El Comercio
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Fecha: abril, 2017
Divorcio y animales
Cuervo Alfageme Abogados 28-04-2017 | 2:34 | 0

Un consultante de nuestro blog nos pregunta si se puede reclamar judicialmente la custodia de un perro en una situación de divorcio. En este caso, el matrimonio tenía como régimen económico el de la separación de bienes y, aunque el perro se había comprado a medias, en el chip y en la cartilla sanitaria figura tan sólo uno de los cónyuges que es quien finalmente se lo quedó.

 Es un tema complejo el que se plantea con esta consulta porque son diferentes puntos los que habría que abordar. En primer lugar, lo que debemos tomar en consideración es que un animal, con independencia de la relación personal y afectiva que mantengamos con él, jurídicamente se considera un bien dentro de la categoría de semovientes, bien que por otro lado puede incluso llegar a alcanzar un valor económico importante si se trata de un perro de raza, con pedigrí, etcétera.

 Desde este punto de vista, lo más importante es determinar a quién corresponde su propiedad. En este supuesto, si el matrimonio se regía en su vida económica por el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges tiene su propio patrimonio conformado por los bienes que cada uno ha adquirido a lo largo del matrimonio. Si el perro se adquirió en copropiedad, será de ambos, pero el problema en este caso será demostrarlo. Si se conserva la factura de la compra o algún otro documento que confirme que ambos cónyuges son los propietarios, entonces se da una situación de indivisión que habría que solventar por ejemplo quedándose uno de ellos con el animal e indemnizando al otro. Si no hay forma de acreditar la adquisición conjunta, el chip y la cartilla pueden servir como base para adjudicarlo al cónyuge a cuyo nombre existen.

 Sí existe jurisprudencia que toma en cuenta los animales a la hora de hacer el reparto de bienes o que determina con quién han de quedarse entretanto. También hay alguna sentencia aislada que trata el tema del establecimiento de un régimen de custodia y contacto con ambos miembros de la pareja. No obstante, este tema resulta mucho más complicado de tratar jurídica y judicialmente pues no se encuentra expresamente previsto en nuestro ordenamiento para el que, como hemos comentado, los animales aún son cosas. Por otro lado, aunque consiguiéramos una sentencia o pactáramos en un convenio unas medidas sobre estos extremos, la ejecución del mismo en caso de incumplimiento sería muy difícil de conseguir.

En este punto, como en otros tantos cuando se produce una ruptura de la pareja, hay que abogar por la buena voluntad de ambas partes y, si hay niños vinculados emocionalmente con el animal, pensar principalmente en el bienestar de estos y de la propia mascota.

Por último, sería muy deseable que nuestro ordenamiento contemplara estas situaciones y, al menos, considerara a los animales como seres sensibles y no como simples cosas. Ya existe aprobada una proposición no de ley en este sentido. Ahora falta convertirla en ley.

 

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¿Podemos asegurar que el arrendatario pague?
24-04-2017 | 2:03 | 0

Aunque el mercado de la compraventa de viviendas se está activando, aún hay muchas viviendas vacías que no se venden. Si tenemos un inmueble vacío y nos está costando encontrar un comprador, nos puede surgir la siguiente duda para sacarle un rendimiento económico: ¿es el arrendamiento una buena opción?

La respuesta, como en cualquier cuestión legal, requiere analizar diversos matices.

El arrendamiento es una buena opción siempre y cuando el inquilino pague la renta y sea cuidadoso con la vivienda. La principal preocupación de un propietario es precisamente no tener que enfrentarse a morosos y desahucios. Sin embargo, no se puede garantizar que esto no llegue a suceder. Aún haciendo una buena búsqueda no es fácil saber qué va a suceder con la persona elegida como arrendataria y además, con la precariedad actual del empleo, no siempre es suficiente comprobar que el inquilino tenga un trabajo en el momento de la firma del contrato.

Ante esta situación, ¿podemos adoptar alguna precaución a la hora de hacer el contrato?

