremento del IVA veterinario podrían traducirse en un mayor número de abandonos, la no realización de las campañas de prevención, vacunación y desparasitación, el no tratamiento de animales enfermos o la comunicación de enfermedades de animales…

El pasado día 4 lo que se aprueba, por fin, cuatro años después es una proposición no de ley para bajar el IVA al 10%. Pero no es una ley, es una proposición no de ley, es decir, al no tratarse de una norma legislativa, no es vinculante. Es una llamada de atención del Congreso de que la mayoría de los diputados (177 votos positivos, 132 negativos y 33 abstenciones) están a favor de un cambio legislativo en tal sentido. Pero el camino es largo y los obstáculos muchos: formar gobierno, que se tramite y finalmente sea aprobada como ley… Esto tan solo es un primer paso, al menos es uno y hacia delante pero queda mucho por hacer en materia de protección de animales.

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Contra el acoso escolar: tutoría entre iguales

 

El acoso escolar es una realidad en las aulas, aunque no una novedad. Si hacemos memoria todos podemos acordarnos de haber vivido como protagonistas o como espectadores situaciones en las que uno o varios niños le hacían la vida imposible a otro. ¿Se enteraban los profesores? Muchas veces no, porque el acosador no actúa cuando están presentes y porque aquel que informa a un profesor de lo que está pasando se convierte en un chivato y, por ende, se expone a las represalias del acosador que puede convertirle en su próxima víctima. Este mecanismo es lo que hace tan complejo solucionar el acoso desde el primer momento, sin llegar a males mayores.

Pero hay buenas noticias. Todos vamos tomando conciencia de la realidad y gravedad del problema y de la necesidad de abordarlo con soluciones eficaces y por eso existen a nivel nacional e internacional diferentes programas elaborados por equipos de profesionales competentes, que proponen resolver eficazmente estas indeseables situaciones.

Gijón apuesta por uno de estos programas: la tutoría entre iguales, a la que se han acogido por el momento la mitad de los colegios e institutos de la ciudad para este curso escolar, pero que sigue abierto para todos aquellos otros que quieran implantar el sistema. Es un sistema que ya funciona en otras ciudades de nuestro país.

El programa implica a toda la comunidad educativa, profesores, alumnos y padres, comenzando por la información y formación y se aplica a partir de tercero de primaria, por ser la edad en que los peques tienen la madurez suficiente para tratar este problema.  Todos han de estar sensibilizados con el acoso escolar, cómo se presenta, cómo hay que actuar. ¿Y cómo funciona? A los niños de un curso más alto se les ofrece la posibilidad de ser tutores de un niño más pequeño. Es una opción voluntaria, pero allí donde el programa se está aplicando la mayoría de los niños quieren ser tutores. Los que no dan el paso también tienen que ayudar, porque ningún niño queda fuera del programa. Cuando hay un problema se pone en marcha el triángulo de intervención: el niño que se siente acosado informa al niño que le tutela y éste hablará con el acosador para intentar solucionar el problema de igual a igual. Con esta primera intervención se resuelven muchos conflictos. Cuando no es posible, el tutor informa al profesor, que intervendrá de inmediato.

El sistema nos gusta mucho porque implica a toda la comunidad escolar, pero sobre todo porque los niños son los primeros en identificar y detener las conductas, convirtiéndose en protagonistas de las soluciones, a su nivel, entre iguales, desde el minuto uno y sin esperar a que la cosa se agrave ante la ignorancia de padres y profesores, porque la violencia se gesta poco a poco, a escondidas, en rincones del patio, en vestuarios y baños, lejos de los ojos del profesorado e incluso a veces con el desconocimiento de los propios padres. Es, sin duda, una buena noticia para los niños de nuestra ciudad.

