El terremoto provocado por las presuntas actuaciones delictivas de Santos Cerdán y sus compinches fue seguido por una semana centrada en la cumbre de la OTAN y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía. Dos hitos de Pedro Sánchez.

Viéndose en el punto más bajo de su trayectoria política, el presidente del Gobierno nos sorprendió a todos con la noticia de que España iba a gastar menos en defensa que sus 32 socios de la OTAN. El resto de países tendrían que gastar el 5% del PIB, mientras que a España le bastaría con el 2,1%, «ni más ni menos». La diferencia es muy grande: pasaríamos de destinar 80.000 millones de euros a la defensa, a cumplir nuestras obligaciones con 33.600 millones.

El presidente informó de un intercambio de comunicaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que le habría permitido rebajar el gasto en casi 50.000 millones. Al día siguiente, Rutte desmintió que hubiera alcanzado un «acuerdo paralelo» con Pedro Sánchez o haber aceptado una «excepción» para España que le exonerase de elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB.

Cumbre
La cumbre de La Haya, celebrada en dos días, terminó con un acuerdo de cinco puntos firmado por todos, Trump y Sánchez incluidos. En el punto 2 se dice: «Los aliados se comprometen a invertir cada año el 5% de su PIB en las necesidades esenciales de defensa, así como en los gastos relacionados con la defensa y la seguridad hasta 2035, a fin de garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas».

En el punto 3 se detalla: «Los aliados destinarán al menos el 3,5% de su PIB cada año, sobre la base de la definición acordada de gastos de defensa de la OTAN, de aquí a 2035, para financiar las necesidades esenciales en materia de defensa y alcanzar los objetivos de capacidad de la OTAN». Posteriormente se señala que se dedicará hasta el 1,5% del PIB cada año, «entre otras cosas» a proteger infraestructuras críticas, defender nuestras redes y fortalecer la base industrial de defensa, entre otros. También se indica que se presentarán planes anuales que muestren «una trayectoria creíble y progresiva para alcanzar el objetivo».

Esto fue lo que firmaron todos. No hay adendas ni anexos al documento de los cinco puntos. Tras la foto de familia, con Trump en el centro y Sánchez esquinado, se disolvió el grupo de líderes.

A continuación, Pedro Sánchez, puestos de pie ante el micrófono, informó a los periodistas: «Lo que tengo claro, escuchando al líder de la oposición, es que si hoy hubiera aquí otro presidente, España habría firmado el 5% en defensa, y eso sería un absoluto error para España. Y por eso no lo hemos hecho».

Paripé
Sánchez en estado puro. Firmó el mismo documento que el resto de líderes, con las cifras claras que comprometen a todos los estados, pero al dirigirse a la prensa dice que no ha firmado y que otro presidente (Feijóo), en su lugar, lo habría hecho. No recuerdo a ningún jefe de gobierno de un país democrático que tuviese esa predisposición natural para la mentira.

Todo el paripé con el 2,1%, como porcentaje de gasto español para la defensa, sólo tuvo una finalidad: reconciliarse con sus socios parlamentarios, tras el escándalo provocado por las supuestas mordidas de Santos Cerdán y sus conmilitones.

Cualquiera que haya seguido la trayectoria de Sánchez estos años, habrá podido observar que para mantenerse en el poder no tiene líneas rojas.

Y vamos con el segundo gran acontecimiento político de la semana, donde el protagonismo de Sánchez es evidente, aunque los autores últimos de la «barrabasada», dicho en la jerga de Felipe González, hayan sido los seis miembros del Tribunal Constitucional de tendencia progresista.

La amnistía es ya una realidad, al menos, hasta que hable el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya recibió dos informes netamente adversos a validarla, uno de ellos proveniente de la Comisión Europea.

Falacia
Al leer la sentencia se ve la falacia en que se apoya la ley al decir que «tiene como propósito reducir la tensión institucional y política generada por los hechos del procés y facilitar un escenario de reconciliación». El proyecto de Ley de Amnistía se registró en el Congreso de los diputados el 14 de marzo de 2024. No existía ninguna tensión institucional. Las fuerzas que habían impulsado el procés estaban de retirada. Ocho meses antes, en las últimas elecciones generales, entre todos los grupos nacionalistas alcanzaron 14 escaños en Cataluña. El PSC obtuvo 19, PP 6 y Vox 2. Los constitucionalistas duplicaron en escaños a los independentistas, algo que no se veía desde hacía muchos años.

La Ley de Amnistía no fue, como dijo Sánchez, «en el nombre de España, en el interés de España», sino en su propio beneficio, al ser la condición impuesta por Puigdemont para que los siete diputados de Junts votaran a favor de su investidura. La norma es criticable por diversas razones, pero incluye dos aspectos que son brutales: la Ley de Amnistía fue redactada por Puigdemont, su abogado, y Santos Cerdán; los delincuentes se amnistiaron a sí mismos. Y la segunda barbaridad: todos los condenados y, luego, amnistiados, dijeron múltiples veces, en las instituciones y en la calle, que lo volverían a hacer («ho tornaré a fer»).

Pedro Sánchez dijo que la amnistía es «una magnífica noticia para España y para la convivencia». Le faltó añadir que cualquier ley es constitucional si me sirve para continuar en el poder.