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La vivienda familiar y el régimen económico del matrimonio

Tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista económico, la vivienda familiar tiene un valor que va mucho más allá de aquel que pueda ostentar en el mercado inmobiliario. En esta misma línea las normas jurídicas le otorgan una protección jurídica especial que, aunque varíe en función del régimen económico elegido por el matrimonio, cuenta también con unas reglas básicas aplicables a todas las situaciones. Vamos a analizar los casos más comunes.

Matrimonio en régimen de separación de bienes. En este caso la vivienda pertenecerá a uno u otro cónyuge o a los dos en copropiedad en función de quien la haya adquirido y pagado su importe.

Matrimonio en régimen de sociedad de gananciales. Aquí pueden darse varias situaciones diferentes:

1.- Vivienda comprada por uno o ambos cónyuges antes del matrimonio y que queda pagada totalmente. La vivienda no será un bien ganancial sino privativo del cónyuge que la haya abonado íntegramente o, si fue comprada por los dos, ambos serán propietarios en la proporción del precio que hayan aportado.

2.- Vivienda comprada por uno de los cónyuges antes del matrimonio a plazos y parte del precio se paga después de la boda con dinero ganancial. En este supuesto, la vivienda habitual tiene un régimen especial que genera una situación de copropiedad. La vivienda pertenece al cónyuge que la ha adquirido antes de casarse en la parte que abonó hasta ese momento y a la sociedad de gananciales en la parte que se pagó con posterioridad al matrimonio.

3.- Vivienda comprada después del matrimonio. Su calificación como ganancial o privativa depende del dinero utilizado para su adquisición. Por ejemplo, si uno de los cónyuges la adquiere con un dinero proveniente de una herencia será de su propiedad. Si por el contrario se paga, como suele ser lo más habitual, con el dinero ahorrado por los dos con sus sueldos será ganancial.

En todo caso, con independencia del régimen económico elegido y a quien pertenezca la vivienda cualquier acto de disposición sobre la misma exige el consentimiento de ambos cónyuges o, en su caso, autorización judicial.

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Un año más

 

Un día como hoy se publicó por primera vez nuestro Consultorio Legal en El Comercio.

Nació en un momento especial, un 24 de junio de 1994, especial porque la noche de San Juan siempre es diferente y mágica.

22 años después nuestro balance tan solo alberga aspectos positivos, el mejor, sin duda, el contacto directo con los lectores a través de las preguntas que nos hacen llegar.

Gracias a todos los que nos leéis, nos consultáis o comentáis nuestras publicaciones y al diario El Comercio por permitirnos compartir juntos, durante tanto tiempo, esta colaboración.

Seguimos contando con todos vosotros.

Hasta nuestra próxima publicación.

Elena Cuervo y Susana Alfageme.

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MOTIVOS DE UNA RUPTURA

Cuando una persona toma la decisión de divorciarse suele tener muy claros sus motivos y poco le importan las razones que mueven a otros a llegar a la misma conclusión. Sin embargo, quien permanece casado a veces se pregunta qué es lo que puede llevar a otros matrimonios a poner punto y final a una relación de muchos años en la que incluso hay hijos comunes, bienes que repartir y proyectos por cumplir, quizás con la esperanza de no cometer errores.

Después de muchos años escuchando y asesorando a personas que atraviesan por este difícil momento en sus vidas, podemos decir que son muchos y muy variados los motivos que llevan a la ruptura de una pareja. En toda pareja hay momentos de crisis y no toda crisis conduce al divorcio.  Cuando así sucede no suele haber un único factor, sino una suma de distintas circunstancias a lo largo del tiempo, con un desencadenante final. Por poner algunos ejemplos podríamos decir que la diferente visión sobre el cuidado de los hijos y las tareas domésticas, el tiempo que se dedica a la relación y al trabajo, la interferencia de la familia política, las dificultades económicas, la infidelidad, los celos, los puntos de vista antagónicos en cuestiones esenciales, las faltas de respeto (incluso malos tratos físicos o verbales), la evolución personal a lo largo de los años y un largo etcétera suelen estar presentes en muchas de las rupturas. Sin embargo, el factor que nunca falta, el que siempre destaca, es la falta de comunicación, hasta tal punto que cada uno de los dos miembros de la pareja suele tener una versión por completo diferente de la situación que desencadena la ruptura y no comprende o se sorprende del punto de vista del otro.