 

 

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El verano y los abandonos de animales

 

Aunque es tradicional relacionar el verano con el repunte de los casos de abandono de animales domésticos, en la actualidad los datos que manejan las protectoras muestran una realidad bien distinta. El número de abandonos no es estacional sino que se mantiene en cifras excesivamente altas y estables durante todo el año. En el año 2015, según el informe de la Fundación Affinity, más de 137.000 perros y gatos fueron recogidos en protectoras. Pero realmente los datos son mucho más elevados. Los animales abandonados son muchos más que aquellos que llegan a ser recogidos por protectoras, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa en esta estadística.

Las causas de los abandonos son también variadas: el comportamiento del animal, la tenencia de alergias por algún miembro de la familia, cuestiones económicas, falta de tiempo o espacio, cambio de domicilio, fallecimiento del propietario, pérdida de interés de los niños, embarazo de la propietaria… En definitiva, todas ellas pueden resumirse en una sola: la ausencia absoluta de falta de concienciación de la responsabilidad que implica tener un animal.

Si decidimos compartir nuestra vida con un perro o un gato tenemos que ser conscientes del espacio y tipo de vivienda que tenemos, del tiempo que precisan para sus cuidados, del gasto que implica su tenencia y de las características concretas de cada animal que determinan su comportamiento. No podemos dejarnos llevar por la imagen de un cachorro adorable o la petición insistente de los niños porque el cachorro crece y se convierte en un perro o gato adulto con unas necesidades y porque los niños dejan de mostrar interés en cuanto pasa la novedad inicial. Un animal es un ser vivo que depende de nosotros, no es un juguete, ni un peluche que dejar abandonado cuando comienza a causar molestias.

El abandono nunca es una opción por múltiples motivos pero yendo al estrictamente jurídico no lo es porque hoy en día es un delito castigado como tal en nuestro Código Penal, además de estar considerado infracción en todas las leyes autonómicas de protección y en las ordenanzas locales en aquellas ciudades que cuentan con ellas.

Por todo ello, tener un animal requiere ser una persona responsable. Si no se está a la altura, es mejor no tenerlo y, si sí se está, entonces la mejor opción es la adopción, ya que al menos se palia en parte la irresponsabilidad de aquellos que previamente han abandonado.

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La vivienda familiar y el régimen económico del matrimonio

Tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista económico, la vivienda familiar tiene un valor que va mucho más allá de aquel que pueda ostentar en el mercado inmobiliario. En esta misma línea las normas jurídicas le otorgan una protección jurídica especial que, aunque varíe en función del régimen económico elegido por el matrimonio, cuenta también con unas reglas básicas aplicables a todas las situaciones. Vamos a analizar los casos más comunes.

Matrimonio en régimen de separación de bienes. En este caso la vivienda pertenecerá a uno u otro cónyuge o a los dos en copropiedad en función de quien la haya adquirido y pagado su importe.

Matrimonio en régimen de sociedad de gananciales. Aquí pueden darse varias situaciones diferentes:

1.- Vivienda comprada por uno o ambos cónyuges antes del matrimonio y que queda pagada totalmente. La vivienda no será un bien ganancial sino privativo del cónyuge que la haya abonado íntegramente o, si fue comprada por los dos, ambos serán propietarios en la proporción del precio que hayan aportado.

2.- Vivienda comprada por uno de los cónyuges antes del matrimonio a plazos y parte del precio se paga después de la boda con dinero ganancial. En este supuesto, la vivienda habitual tiene un régimen especial que genera una situación de copropiedad. La vivienda pertenece al cónyuge que la ha adquirido antes de casarse en la parte que abonó hasta ese momento y a la sociedad de gananciales en la parte que se pagó con posterioridad al matrimonio.

3.- Vivienda comprada después del matrimonio. Su calificación como ganancial o privativa depende del dinero utilizado para su adquisición. Por ejemplo, si uno de los cónyuges la adquiere con un dinero proveniente de una herencia será de su propiedad. Si por el contrario se paga, como suele ser lo más habitual, con el dinero ahorrado por los dos con sus sueldos será ganancial.

En todo caso, con independencia del régimen económico elegido y a quien pertenezca la vivienda cualquier acto de disposición sobre la misma exige el consentimiento de ambos cónyuges o, en su caso, autorización judicial.

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