En el Parlamento, Adrián Barbón anunció que en las mesas de contratación no habrá cargos políticos. El presidente del Gobierno de coalición (PSOE-IU) volvió a decir que el PSOE no es un partido corrupto; tomará medidas internas en su organización, como facilitar las denuncias y perseguir los comportamientos machistas; propone también reformas en el Código Penal para perseguir a los corruptores.

Vuelve el presidente al método de tomar decisiones en caliente. La participación de los políticos en las mesas de contratación es residual en Asturias. No los necesitan los gobiernos que quieren actuar rectamente ni los que traman golferías. El último ejemplo nos lo dio María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, con la colaboración de Elma Saiz, actual ministra de la Seguridad Social y antes consejera de Economía en el Gobierno de Navarra. Saiz hizo un apaño para que un funcionario, ingeniero de 73 años, siguiera presidiendo la mesa de contratación, dando como resultado que la adjudicación de la obra del túnel de Belate (76 millones) fue para la UTE formada por Acciona y Servibar (la empresa de Cerdán). Las mesas formadas solo por funcionarios no son garantía de nada. Basta con tener en determinadas jefaturas de servicio a personas afines al poder.

El hombre es un animal de contradicciones (la simple observación del personal me llevó a esa definición) y los políticos no son una excepción. Como supo destacar Álvaro Queipo, el endurecimiento de las penas contra la corrupción, en el caso de Barbón, se compadece mal con defender la amnistía para malversadores condenados. Por otra parte, la reforma del Código Penal desborda el marco autonómico, aunque puede ser una iniciativa de los diputados asturianos en la Cámara Baja.

Adrián Barbón volvió a afirmar, con la mejor voluntad del mundo, que el PSOE «no es un partido corrupto». Es más que probable que en su entorno, en un sentido amplio, no haya corruptos, pero no le queda otro remedio que asumir que la opinión pública tenga muchas dudas sobre la integridad de la dirección del partido, a escala nacional, cuando los dos hombres fuertes de Sánchez, desde que llegó a La Moncloa, formaron parte, presuntamente, de una organización criminal, tal como la describe Leopoldo Puente, juez instructor del Tribunal Supremo. ¿Qué hubieran dicho los dirigentes socialistas si en 2016 se descubre que Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, formando un tándem, trincaban en las adjudicaciones de obra pública?