Esa falta de comunicación dificulta el acuerdo también de cara a la formalización de la ruptura, por lo que es esencial la labor del mediador o la negociación entre los abogados de las partes para acercar posiciones en busca de un acuerdo. La búsqueda ha de centrarse en las cuestiones por resolver: reparto de bienes comunes, custodia de los hijos, pensiones económicas, uso de la vivienda familiar… De poco vale ya entrar a analizar los motivos o las razones que condujeron al fin de la pareja, pues desde un punto de vista legal hoy día el divorcio no es causal, lo que significa que va a producirse sin que las razones personales pesen en la balanza ni tengan influencia en las medidas que finalmente se adopten.

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Cuidar a los niños a tiempo completo

Aunque cada vez es menos frecuente, aún sucede que un matrimonio que quiere tener hijos, decida que la mujer o el marido no trabaje para cuidar de ellos. No siempre es una decisión, otras veces es una circunstancia pues no todo el que quiere tiene hoy día un trabajo. En estas situaciones hay que pararse a pensar en las implicaciones legales porque cuando llega una ruptura imprevista de la pareja, el denominador común es una profunda insatisfacción a la hora de buscar soluciones económicas.

Lamentablemente la visión idealizada de la vida en pareja nos sitúa en un escenario que raramente se da: un matrimonio para toda la vida donde si uno decide depender económicamente del otro estará seguro pues, incluso si una ruptura se presentase, para existe la pensión compensatoria.

¿Cuál es la realidad? Empecemos por el régimen económico del matrimonio. Si éste es el de gananciales, lo que el cónyuge que trabaja obtenga pertenecerá a los dos. Ahora bien, si es el de separación de bienes, los ingresos pertenecen a quien los obtiene, de modo que habrá que prestar especial atención a la titularidad de bienes y cuentas. En una situación en que uno de los dos trabaja para la familia, es recomendable el régimen de gananciales o, si se opta por el de separación, procurar que al menos una parte del dinero se ingrese en una cuenta de titularidad compartida.

¿Y qué esperar en caso de ruptura? El cónyuge que ha dedicado años de su vida a cuidar de la familia muy probablemente no va a poder mantener su estatus económico. La pensión compensatoria no se suele establecer de forma indefinida, salvo que el divorcio se produzca a una avanzada edad, y su cuantía no suele ser elevada. A esta ecuación hay que añadir el dato de que el divorcio se puede solicitar por cualquiera de los dos sin que sea necesario que concurra causa alguna. Lo cierto es que la mayor parte de las personas que tomaron la decisión de cuidar a su familia se sienten satisfechas en lo personal por los años vividos pero enfrentan su futuro con peores expectativas económicas tras una ruptura.

¿Qué recomendación se puede dar? En general, aquel que se encuentre en una situación de desequilibrio ha de pensar los riesgos que asume y, en la medida de lo posible, valorar  si su pareja estaría dispuesta, a través de las capitulaciones matrimoniales,  a adoptar un acuerdo económico que aporte algo más de seguridad. En todo caso, es recomendable no demorar en exceso la reincorporación a la vida laboral, tras los primeros años de cuidado de los niños.

Con esto no intentamos poner en desvalor el trabajo que implica ser padre o madre a tiempo completo, sino tan solo hacer una reflexión de las implicaciones legales que esta decisión puede conllevar en caso de ruptura.

 

 

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Un buen contrato de arrendamiento evita problemas

Hay muchas cuestiones que vienen reguladas legalmente y otras tantas que generan dudas de interpretación que han sido resueltas por nuestros tribunales generando una base de jurisprudencia que ayuda a solucionar infinitos puntos conflictivos pero la mejor herramienta para solucionar problemas sigue siendo la confección de un buen contrato de arrendamiento.