Hay que partir del hecho de que la ley solamente exige al inquilino una fianza equivalente a una mensualidad de renta y que esta cantidad se destina a posibles desperfectos que puedan quedar en la vivienda una vez finalizado el contrato de arrendamiento, es decir, no está prevista para cubrir impagos de renta o gastos judiciales al margen de que, obviamente, para tal finalidad no alcanza dicha cantidad ni de lejos. Es por ello que hay que pensar en incorporar a través del contrato algunas garantías adicionales. Y en este campo hay varias alternativas posibles.

Una de ellas es exigir un aval bancario que cubra el importe de varias mensualidades y de los gastos judiciales en caso de desahucio por falta de pago de la renta, lo que le va a suponer un cierto coste al arrendatario..

Otra opción, si no se desea añadir estos gastos bancarios a la operación, es acordar dejar un dinero en depósito para cubrir posibles impagos. El depositario puede ser el propio arrendador.

Estas dos posibilidades no suelen ser bien recibidas normalmente por los candidatos a alquilar una vivienda bien por los gastos que implican o bien por la necesidad de tener que contar con un dinero de forma previa que va a quedar inmovilizado. Desde  el punto de vista del arrendador también hay que tener en cuenta que a más exigencias, menos inquilinos vamos a encontrar interesados en el alquiler.

Pero hay otra vía que resulta más fácil de conseguir. Consiste en exigir que firme el contrato además del inquilino un fiador solidario que responda de todas las obligaciones que se deriven del contrato en caso de incumplimiento. Obviamente hay que asegurarse de que el fiador sea solvente, pues en otro caso de poco sirve esta garantía adicional.

Por último, se puede contratar un seguro de arrendamientos que cubra posibles impagos y gastos judiciales. En este caso hay que estudiar la póliza con detalle y calcular su coste a la hora de pensar en la renta mensual que se quiera exigir.

 

 

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Día Mundial de la Bicicleta
19-04-2017 | 1:52 | 0

Hoy es el #DíaMundialDeLaBicicleta.
Pensar en una bicicleta es traer a nuestra memoria sabor a juegos, a deporte, a momentos compartidos, a carreras, a transporte alternativo sano y cero contaminante… pero también es preciso recordar que su uso, y el respeto a quienes la usan, está sujeto a importantes normas jurídicas.
De hecho el incumplimiento de algunas de estas normas deja en nuestras carreteras un importante número de ciclistas muertos o heridos cada año.
Son varias pero hoy vamos a recordar una de las que más accidentes genera si se incumple: la distancia y la forma de adelantamiento.
El artículo 85 del Reglamento General de Circulación lo deja muy claro.
Cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales o a vehículos de dos ruedas o de tracción animal, se debe realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar el adelantamiento y, en todo caso,dejando una separación lateral no inferior a 1,50 metros. Además queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario.
Si el adelantamiento se efectúe dentro de un poblado, el conductor del vehículo que va a adelantar tiene que dejar un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad y a la anchura y características de la calzada.
Si es el conductor de un vehículo de dos ruedas el que pretenda adelantar fuera de poblado a otro cualquiera lo hará de forma que entre aquél y las partes más salientes del vehículo que adelanta quede un espacio no inferior a 1,50 metros.
Es sencillo y fácil de aplicar. Se trata tan solo de ser correcto y paciente al volante. Cualquier actuación distinta no solo implica una infracción y la posible sanción correspondiente sino que pone en peligro vidas y eso, al final, es lo único que importa.
#abogados #bicicletas #seguridadeneltráfico
En la foto: Juan Nicieza.
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Una decisión siempre difícil…
17-04-2017 | 1:56 | 0

Cuando una persona padece algún tipo de enfermedad o limitación que le impide regir su vida y sus bienes es el momento de pensar en incapacitarla. Las circunstancias que pueden llevar a esta situación son muy variadas, una de las más comunes es que, como consecuencia de la edad, alguno de nuestros mayores padezca alzheimer, demencia senil… En todos estos casos, es muy importante dar los pasos legales para que esa persona esté atendida tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de la administración de sus bienes. Uno de esos pasos es la incapacitación y el consiguiente nombramiento de un tutor.

Para incapacitar a una persona se tiene que seguir un procedimiento judicial en el que esa persona actúa realmente como si fuera la parte demandada y puede presentar una defensa acreditando su capacidad en caso de que realmente continúe en situación de poder valerse por sí misma.

