El Comercio
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¿Cómo funcionan los cambios y devoluciones?

Cuántas veces nos ha ocurrido eso de llegar entusiasmados con un regalo que consideramos muy especial para la persona para la que va dirigido y al final no le gusta o no es su talla o ya cuenta con algo similar y decide cambiarlo… También es muy habitual  que cualquiera de nuestras compras no nos parezcan adecuadas al examinarlas en casa y finalmente optemos por hacer un cambio o una devolución. ¿Deben admitir siempre las tiendas estos cambios? ¿Deben devolvernos el dinero? ¿Tenemos un plazo para ello?

Las normas a este respecto son claras:

Solo existen dos supuestos en que los comerciantes están obligados a aceptar un cambio o una devolución. El primero es cuando el producto es defectuoso. Aplicando las normas de garantía de bienes de consumo, los consumidores tenemos derecho a la reparación, sustitución, rebaja del precio o retorno del dinero según marca esta ley de garantía. El plazo que dura la garantía es de dos años.

El segundo es cuando, por el tipo de venta, exista el derecho de desistimiento. Esto ocurre en las ventas que no se realizan de forma presencial, las ventas a domicilio o a distancia, por ejemplo, las que hacemos  por internet, por teléfono, por correo… El plazo de desistimiento en estos casos es de catorce días naturales y no es necesario tener motivo o dar justificación alguna.

En el resto de supuestos, los comerciantes tienen el derecho de establecer las normas que deseen sobre cambios y devoluciones. Ahora bien, si ofertan esta posibilidad, deben dejar clara esta opción y las condiciones en las que se va a llevar a cabo. En estos casos, será vinculante para ellos, es decir, podremos exigir el cambio o devolución en la forma previamente publicitada por el vendedor.

Hoy en día casi todas las tiendas tienen regulado el sistema de cambios y devoluciones que aplican por lo que es muy importante que nos fijemos en él y lo tengamos en cuenta. Si no está expuesto o aparece en el tique de compra, conviene preguntarlo, especialmente si estamos realizando una compra de la que no estemos seguros al cien por cien y puede ser susceptible de cambio.

Conocer las condiciones en que ha de efectuarse es garantía para poder exigir después nuestros derechos.

 

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Asistir a una junta de propietarios por delegación

El padre de María ha fallecido y puesto que su madre es muy mayor será ella la que en adelante tenga que asistir a las reuniones de comunidad. Nos pregunta si necesitará una autorización de su madre para justificar su presencia en las juntas.

Si al fallecer tu padre tú te has convertido en propietaria de al menos una parte de esa vivienda no necesitarás autorización alguna, aunque debes comunicar esta nueva situación al presidente para que haga los cambios oportunos en la documentación de la comunidad. Si no eres propietaria, tu madre deberá firmar un simple escrito de delegación, especificando sus datos, los tuyos, los de la comunidad de propietarios y la fecha en que la junta va a celebrarse.

 

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¿Es solo tuyo o es de los dos?

Laura ha heredado una vivienda de su padre. La tuvo durante un tiempo alquilada y ahora la ha puesto en venta. Con el dinero que perciba de esa venta tiene previsto cancelar la hipoteca del piso que tiene con su marido. Ella considera que al ser solamente suyo ese dinero de la venta de la casa de su padre esto tiene que tenerse en cuenta. En cambio su marido considera que debe aplicarse en beneficio de los dos, igual que se estaba haciendo con la renta percibida por el alquiler.

Entendemos que el régimen económico de tu matrimonio es el de gananciales. Siendo así, lo que cada cual perciba a título hereditario tiene carácter privativo, es decir, que la vivienda que heredaste o el dinero que obtengas por la venta será exclusivamente tuyo. Efectivamente tu marido lleva razón en el hecho de que lo percibido en concepto de alquiler es ganancial, por tratarse de un rendimiento, pero no hay que confundir una cosa con otra.

El rendimiento o fruto de esa casa es ganancial, pero la casa o el precio que por ella se perciba en caso de venta es claramente privativo. En consecuencia, si decides emplear ese dinero en cancelar la hipoteca de la vivienda familiar y quieres que se considere que es exclusivamente tuyo, estás en tu derecho. Tienes varias opciones posibles. Lo importante es que los dos os pongáis de acuerdo y se haga constar en escritura pública para mayor seguridad.

 

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¿Quieres alquilar tu vivienda este verano?