Al principio, cuando ambas partes negocian y alcanzan acuerdos, cuando hay buen entendimiento y opciones para aclarar cualquier punto oscuro, es el momento perfecto para plasmar por escrito todos los extremos en cláusulas contractuales de la forma más clara y precisa posible.

Aunque esta es una clave que se puede aplicar a cualquier cuestión jurídica, es especialmente importante en materia de arrendamientos. En los contratos de arrendamiento de vivienda la ley establece una regulación muy amplia pero deja numerosos resquicios en puntos clave que las partes pueden considerar y pactar. En los contratos para uso distinto de la vivienda, las posibilidades que se abren a arrendador y arrendatario son mucho más amplias. Aquí prima, prácticamente en casi todo el contenido del contrato, la voluntad de las partes, es decir, pueden pactar lo que deseen en cuestiones tan importantes como la duración, qué ocurre si el arrendatario incumple ese plazo, quién se hace cargo de obras y reparaciones, quién paga la comunidad o incluso las derramas, los derechos de tanteo y retracto en caso de venta, si se permite la cesión y el subarriendo y sus consecuencias sobre la renta si se aceptan, el giro o el uso del inmueble que se permite… Y si no se acuerda nada específico se aplica el contenido de la ley, que hay que conocer, porque puede ser o no más interesante incluir cualquier otra cuestión.

La realización de un buen contrato con una previsión clara y adaptada al caso concreto, puede solucionar muchas dudas y problemas que puedan surgir por el camino y evitar conflictos entre las partes.

 

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Incapacitar a un familiar: una decisión necesaria

Cuando alguno de nuestros familiares tiene una enfermedad que le afecta a un cierto nivel en su vida se abre la posibilidad de iniciar diversos trámites: los relativos a la consecución de una invalidez o una minusvalía que puedan tener repercusiones en la obtención de una pensión, de ciertos beneficios fiscales, de ayudas… Pero en ocasiones esa enfermedad va mucho más allá y el efecto que produce es el de imposibilitar a esa persona a regirse por sí misma, a tomar decisiones sobre su vida y a administrar su patrimonio. En estos casos, resulta imprescindible tomar una medida que siempre es difícil y que necesariamente implica un procedimiento judicial: la incapacitación.

La finalidad de este procedimiento es determinar qué actos va a poder seguir haciendo el enfermo por sí mismo y para cuáles necesita la asistencia de otra persona que será nombrada su tutora. En ocasiones, la enfermedad implica un deterioro tan importante que esos actos para los cuales se va a precisar la asistencia de un tutor van a ser prácticamente todos como, por ejemplo, ocurre en algunos casos de enfermedades degenerativas como el Alzheimer.

Decimos que es necesario porque es una forma de proteger a esa persona que ya no puede valerse por sí misma. El tutor va a estar controlado anualmente por el órgano judicial y va a tener que dar cuenta del estado personal y de la situación económica del enfermo con una aprobación año a año de sus cuentas. Además de esta forma, el enfermo cuenta con una persona que puede actuar por él en los actos para los cuales ya no puede valerse personalmente.

Por otro lado, el control judicial permite también valorar si hay alguna mejoría en el enfermo que le permita recuperar toda o parte de su capacidad. En estos casos, si tal mejoría existe, la situación de la incapacitación es reversible y, tras un nuevo proceso judicial, el incapacitado podrá de  nuevo volver a hacerse cargo de su vida y la gestión de sus bienes.

No está legitimada cualquier persona para iniciar los trámites judiciales aunque, si no estamos legitimados y conocemos algún caso, podemos al menos ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que sea este quien lleve a cabo las actuaciones que se precisen.

Siempre es necesario un procedimiento judicial donde hay que acreditar la enfermedad de la persona a incapacitar de forma que no queden dudas sobre la necesidad de hacerlo. En este tipo de procedimientos son necesarios abogado y procurador por lo que el primer paso siempre va a ser consultar con un profesional que será quien nos indique los pasos a seguir, la documentación a aportar y la mejor fórmula para procurar esa atención al presunto incapaz.

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