No puede instar la incapacitación cualquier persona solo puede hacerlo el propio incapaz o determinados familiares del mismo: su cónyuge o pareja de hecho, sus descendientes, sus ascendientes o sus hermanos. Ahora bien, cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de una persona que no pueda valerse por sí misma para que sea este organismo quien inicie los trámites y adopte las medidas adecuadas para protegerla.

Al procedimiento hay que aportar el conjunto de las pruebas, esencialmente médicas, que determinen la enfermedad y limitaciones del presunto incapaz. Se requiere además un dictamen pericial médico acordado por el juez quien, además, examinará personalmente a la persona que se pretende incapacitar. En la sentencia el juez determinará el grado de incapacidad de la persona y qué actos puede continuar realizando y cuáles no.

En el mismo procedimiento se puede plantear el nombramiento de un tutor que asume el cuidado personal y patrimonial de la persona incapacitada lo que implica el cumplimiento de diversas obligaciones además de estar controlada su gestión anualmente por el propio Juzgado.

No es una decisión fácil, ni los trámites son sencillos pero resulta imprescindible tomar este tipo de medida cuando alguien cercano a nosotros se encuentra en esta situación. En otro caso, podemos dejarla en una situación de desamparo que genere problemas más difíciles de solventar.

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¿Nos casamos?
12-04-2017 | 1:56 | 0

Aunque bodas se celebran a lo largo de todo el año, la primavera, el verano, el buen tiempo en general, favorece que este sea un tiempo elegido por muchas parejas para darse el “sí quiero” y, en consecuencia, es el momento en el que se acumulan los múltiples preparativos que una celebración de este tipo conlleva. Todos son importantes pero también es esencial pensar en aquellos que muchas veces se nos escapan: los legales.

Afortunadamente hoy por hoy contraer matrimonio es una decisión que se mueve en el plano emocional pero implica necesariamente consecuencias jurídicas. Entre esas consecuencias, sin duda el tema del régimen económico es uno de los asuntos que antes se hace presente, pues los futuros esposos deben decidir de qué forma van a enfocar la parte económica de su matrimonio.

En Asturias, a diferencia de otras autonomías que cuentan con un derecho foral propio, aplicamos el derecho común y por ello el régimen económico a falta de acuerdo en contra será el de gananciales. Simplificando al máximo (y a falta de muchos matices) podríamos decir que lo que ganen ambos cónyuges será común, siendo privativo de cada cual lo que hubieran adquirido antes del matrimonio y lo que adquieran por herencia o donación.

Para evitar la aplicación de este régimen es necesario acudir a una notaría y otorgar capitulaciones matrimoniales para pactar una separación de bienes, que es lo más habitual cuando se opta por dar este paso, aunque caben otras posibilidades  a la vista de las circunstancias de cada caso.

Dicho esto, que es muy sencillo, cabe preguntarse ¿y por qué las cuestiones económicas suelen traer problemas en el matrimonio? Por dos motivos principales: el primero, porque los cónyuges no suelen tener conocimiento suficiente de lo que significa elegir uno u otro régimen y tampoco son conscientes en muchas ocasiones de la importancia de esta cuestión, con lo cual no suelen documentarse y actúan muchas veces sin conocer sus derechos y sus obligaciones.

El segundo motivo es por falta de comunicación. A veces no resulta agradable poner encima de la mesa cuestiones tan mundanas en asuntos del corazón y, cuando alguien da el paso y saca tan temido asunto, puede herir sensibilidades que pueden terminar afectando a la relación.

Por ello el primer consejo que podemos dar en este asunto es romper el hielo y enfrentar el tema cuanto primero mejor del mismo modo que se analizan y se comentan el resto de preparativos del enlace. Informarse y como mínimo saber a qué atenerse si seguimos adelante sin hacer capitulaciones matrimoniales. Y si uno de los dos cree que hay que pactar, atreverse a hacer un planteamiento sincero y objetivo, respetuoso para ambas partes y suficientemente razonado. Puesto que hay que compartir una vida, no es recomendable comenzar con una venda en los ojos.

 

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