Se acerca el verano y proliferan los anuncios sobre alojamientos vacacionales. Quién tiene una segunda vivienda disponible se pregunta cómo obtener rentabilidad y se dispone a hacer su oferta a través de alguna de una agencia o alguna de las páginas web que incluyen este tipo de viviendas. Antes de hacerlo conviene estar adecuadamente asesorado, pues hoy día la mayor parte de las comunidades autónomas regula de un modo u otro los alojamientos vacacionales sujetándolos a requisitos y trámites que deben cumplirse.

Centrándonos en Asturias, la situación es la siguiente. Cuatro son las posibilidades de rentabilizar un inmueble cediendo su uso a terceros para su alojamiento, de un modo u otro:

1)     Establecimientos de alojamiento turístico, tales como hoteles, pensiones, etcétera, gestionados como actividad profesional por su titular y que se regulan por la ley 7/2001, del Principado de Asturias, de Turismo.

2)     Arrendamientos sujetos a la ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, que serán aquellos que se destinen a vivienda habitual del inquilino o a un uso distinto (local de negocio, arrendamiento por temporadas, etcétera), del cual se excluye el uso turístico.

3)     Viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico, reguladas por el decreto 48/2016, de viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico. Son viviendas que se ceden de forma temporal (que no implica cambio de residencia para el ocupante), al menos una vez al año y se comercializan a través de cualquier canal de comunicación con connotaciones de oferta turística. Vamos a centrarnos en estas últimas.

¿Qué diferencia una vivienda vacacional de una vivienda de uso turístico?

Las dos ofrecen alojamiento a cambio de un precio y se ofertan como vivienda turística. En la vivienda vacacional el alojamiento debe ser íntegro y no por habitaciones, quedando excluidos los pisos. La vivienda de uso turístico es una vivienda independiente, ubicada en una comunidad de propietarios (un piso) y se puede ofertar la vivienda entera o habitaciones.

¿Qué requisitos hay que cumplir para ofrecer este tipo de viviendas?

Deben cumplir con la normativa relativa a seguridad, salubridad, urbanística, técnica, de habitabilidad y de accesibilidad que resulte aplicable. Además el Decreto establece requisitos de instalaciones y equipamientos mínimos, de publicidad e información a los clientes, estancias, reservas, cancelación, precios, etc. No cualquier vivienda está preparada para ofertarse como vivienda vacacional o de uso turístico.

¿Dónde se hacen los trámites?

Corresponde la autorización a la Consejería de Empleo Industria y Turismo, pudiendo presentarse la solicitud de forma presencial o por Internet, acompañando una serie de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

¿Cómo saber si una de estas viviendas cumple sus obligaciones?

Las que cumplan los requisitos y se registren como tal estarán dotadas de una placa identificativa en lugar visible, con su número de registro, incluirán un cartel informativo con precios, teléfonos de contacto y emergencias, etc. Además a todo cliente se le entregará un documento de admisión, a modo de contrato, con las condiciones pactadas, debiendo expedirse factura con IVA al pagar los servicios. Los clientes podrán exigir los derechos que se regulan en el Decreto 48/2016 y tendrán a su disposición una hoja oficial de reclamación.

 

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Divorcio y animales

Un consultante de nuestro blog nos pregunta si se puede reclamar judicialmente la custodia de un perro en una situación de divorcio. En este caso, el matrimonio tenía como régimen económico el de la separación de bienes y, aunque el perro se había comprado a medias, en el chip y en la cartilla sanitaria figura tan sólo uno de los cónyuges que es quien finalmente se lo quedó.

 Es un tema complejo el que se plantea con esta consulta porque son diferentes puntos los que habría que abordar. En primer lugar, lo que debemos tomar en consideración es que un animal, con independencia de la relación personal y afectiva que mantengamos con él, jurídicamente se considera un bien dentro de la categoría de semovientes, bien que por otro lado puede incluso llegar a alcanzar un valor económico importante si se trata de un perro de raza, con pedigrí, etcétera.

 Desde este punto de vista, lo más importante es determinar a quién corresponde su propiedad. En este supuesto, si el matrimonio se regía en su vida económica por el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges tiene su propio patrimonio conformado por los bienes que cada uno ha adquirido a lo largo del matrimonio. Si el perro se adquirió en copropiedad, será de ambos, pero el problema en este caso será demostrarlo. Si se conserva la factura de la compra o algún otro documento que confirme que ambos cónyuges son los propietarios, entonces se da una situación de indivisión que habría que solventar por ejemplo quedándose uno de ellos con el animal e indemnizando al otro. Si no hay forma de acreditar la adquisición conjunta, el chip y la cartilla pueden servir como base para adjudicarlo al cónyuge a cuyo nombre existen.

 Sí existe jurisprudencia que toma en cuenta los animales a la hora de hacer el reparto de bienes o que determina con quién han de quedarse entretanto. También hay alguna sentencia aislada que trata el tema del establecimiento de un régimen de custodia y contacto con ambos miembros de la pareja. No obstante, este tema resulta mucho más complicado de tratar jurídica y judicialmente pues no se encuentra expresamente previsto en nuestro ordenamiento para el que, como hemos comentado, los animales aún son cosas. Por otro lado, aunque consiguiéramos una sentencia o pactáramos en un convenio unas medidas sobre estos extremos, la ejecución del mismo en caso de incumplimiento sería muy difícil de conseguir.

En este punto, como en otros tantos cuando se produce una ruptura de la pareja, hay que abogar por la buena voluntad de ambas partes y, si hay niños vinculados emocionalmente con el animal, pensar principalmente en el bienestar de estos y de la propia mascota.

Por último, sería muy deseable que nuestro ordenamiento contemplara estas situaciones y, al menos, considerara a los animales como seres sensibles y no como simples cosas. Ya existe aprobada una proposición no de ley en este sentido. Ahora falta convertirla en ley.

 

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¿Podemos asegurar que el arrendatario pague?
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Aunque el mercado de la compraventa de viviendas se está activando, aún hay muchas viviendas vacías que no se venden. Si tenemos un inmueble vacío y nos está costando encontrar un comprador, nos puede surgir la siguiente duda para sacarle un rendimiento económico: ¿es el arrendamiento una buena opción?

La respuesta, como en cualquier cuestión legal, requiere analizar diversos matices.

El arrendamiento es una buena opción siempre y cuando el inquilino pague la renta y sea cuidadoso con la vivienda. La principal preocupación de un propietario es precisamente no tener que enfrentarse a morosos y desahucios. Sin embargo, no se puede garantizar que esto no llegue a suceder. Aún haciendo una buena búsqueda no es fácil saber qué va a suceder con la persona elegida como arrendataria y además, con la precariedad actual del empleo, no siempre es suficiente comprobar que el inquilino tenga un trabajo en el momento de la firma del contrato.

Ante esta situación, ¿podemos adoptar alguna precaución a la hora de hacer el contrato?

Hay que partir del hecho de que la ley solamente exige al inquilino una fianza equivalente a una mensualidad de renta y que esta cantidad se destina a posibles desperfectos que puedan quedar en la vivienda una vez finalizado el contrato de arrendamiento, es decir, no está prevista para cubrir impagos de renta o gastos judiciales al margen de que, obviamente, para tal finalidad no alcanza dicha cantidad ni de lejos. Es por ello que hay que pensar en incorporar a través del contrato algunas garantías adicionales. Y en este campo hay varias alternativas posibles.

Una de ellas es exigir un aval bancario que cubra el importe de varias mensualidades y de los gastos judiciales en caso de desahucio por falta de pago de la renta, lo que le va a suponer un cierto coste al arrendatario..

Otra opción, si no se desea añadir estos gastos bancarios a la operación, es acordar dejar un dinero en depósito para cubrir posibles impagos. El depositario puede ser el propio arrendador.

Estas dos posibilidades no suelen ser bien recibidas normalmente por los candidatos a alquilar una vivienda bien por los gastos que implican o bien por la necesidad de tener que contar con un dinero de forma previa que va a quedar inmovilizado. Desde  el punto de vista del arrendador también hay que tener en cuenta que a más exigencias, menos inquilinos vamos a encontrar interesados en el alquiler.

Pero hay otra vía que resulta más fácil de conseguir. Consiste en exigir que firme el contrato además del inquilino un fiador solidario que responda de todas las obligaciones que se deriven del contrato en caso de incumplimiento. Obviamente hay que asegurarse de que el fiador sea solvente, pues en otro caso de poco sirve esta garantía adicional.

Por último, se puede contratar un seguro de arrendamientos que cubra posibles impagos y gastos judiciales. En este caso hay que estudiar la póliza con detalle y calcular su coste a la hora de pensar en la renta mensual que se quiera exigir.

 

 

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